y enric millo como delegado del gobierno

Santamaría elige a un dirigente del PP aragonés para enfrentarse a la Generalitat

El secreto mejor guardado del Gobierno se ha desvelado: Sáenz de Santamaría confía en el que fuera mano derecha de Rudi en Aragón para afrontar el reto catalán

Foto: Roberto Bermúdez de Castro, elegido para la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales. (EFE)
Roberto Bermúdez de Castro, elegido para la Secretaría de Estado de Administraciones Territoriales. (EFE)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha elegido a un dirigente autonómico de su partido, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro, para dirigir la nueva secretaría de Estado de Administraciones Territoriales, clave en el organigrama del Ejecutivo para afrontar el reto separatista en Cataluña. Además, y para reforzar el equipo gubernamental en ese área, se producirá el relevo al frente de la Delegación del Gobierno en Cataluña: el hasta ahora diputado regional del PP Enric Millo sucederá a María de los Llanos de Luna.

Bermúdez y Millo son los nombramientos de mayor calado político acometidos en el Consejo de Ministros. El ex diputado de las Cortes de Aragón, mano derecha de Luisa Fernanda Rudi, ocupará un cargo que nace de la escisión de la antigua secretaría de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda. La vicepresidenta se quedó con la parte más "política", las relaciones con las Comunidades autónomas, con el encargo de Rajoy de encauzar la reforma de la financiación autonómica y lidiar con el secesionismo de la Generalitat catalana.

Bermúdez de Castro (Huesca, 1971), amigo personal de Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de Luisa Fernanda Rudi hasta 2015 y ha desempeñado diferentes cargos en el PP, donde es en la actualidad miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular y coordinador adjunto a la presidencia del PP de Aragón. El hasta ahora portavoz del PP en las Cortes de Aragón formalizó esta misma mañana su renuncia al cargo de diputado regional en el Parlamento autonómico.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. (Efe)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. (Efe)

Como consejero autonómico y en la práctica vicepresidente del gobierno aragonés, Bermúdez conoce a fondo el funcionamiento de una administración autonómica desde su propia base económica y presupuestaria. El PP ganó las últimas elecciones regionales, pero la alianza del PSOE con todo el bloque de izquierdas (Podemos, CHA e IU) dio la presidencia al socialista Javier Lambán.

Además de la figura de Bermúdez de Castro, desde Presidencia del Gobierno se quiere reforzar la negociación con Cataluña con el relevo de la actual delegada del Gobierno. Para ese cargo se propondrá a Enric Millo, actual diputado regional del PP en el Parlament. Moncloa quiere una cara nueva en la delegación tras cuatro años de Llanos de Luna, a la que se considera "quemada" tras un periodo muy duro con la Generalitat. Ahora, Millo -que procede originalmente de las filas de Unió y es un representante de la burguesía regional- tendrá un papel preponderante en los próximos meses.

Fotografía de archivo de Enric Millo.
Fotografía de archivo de Enric Millo.

Desde el 2010 ha sido portavoz del grupo parlamentario a las órdenes primero de Alícia Sánchez Camacho y en la actual legislatura, bajo el mando de Xavier García Albiol. Millo, economista experto en Turismo y profesor de la UOC, fue uno de los conseguidores del acuerdo de CiU con el PP para aprobar los presupuestos de 2011 en la primera legislatura con Artur Mas de presidente.

La LOMCE, al TC

Aparte de los nombramientos, el Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional los proyectos de ley que la oposición ha llevado al Congreso y que conllevan aumento de gasto público o pérdida de ingreso. Como adelantó El Confidencial, el primer paso será pedir a la Mesa de la Cámara que revoque sus iniciativas para derogar la LOMCE porque conllevaría la pérdida automática de 615 millones de euros que iba a aportar la Unión Europea para su implantación.

 

 

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