el congreso apoya LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

PP y PSOE defienden la ley que serviría al Gobierno para frenar el referéndum catalán

La ley de seguridad nacional faculta al Ejecutivo a dar órdenes directas a todos los funcionarios del Estado (incluidos policías autonómicos y locales) en casos de crisis

Foto: Una persona lleva una urna reivindicativa en apoyo al expresidente Artur Mas. (EFE)
Una persona lleva una urna reivindicativa en apoyo al expresidente Artur Mas. (EFE)

El Partido Popular y el PSOE, esta vez con el apoyo de Ciudadanos, han confirmado en el Congreso su apoyo a la ley de seguridad nacional aprobada en 2015 por acuerdo de las dos grandes formaciones constitucionalistas y que faculta al Ejecutivo a dar órdenes directas a todos los funcionarios del Estado (incluidos policías autonómicos y locales) en casos determinados de emergencia para la seguridad de los ciudadanos o de peligro para el ordenamiento constitucional.

La comisión mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional ha sido el escenario de la confesión de parte de los representantes de los dos partidos independentistas catalanes, ERC y PDeCAT, que piden la derogación de la citada ley desde que entró en vigor. Como explicó en la Cámara el senador Bernat Picornell, del partido de Oriol Junqueras, su grupo teme que sea utilizada "para garantizar el orden constitucional" y que el Gobierno se atreva a dar instrucciones a los mossos, "a una policía que no es la suya".

La ley de seguridad nacional fue fruto de uno de los grandes acuerdos entre populares y socialistas de la última legislatura útil, un proyecto del Gobierno enmendado a fondo por el PSOE con José Enrique Serrano, ex jefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, como portavoz. Establece una fase inferior a la declaración de alarma o excepción, pero de emergencia, para situaciones críticas ante las cuales el Ejecutivo, con tutela de Las Cortes, amplía sus facultades. Desde La Moncloa se pueden dictar órdenes directas a todos los ámbitos de la Administración, incluso recabar medios privados, en caso de peligro para la seguridad o las libertades de los ciudadanos.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al vicepresidente, Oriol Junqueras. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al vicepresidente, Oriol Junqueras. (EFE)

El Gobierno y los socialistas negaron que la nueva ley estuviera pensada precisamente para frenar las amenazas de invasión de competencias, funciones o locales anunciadas por los secesionistas en Cataluña; pero la Generalitat se dio por aludida desde el principio y recurrió ante el Tribunal Constitucional en tiempos de Artur Mas. El TC certificó el encaje legal de la nueva normativa en noviembre del pasado año.

ERC ha vuelto a la carga contra la ley de seguridad nacional en la comisión parlamentaria correspondiente por la vía de presentar una proposición no de ley para exigir su derogación. Los representantes de los demás grupos se limitaron a fijar su posición, los constitucionalistas en contra y los independentistas a favor, pero sin entrar en el debate sobre la aplicación del texto. El portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, ni se explicó. "Nos vamos a abstener", dijo lacónicamente.

El portavoz de los socialistas, el 'susanista' Juan Carlos Raffo, calificó de "pérdida de tiempo" la iniciativa de ERC, recordó que la ley en cuestión fue redactada en buena parte por su grupo y que con ella sólo se pretende "proteger los derechos y libertades de todos los españoles". Por el PP, Ana Vázquez destacó que es "una ley de consenso" y plenamente constitucional. En la votación final la proposición de ERC fue rechazada por 27 votos (PP, PSOE, Ciudadanos y UPN) frente a 3 (2 independentistas catalanes y PNV). Los 5 diputados y senadores de Podemos se abstuvieron como había anunciado Mayoral.

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