acusación de anticorrupción contra equipo económico

La juez analiza los datos de 32 archivadores antes de citar al hermano de Montoro

El Juzgado 22 de Madrid acepta la denuncia por cuatro delitos pero estudia los papeles recabados por Anticorrupción

Foto: El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. (EFE)

El Juzgado de Instrucción 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda, y otros cuatro miembros de la consultora Equipo Económico a los que el Ministerio Público acusa de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación y falsificación de documentos. El magistrado ha dictado un auto en que acepta investigar los hechos, que también afectan a dos excargos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSC) y la propia consultora fundada por Cristóbal Montoro como persona jurídica, pero ha dilatado la decisión de citar a los querellados hasta valorar la documentación que sustenta la acusación del Ministerio Público, han informado a El Confidencial fuentes cercanas al caso.

El escrito de Anticorrupción se formula, en concreto, contra el hermano del ministro, el presidente de la consultora Ricardo Martínez Rico y el consejero y exdirector de gabinete de Montoro, Francisco de Asís Piedras. También figuran Mariano Ruiz, exdirector general de la Agencia Tributaria y Manuel de Vicente-Tutor, que ejerció como número dos de la Dirección General de Planificación y Programación del Ministerio. Por parte del CSC, la fiscal Carmen García Cerdá señala a su expresidente Manuel Teruel y la que fuera secretaria del órgano Carmen de Miguel, que fue secretaria de Estado de Empleo en la etapa como ministro de Eduardo Zaplana.

La juez encargada del caso esperará, antes de fijar fecha para interrogar a futuros imputados, a analizar el contenido de dos archivadores

La juez encargada del caso esperará, antes de fijar fecha para interrogar a futuros imputados, a analizar el contenido de dos archivadores que contienen las diligencias practicadas en la Fiscalía. Cuenta también con una treintena de carpetas que contienen la documentación recabada y aportada por la Fiscalía. El Ministerio Público defiende la necesidad de citar a los siete querellados y tomar declaración a tres testigos.

La fiscal argumenta a lo largo de 29 páginas que la consultora 'vendió' a las Cámaras de Comercio que sus influencias al más alto nivel en el Gobierno podían resolver los problemas de financiación que atravesaban en 2012. Los investigadores han detectado que el nombre del bufete fue esgrimido ante cargos del Ministerio de Economía para forzar la aprobación de una nueva ley que garantizase la entrada de fondos en la institución, según asegura en su querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Aprovecharon la crisis de las Cámaras

Los socios del bufete aprovecharon la difícil situación económica que atravesaban las cámaras tras la supresión en 2010 de su principal vía de entrada de efectivo. Se ofrecieron a la directiva del CSC para intentar resolverles este problema, y expusieron como garantía de éxito de sus gestiones sus posibilidades para forzar al Ministerio de Economía a aprobar una nueva normativa beneficiosa para la institución. Incidieron en que habían ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración y en su posibilidad “de interceder con altos cargos del Estado” para conseguir este objetivo. La elaboración de la ley ni siquiera estaba en los planes del Ejecutivo dada la crisis financiera y no se aprobó hasta dos años más tarde, en 2014.

A pesar de ello, la querella especifica que el expresidente del CSC Manuel Teruel mantuvo en febrero de 2012 “reuniones con distintos miembros del Gobierno a los que trasladó la inquietud de las Cámaras sobre su futuro" y que "conoció la voluntad política para desarrollar una nueva ley que abordase una reforma en profundidad”. Teruel ofreció al Consejo Superior de Cámaras la visión adulterada de que la redacción y aprobación del nuevo texto normativo dependía de la contratación de Equipo Económico, sugiere la Fiscalía, que explica en detalle cómo se urdió la trampa mediante la que se pretendía intervenir en la elaboración y propuesta de la nueva regulación, una función que no está atribuida a ninguna consultora.

Los socios del bufete aprovecharon la difícil situación que atravesaban las cámaras tras la supresión en 2010 de su vía de entrada de efectivo

El escrito detalla los primeros pasos del acuerdo ilícito y destaca que Equipo Económico ofreció sus servicios a Teruel y a la secretaria del organismo Carmen de Miguel. Ambas partes “se concertaron y planearon” disfrazar este servicio bajo la simulación de un mero contrato destinado al asesoramiento estratégico. El contrato fue adjudicado en 2012 de manera directa, sin respetar la legalidad, y a un precio fijado arbitrariamente, defiende la querella. Los responsables del CSC dotaron de forma fraudulenta a la adjudicación visos de legalidad y lo hicieron a pesar de “no haber recibido por parte del Ministerio de Economía ningún encargo formal para la elaboración de una ley”. Acordaron destinar en un inicio 216.000 euros de los fondos de la CSC a estos menesteres, saltándose el reglamento interno de la institución.

La consultora defiende, por su parte, la legalidad de aquel acuerdo que se abonó, según aseguran fuentes cercanas a Equipo Económico, con fondos de origen privado, lo que queda reflejado en los documentos que analiza la juez. Reprochan al Ministerio Público que se vincule con este asunto a Ricardo Montoro que, según su versión, no tuvo relación alguna con el asesoramiento a las Cámaras. Precisan que la acusación de Anticorrupción no se ajusta a la realidad y parece ejercida desde la mala fé procesal.

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