Los peritos analizarán los correos de Casaus antes de que el juez decida si imputa a Mafo

Los dos peritos designados por el juez Fernando Andreu en el caso Bankia analizarán los correos enviados a sus superiores por el inspector del Banco de España empotrado en la sucesora de Caja Madrid, José Antonio Casaus, en los que, en fechas previas a la salida de la entidad a bolsa, la calificaba de "inviable" y consideraba que su debut busátil solo sería el paso previo a su nacionalización. Esos mensajes han desvirtuado la posición del supervisor en la causa, ya que, desde que los peritos concluyeron que las cuentas del banco habían sido falseadas, ha librado una dura batalla para desacreditarlos, al mantener que los estados contables —que daban beneficios— eran correctos, pese a que meses después tuvieron que ser reformulados para recoger enormes pérdidas. El juez tiene pendiente decidir sobre la imputación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del actual subgobernador, Fernando Restoy, solicitada por la acusación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Además de esos correos, los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras estudiarán el informe pericial enviado por Deloitte al juzgado, en el que se mantiene, en contra del criterio de aquellos, que las cuentas estaban bien formuladas y que Bankia contaba con suficientes provisiones para hacer frente a los imprevistos que pudieran llegarle en el futuro. También, que su socio auditor en la entidad, Francisco Celma, hizo bien su trabajo, al dar por buenos los números con los que el banco llegaba a los mercados.

Pero son las comunicaciones internas entre sus inspectores y, sobre todo, 'los emails' de Casaus los que han dado un vuelco al caso y han puesto el foco sobre el papel del Banco de España. Son sus mensajes los que, según la acusación de la CIC, dirigida por el exlíder de UPYD Andrés Herzog, han dejado en evidencia al supervisior. Porque en contra de lo mantenido por algunos de sus cargos en julio ante el juez —cuando dibujaron una buena situación de Bankia antes de enfrentarse a los mercados—, demuestran que el inspector avisó al actual director adjunto de supervisión y exjefe de grupo a cargo de la supervisión de BFA-Bankia en aquellos días, Pedro Comín, de que el banco era inviable y de la excesiva morosidad de sus deudores. También le advertía de que BFA, la matriz de Bankia, estaba quebrada, que parte de la quiebra la tendrían que pagar los preferentistas y que BFA tendría que ser nacionalizada con un rescate de unos 15.000 millones.

Lo previsible es que Busquets y Sánchez Nogueras, que no han modificado un ápice su criterio desde el 4 de diciembre de 2014 —cuando entregaron sus primeros informes, en los que concluyeron que las cuentas de Bankia estaban falseadas y que, por tanto, la entidad salió a bolsa apoyada en engaños—, consideren ratificados su análisis por el contenido de estas comunicaciones. Tras esos dos primeros documentos remitidos al juzgado, el instructor les pidió que dieran de nuevo su parecer, tras analizar las críticas vertidas contra ellos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

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"Ratificamos las conclusiones de nuestros informes de 4 de diciembre de 2014. Reiteramos que todos los estados financieros de BFA y Bankia, desde su constitución hasta la reformulación, incumplían la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de la situación económico financiera de dichas entidades", apuntaba Busquets en su nuevo documento, entregado en la Audiencia Nacional el pasado marzo. Sánchez Nogueras, por su parte, atacaba el informe pericial presentado por el FROB, en el que se cargaba contra el criterio defendido por él y su compañero, al asegurar que carecía del "rigor técnico exigible en este ámbito penal".

En sus primeras conclusiones de diciembre de 2014, los peritos también pusieron en el punto de mira a Deloitte, y más concretamente a su socio Francisco Celma, imputado en el caso por haber avalado las cuentas de Bankia supuestamente falseadas. Ahora, Busquets y Sánchez Nogueras tendrán que estudiar también el informe presentado por la auditora el pasado septiembre, adelantado por 'eldiario.es', en el que consideran el punto de vista de aquellos "inconsistente y ausente de rigor metodológico". Además, les reprochaba que no tuvieran en cuenta la segunda recesión que, según Deloitte, se produjo entre la presentación de las cuentas iniciales, en febrero de 2012, y su reformulación, el 25 de mayo de 2012.

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Como hizo Celma en su declaración como imputado ante Andreu, el informe de Deloitte insiste en escudarse en el supervisor y el regulador. "Los ajustes realizados eran conocidos y fueron revisados tanto por el Banco de España como por la CNMV que, en ningún momento, pusieron de manifiesto la menor objeción", manifestaba el documento. La conclusión de los peritos de que las cuentas de 2011 no reflejaban la imagen fiel de la entidad se basa, según la auditora, "en premisas equivocadas, en significativos errores conceptuales y metodológicos y en evidentes sesgos, lo que les conduce a proponer ajustes erróneos, contrarios a la normativa que resulta de aplicación y, además, contradictorios entre sí".

Con esos nuevos documentos aportados a la causa, Busquets y Sánchez Nogueras tendrán que decidir si ratifican sus conclusiones iniciales o las modifican teniendo en cuenta las revelaciones de los correos de Casaus y el contenido del informe de Deloitte, entre otros informes aportados por las partes en los últimos meses a la causa.

La nueva petición a los peritos se produce cuando está sobre la mesa la nueva petición de imputación del exgobernador del Banco de España durante la salida a bolsa de Bankia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y la del exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y actual subgobernador, Fernando Restoy, presentada en el juzgado por la CIC el miércoles de la semana pasada. El escrito, basado en las comunicaciones internas del supervisor, asegura que estas "demuestran el perfecto y cabal conocimiento" que "la jefatura" del supervisor tenía "sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a bolsa de la entidad".

El documento, además de esos dos nombres, incluye también el del exsubgobernador Javier Arístegui y el de los cargos del banco central que declararon el pasado julio ante el juez: el exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello; su sucesor, Mariano Herrera; Pedro González, director del departamento de Cajas de Ahorro, y Pedro Comín, el que era jefe de los supervisores de Bankia al tiempo de su debut bursátil. Todos ellos manifestaron bajo juramento que la situación de Bankia no era tan grave como mostraron después sus cuentas reformuladas y defendieron las iniciales, las que los peritos consideran falsas.

El juez ya ha dado traslado del escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá decidir si apoya o no la petición de Herzog. Tanto el juez como la Sala de lo Penal ya rechazaron su anterior solicitud. Pero entonces no se conocían los mensajes internos del Banco de España sobre la verdadera situación de la entidad ni los correos de Casaus. Las nuevas revelaciones y la tardanza del supervisor en aportarlas al caso, que ha generado un evidente malestar en la Audiencia, podrían jugar en su contra.