el mayor rescate bancario

Deloitte acepta "un posible error" en su actuación en Bankia, pero descarta el dolo

Envía un escrito al juez Andreu en el que asegura que no existió concertación entre su socio Francisco Celma y los directivos del banco para estafar a los inversores que compraron sus acciones

Foto: Fachada de una de las sedes de Deloitte. (Reuters)
Fachada de una de las sedes de Deloitte. (Reuters)

Francisco Celma, el socio de Deloitte encargado de auditar las cuentas de Bankia, pudo cometer un error en la interpretación o aplicación de la normativa contable al darlas por buenas antes de la salida a Bolsa de la entidad, pero en ningún caso su conducta podría considerarse dolosa. Así lo explica el propio Celma en el escrito que envió el pasado 24 de octubre al instructor del caso Bankia, Fernando Andreu. Celma rechaza que cooperara con los responsables de Bankia para estafar a los inversores que compraron sus acciones con una información que, supuestamente, no reflejaba la imagen fiel de la entidad y vuelve a cargar contra la sanción de 12 millones que le impuso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente de Economía, por contabilizar su labor como auditor de Bankia con otros servicios contratados con la entidad, lo que, según ese organismo, afectó a su independencia.

En su escrito, Celma asegura que "aunque quisiera darse por supuesto que las repetidas cuentas [las previas a la salida a Bolsa que luego tuvieron que ser reformuladas dando enormes pérdidas] no reflejaban la imagen fiel de Bankia, ello podría a lo más implicar un error [del propio Celma] en la interpretación o aplicación de la normativa contable", pero nada más. En ningún caso podría haberse dado "una conducta dolosa por su parte". Y para afirmarlo, se basa en las declaraciones como testigos de varios inspectores del Banco de España el pasado mes de julio en las que defendieron esas cuentas. Incluso la de José Antonio Casaus, el inspector empotrado en Bankia que aseguró que, en aquel momento, consideraba "inviable" la entidad y auguró el rescate si salía a Bolsa, como así ocurrió. Según Celma, Casaus manifestó ante el juez que "aquel juicio prospectivo" es "totalmente diferente del juicio del auditor", el que habría hecho Celma.

Las comunicaciones internas sobre Bankia que los funcionarios del Banco de España -los que declararon ante el juez en julio- mantuvieron en los meses previos a la oferta de adquisición de acciones demostraron el pasado septiembre que, pese a la imagen optimista que dibujaron ante el juez, la mala situación de la entidad era patente para el supervisor al momento de formular las cuentas con las que se produjo su debut bursátil, cuentas que, según los peritos judiciales designados por Andreu (también inspectores del Banco de España) fueron falseadas. Sin embargo, Celma considera que "de ningún modo cabe concebir que todos los referios funcionarios hayan formado parte de una conspiración dolosa" en la que también el estuviera implicado, "para permitir que Bankia saliera a Bolsa con unas cuentas objetivamente falsas".

También se refiere a la sanción de 12 millones que le impuso el ICAC. En ese expediente sancionador, según Celma, "el ICAC no solo no ha afirmado en ningún momento que las cuentas de la saldia a Bolsa de Bankia no reflejaran la imagen fiel de la entidad, sino que ha calificado la infracción de las normas contables [supuestamente cometida por el auditor] como grave y no como infracción muy grave, como sin duda lo habría hecho de consdierar que Celma hubiera infringido dichas normas dolosamente". Además, el escrito asegura que la sanción se ha recurrido y que los trabajos que la provocaron fueron encargados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante su declaración como imputado del pasado 20 de julio, Celma mantuvo una posición mucho más dura y cargó con todo su peso contra los peritos designados por el juez, que consideran falseadas las cuentas de Bankia. Les acusó de se ser subjetivos e inconsistentes así como de ignorar las provisiones genéricas con las que contaba la entidad al tiempo de salir a Bolsa (de unos 3.000 millones de euros, según su versión). También les acusó de cambiar de criterio a lo largo del procedimiento y, lo que es más grave, de inventarse una normativa contable "que no es la emitida por el Banco de España". Además, aseguró que sus informes adolecen de "sesgo retrospectivo", es decir, que han analizado los hechos utilizando información posterior no conocida en el momento en que se produjeron.

 

 

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