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La Fiscalía pide que Puigdemont y sus 'consellers' paguen fianza
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también el cierre de las webs de voluntarios

La Fiscalía pide que Puigdemont y sus 'consellers' paguen fianza

El Ministerio Público registra sus dos querellas en los tribunales catalanes

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), su Gobierno, y el resto de los diputados celebran la aprobación de la ley del referéndum. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), su Gobierno, y el resto de los diputados celebran la aprobación de la ley del referéndum. (EFE)

La Fiscalía Superior de Cataluña ha solicitado que el presidente Carles Puigdemont y sus 'consellers' depositen una fianza, que no cuantifica, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de la comisión de delitos y recuerda que las partidas presupuestarias destinadas a gastos vinculados con el referéndum ascienden a 6,2 millones de euros. Precisa que deben tomarse todas aquellas medidas complementarias que sirvan para garantizar un futuro pago de posibles multas o indemnizaciones, lo que incluiría también el bloqueo de cuentas o embargo de propiedades, que queda al criterio del Tribunal Superior de Justicia Cataluña. A última hora de esta tarde este tribunal ha admitido a trámite las querellas presentadas.

Foto: El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y su esposa Helena Rakòsnik, en el acto institucional con motivo de la Diada. (EFE)
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El Ministerio Público también ha reclamado el cierre cautelar de las páginas webs promovidas por la Generalitat y destinadas a buscar voluntarios para el referéndum del 1 de octubre. Ha presentado este viernes las querellas que anunció contra el Govern y los miembros del Parlament que han promovido las norma de ruptura. En los escritos refleja otra petición cautelar y pide al juez que asuma la causa que remita nuevo apercibimiento a los alcaldes en los que se les indique que no pueden ceder ningún tipo de recurso personal o material, incluyendo los locales, para facilitar la consulta.

La Fiscalía se querella contra Puigdemont y todo el Govern

Solicita que se notifique a las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluyendo los Mossos, que deben adoptar las medidas necesarias para evitar la promoción, organización y celebración del referéndum. Por ello reclama que los agentes incauten cualquier efecto que pueda servir para votar: urnas, sobres electorales, papeletas, manuales de instrucción, impresos....Si es necesario, debe autorizarse la entrada y registro de domicilios y locales, agrega. La Fiscalía quiere que el magistrado avise a los medios de comunicación de que están obligados a impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional.

Foto: Urnas y papeletas preparadas en un colegio electoral durante la consulta de 2014. (AP)

La Fiscalía acusa a Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno de la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Si bien los dos primeros llevan aparejadas multas e inhabilitacion el tercero se pena con hasta 8 años de prisión. Recuerda que ninguno de los repetidos mandatos del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la consulta ha impedido que desde el Govern y los grupos parlamentarios independentistas "se siga insistiendo públicamente en mantener esta convocatoria". Recuerda que el decreto de convocatoria fue firmado "de puño y letra de todos ellos" en un acto que fue hecho público. Lo mismo sucedió con un segundo decreto, en este caso de "normas complementarias".

La Fiscalía Superior de Cataluña ha solicitado que el presidente Carles Puigdemont y sus 'consellers' depositen una fianza, que no cuantifica, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de la comisión de delitos y recuerda que las partidas presupuestarias destinadas a gastos vinculados con el referéndum ascienden a 6,2 millones de euros. Precisa que deben tomarse todas aquellas medidas complementarias que sirvan para garantizar un futuro pago de posibles multas o indemnizaciones, lo que incluiría también el bloqueo de cuentas o embargo de propiedades, que queda al criterio del Tribunal Superior de Justicia Cataluña. A última hora de esta tarde este tribunal ha admitido a trámite las querellas presentadas.

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