también el cierre de las webs de voluntarios

La Fiscalía pide que Puigdemont y sus 'consellers' paguen fianza

El Ministerio Público registra sus dos querellas en los tribunales catalanes

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), su Gobierno, y el resto de los diputados celebran la aprobación de la ley del referéndum. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), su Gobierno, y el resto de los diputados celebran la aprobación de la ley del referéndum. (EFE)

La Fiscalía Superior de Cataluña ha solicitado que el presidente Carles Puigdemont y sus 'consellers' depositen una fianza, que no cuantifica, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de la comisión de delitos y recuerda que las partidas presupuestarias destinadas a gastos vinculados con el referéndum ascienden a 6,2 millones de euros. Precisa que deben tomarse todas aquellas medidas complementarias que sirvan para garantizar un futuro pago de posibles multas o indemnizaciones, lo que incluiría también el bloqueo de cuentas o embargo de propiedades, que queda al criterio del Tribunal Superior de Justicia Cataluña. A última hora de esta tarde este tribunal ha admitido a trámite las querellas presentadas.

El Ministerio Público también ha reclamado el cierre cautelar de las páginas webs promovidas por la Generalitat y destinadas a buscar voluntarios para el referéndum del 1 de octubre. Ha presentado este viernes las querellas que anunció contra el Govern y los miembros del Parlament que han promovido las norma de ruptura. En los escritos refleja otra petición cautelar y pide al juez que asuma la causa que remita nuevo apercibimiento a los alcaldes en los que se les indique que no pueden ceder ningún tipo de recurso personal o material, incluyendo los locales, para facilitar la consulta.

La Fiscalía pide que Puigdemont y sus 'consellers' paguen fianza

Solicita que se notifique a las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluyendo los Mossos, que deben adoptar las medidas necesarias para evitar la promoción, organización y celebración del referéndum. Por ello reclama que los agentes incauten cualquier efecto que pueda servir para votar: urnas, sobres electorales, papeletas, manuales de instrucción, impresos....Si es necesario, debe autorizarse la entrada y registro de domicilios y locales, agrega. La Fiscalía quiere que el magistrado avise a los medios de comunicación de que están obligados a impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional.

La Fiscalía acusa a Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno de la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Si bien los dos primeros llevan aparejadas multas e inhabilitacion el tercero se pena con hasta 8 años de prisión. Recuerda que ninguno de los repetidos mandatos del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la consulta ha impedido que desde el Govern y los grupos parlamentarios independentistas "se siga insistiendo públicamente en mantener esta convocatoria". Recuerda que el decreto de convocatoria fue firmado "de puño y letra de todos ellos" en un acto que fue hecho público. Lo mismo sucedió con un segundo decreto, en este caso de "normas complementarias".

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