el dieselgate se estanca

La personación de cientos de afectados colapsa la investigación del caso Volkswagen

El Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional lleva meses tramitando las peticiones de los clientes de la firma alemana damnificados por el motor trucado

Foto: Vehículos Volkswagen. (Reuters)
Vehículos Volkswagen. (Reuters)

La tramitación de las peticiones de personación que gotean en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional desde hace meses está colapsando la investigación del caso Volkswagen, que apenas realiza avances significativos con motivo de esta lluvia de solicitudes que ocupa la mayor parte del tiempo que el magistrado Ismael Moreno dedica a este procedimiento, abierto en el alto tribunal el 30 de septiembre de 2015, tras la interposición de una querella presentada tres días antes por el malogrado sindicato Manos Limpias.

Tras la denuncia de esta última organización, se cuentan por decenas los perjudicados que han interpuesto su propia querella o han reclamado personarse en la causa como acusación. La Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por los Motores de Volkswagen, por ejemplo, puso su demanda el mismo día en el que el Juzgado número 2 incoó diligencias previas, el mencionado 30 de septiembre de 2015. En esa misma fecha tuvo entrada la denuncia de la Asociación del Defensor del Paciente contra Volkswagen y 15 días más tarde la de la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras. Tras ellas, se fueron añadiendo a la causa diferentes perjudicados.

Decenas de particulares, asociaciones de consumidores como Facua, No Abuso, Asgeco o agrupaciones locales (Cataluña, Aragón, Andalucía…) y ecologistas, como Coda o Los Verdes, fueron sumándose al procedimiento en forma de acusación con el visto bueno del magistrado hasta alcanzar un número masivo que ha ido construyendo un procedimiento que se pierde en las formas. Algunos reclamaron ostentar la dirección letrada de los personados, otros se opusieron porque querían ser ellos quienes dirigieran a los demás, varios protestaron por las fianzas y el juez tenía la obligación de trasladar todas las pretensiones a la Fiscalía y pronunciarse posteriormente sobre todo. Y mientras llegaban más requerimientos de afectados por los motores trucados que denunciaban a la firma alemana. Algunos, además, exponían nuevos argumentos para investigar por delitos añadidos, cosa que también debía ser objeto de resolución por parte del instructor.

En paralelo, los usuarios de la marca automovilística interponían denuncias en otros organismos diferentes a la Audiencia Nacional, como la Fiscalía de Medio Ambiente o juzgados locales, que inicialmente abrían diligencias y luego se inhibían a favor del alto tribunal y del ministerio público de este último con el consiguiente papeleo añadido. En total más de un millar de perjudicados se encuentran actualmente personados en la causa de los alrededor de 700.000 que la Fiscalía estima que fueron perjudicados por la trampa.

Esta enorme cantidad de damnificados –representados tanto por asociaciones como por particulares que ejercen su derecho individualmente– que se han ido adhiriendo al macroproceso ha conllevado una infinidad de papeleo estéril que únicamente ha servido para llenar folios y folios de meras formalidades que no han ayudado a avanzar la instrucción. Recursos a cuenta de qué asociación se hacía con la dirección letrada, enfrentamientos entre partes que tenían que dirimirse en el juzgado, peticiones de documentación, requerimientos y decenas de trámites formales que únicamente han servido para engordar un procedimiento ya de por sí farragoso y estirar en el tiempo la investigación.

Finalmente, a finales del pasado año el juez Moreno convocó a todas las partes para que comparecieran en la Audiencia Nacional con el propósito de pedirles que se organizaran y se unieran en torno a unas pocas representaciones procesales. Tras no pocas discrepancias, todos los perjudicados se unieron el pasado 20 de enero en torno a tres acusaciones, dirigidas cada una por dos abogados, organización aprobada por el instructor aunque recurrida también por algunos que se mostraron en desacuerdo.

La citación como investigada a la mercantil Volkswagen, la presentación de un informe elaborado por la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Policía Nacional, la incorporación de documentación presentada por la firma alemana y organimos oficiales o un continuo debate sobre la competencia del tribunal para juzgar los hechos son prácticamente las únicas diligencias desarrolladas, al margen de la tramitación de las citadas personaciones, que ha podido llevar a cabo el Juzgado en estos casi dos años de instrucción.

La solución en torno al problema de la personación masiva de cientos de afectados permitirá ahora previsiblemente tanto a la Fiscalía como al Juzgado y a las propias acusaciones centrarse en el caso de las emisiones contaminantes, en el trabajo policial realizado y en la labor llevada a cabo por organismos internacionales, que ahora deberá contrastarse en la Audiencia Nacional para sacar adelante la instrucción penal.

En paralelo a este macroproceso, juzgados de lo civil de toda España dirimen las reclamaciones que por esta otra vía presentan los consumidores con objeto de ser indemnizados económicamente. Por el momento, los diferentes tribunales han dictado ya media docena de sentencias a favor de la marca germana en este ámbito civil y tan solo una que condena a la multinacional. Esta última, recurrida ya por la representación letrada de Volkswagen ante la Audiencia Provincial de Valladolid, fue emitida el pasado octubre por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de la capital pucelana y determinó que la firma infringió sus "deberes de buena fe" y atentó contra "la confianza del consumidor" al introducir en algunos de sus vehículos diésel el mencionado 'software' que permitía vulnerar los límites medioambientales establecidos por la Unión Europea sin que lo detectaran los bancos de pruebas.

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