China intenta reconducir sus relaciones con España tras los golpes policiales a sus mafias

Las últimas operaciones policiales contra las mafias chinas asentadas en España habían provocado enormes tensiones con el gigante asiático. Pekín llegó a enviar a altos funcionarios de su Ejecutivo y movilizó a su embajada en Madrid para exigir explicaciones al Gobierno de Mariano Rajoy. Pero China ha optado finalmente por cambiar de estrategia y comenzar a colaborar con las Fuerzas de Seguridad españolas. El punto de inflexión ha sido la detención este martes, como adelantó El Confidencial, de 279 ciudadanos chinos que integraban una macrorred criminal que estafaba a compatriotas con falsas operaciones de inversión en activos financieros e inmobiliarios. China desplazó a más de medio centenar de agentes para colaborar con los 700 efectivos de Policía Nacional que participaron en el dispositivo.

No había precedentes de una operación conjunta de esa envergadura. Fuentes del Ministerio del Interior confirman a este diario el giro en las relaciones policiales con Pekín. El embajador de China en España quiso confirmar el deshielo acudiendo el mismo martes a la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, que estuvo presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El representante diplomático acudió acompañado de altos cargos policiales que se habían desplazado a España para la operación contra la trama que estafaba a sus nacionales. Y al día siguiente, agentes chinos participaron en la rueda de prensa que ofreció la Policía para anunciar el resultado de las actuaciones.

El entendimiento llega tras cuatro años de conflicto. Las autoridades chinas protestaron en octubre de 2012 por la operación Emperador de la Policía Nacional, la investigación dirigida por la Audiencia Nacional que desarticuló la trama de blanqueo, fraude y extorsión que encabezaba el empresario Gao Ping. La Fiscalía Anticorrupción lo acusó de liderar junto a otros compatriotas una red que llegó a lavar 1.200 millones de euros procedentes de delitos contra la Hacienda Pública, extorsiones y trata de personas, entre otras actividades.

Un mes después de las detenciones, aterrizó en Madrid una delegación del Ejecutivo de Pekín para pedir a los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores que relajaran la presión sobre los implicados en la trama. También mostraron su inquietud por los efectos negativos que el caso Emperador podía tener en la comunidad china asentada en España. Interpretaron la operación como un ataque a los intereses del país y a los negocios de sus expatriados.

China no ha tenido más remedio que cambiar de estrategia y tender la mano a las Fuerzas de Seguridad españolas para intercambiar información

El episodio se repitió en mayo de 2015 tras la operación Snake de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fueron detenidos 32 integrantes de una red por el presunto blanqueo de más de 300 millones de euros procedentes del contrabando de mercancías. Pero el momento de mayor tensión se vivió el pasado febrero, cuando la UCO arrestó a cinco directivos del banco chino ICBC por su presunta implicación en el lavado de hasta 90 millones de euros de tramas delictivas asiáticas. La Embajada china en Madrid denunció a Exteriores que sus compatriotas estaban sufriendo una persecución judicial y protestó por el tratamiento mediático que recibió ese nuevo golpe, bautizado como operación Sombra. A juicio de la delegación diplomática, el caso solo pretendía desacreditar al ICBC, el banco más grande del mundo. Pero el Ejecutivo del PP replicó que el dispositivo era el resultado de una investigación judicial independiente en la que el Gobierno no había tenido ninguna participación.

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Ante el fracaso de sus presiones, China no ha tenido más remedio que cambiar de estrategia y tender la mano a las Fuerzas de Seguridad españolas para intercambiar información y colaborar en sus operaciones. La primera consecuencia del nuevo clima es la operación de este martes. Más de 700 policías intervinieron en 'call centers' clandestinos de Madrid, Barcelona y Alicante para detener a 279 chinos que llamaban a compatriotas para venderles viviendas fantasma y ofrecerles inversiones seguras en depósitos trampa. Según fuentes cercanas a la operación, los policías españoles contaron con la ayuda de medio centenar de agentes chinos desplazados desde su país.

Aunque ha pedido ayuda a otros países de la UE, Grecia y España son los únicos con los que China ha colaborado para luchar contra tramas similares

La investigación también ha sido conjunta. La información fue aportada por las autoridades de Pekín, pero la fase final de las pesquisas fue desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) en colaboración con la Brigada de Extranjería y la de Policía Judicial de Madrid, entre otros departamentos de la Policía Nacional. En concreto, los especialistas de la UIT fueron los encargados de identificar las direcciones IP desde las que se realizaban las llamadas a China y de ese modo localizaron las viviendas unifamiliares que la mafia había convertido en 'call centers' ilegales.

China ha pedido ayuda a otros países de la Unión Europea para lucha contra tramas similares pero, hasta ahora, solo han colaborado Grecia y España. El dispositivo de esta semanas también ha requerido un enorme despliegue judicial. La Audiencia Nacional ha tenido que recurrir a cuatro jueces de instrucción, seis fiscales, seis letrados de administración de justicia, seis intérpretes y decenas de forenses, policías y funcionarios de Justicia para poder tramitar la extradición de los detenidos. La relaciones bilaterales con Pekín han entrado en una nueva fase.