LOS SOCIALISTAS RECHAZAN EL RECURSO

Podemos llevará el CETA al Tribunal Constitucional, con o sin el apoyo del PSOE

El borrador del recurso en el que ya trabaja el partido considera que el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá contraviene hasta seis artículos de la Carta Magna

Foto: Los secretarios generales del PSOE, Pedro Sánchez (i), y de Podemos, Pablo Iglesias, durante el encuentro que mantuvieron esta semana en el Congreso. (EFE)
Los secretarios generales del PSOE, Pedro Sánchez (i), y de Podemos, Pablo Iglesias, durante el encuentro que mantuvieron esta semana en el Congreso. (EFE)

Unidos Podemos agotará todas las vías posibles para tratar de frenar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, que consideran inconstitucional y que este jueves ya fue aprobado en el Congreso con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. La pelota ahora está en el tejado del Senado, donde está prevista su ratificación el próximo 13 de julio. En la Cámara Alta se presentará un recurso previo de inconstitucionalidad, como ya se intentó en el Congreso, y ante la evidencia de que el pleno vuelva a rechazarlo y se apruebe definitivamente el tratado, Unidos Podemos dará el paso de elevar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Para presentar el recurso ante el TC son suficientes 50 diputados, pero desde el grupo confederal tratarán de revestirlo con el apoyo de otros grupos parlamentarios. Una puerta que los socialistas ya han cerrado, pues pese a reconocer ciertos indicios de inconstitucionalidad en algunos puntos, tienen dudas jurídicas a este respecto y descartan tanto acudir al TC como apoyar a Unidos Podemos en el trámite del control previo en el Senado, según fuentes de la dirección parlamentaria del PSOE.

El diputado y portavoz del área internacional de Podemos, Pablo Bustinduy, volvió a dirigirse ayer desde la tribuna del hemiciclo al PSOE para pedirle que se sume al recurso de inconstitucionalidad en el Senado, asegurando que no hay dudas sino certezas a este respecto. Su abstención, les afeó, “es insuficiente” para frenar un tratado que han calificado como un ataque a la soberanía nacional, que quedaría en manos de “poderes que nadie ha elegido”. Se sume o no el PSOE a esta cruzada contra el CETA, que secundan también los sindicatos UGT y CCOO, Bustinduy concluyó: “Vamos a seguir peleando para que este tratado no vea la luz”.

Más allá de las críticas al tratado por no salvaguardar derechos laborales, sociales o medioambientales, como también sostienen los socialistas, en lo referente a su inconstitucionalidad Podemos se centra en dos capítulos del tratado: el referente al Sistema de Tribunales de Inversiones (STI), el más polémico, y el que establece cómo la UE y Canadá organizarán los diferentes comités establecidos por el acuerdo y la naturaleza jurídica de sus decisiones. En total, según el borrador del recurso al que ha tenido acceso este diario, Unidos Podemos considera que el CETA contraviene seis artículos de la Carta Magna (9.3, 23, 24, 93, 117.5 y 119).

Se trata de los relacionados con el principio de unidad jurisdiccional (117.5), con el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales (24.1), así como al juez ordinario predeterminado por la ley (24.2), a la gratuidad de la justicia (119), la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3) o el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes electos.

En línea con lo defendido por las organizaciones sociales y sindicales que se oponen al CETA, desde Podemos ponen el foco en el capítulo ocho del tratado, que establece el mencionado STI (Sistema de Tribunales de Inversiones) para que “los inversores puedan resolver las diferencias con los gobiernos en materia de inversiones de manera rápida e imparcial”. Asimismo, entienden que confirma el derecho a regular en todos los niveles de la Administración.

El responsable de la secretaría para Europa y europarlamentario de Podemos, Miguel Urbán.
El responsable de la secretaría para Europa y europarlamentario de Podemos, Miguel Urbán.

El responsable de la secretaría para Europa y europarlamentario de Podemos, Miguel Urbán, apuntaba tras la ratificación del CETA en el Congreso una serie de consecuencias tanto económicas como jurídicas que menoscabarían la protección de los consumidores, la salud pública y el medio ambiente. El tratado también limitaría “la capacidad de gobiernos para regular los servicios públicos y revertir privatizaciones fallidas”, además de reducir puestos de trabajo: “La ganancia en ingresos iría a pocas manos y aumentaría la desigualdad”. Con todo, los servicios sanitarios y la educación han sido excluidos finalmente del acuerdo ante las reticencias generadas, además de mantenerse los estándares alimentarios de la UE, por lo que la carne canadiense tratada con hormonas no podrá importarse, como hasta ahora.

El eurodiputado de Podemos añade que el acuerdo, tal y como está redactado, “autorizaría a miles de empresas extranjeras a demandar a los países donde tienen pensado invertir o han invertido por medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta”. En este sentido, critica que establece "un sistema legal paralelo que autoriza a los inversores a eludir los tribunales".

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