Juicio al pederasta: 10 horas reuniendo pruebas sin juez cuestionan la labor policial

Cristóbal Sitjar, el abogado de Antonio Ortiz, ha centrado su estrategia de defensa durante la quinta sesión del juicio contra el supuesto pederasta de Ciudad Lineal en destacar la ausencia de la letrada de la administración de justicia (antes denominada secretaria judicial) y del propio detenido en el registro de la vivienda de la calle Santa Virgilia, donde presuntamente se cometieron las agresiones a las niñas. Los agentes de Policía Científica estuvieron 10 horas dentro del inmueble el 25 de septiembre de 2014 recopilando vestigios y pruebas que pueden ser fundamentales para condenar a Ortiz mientras la mencionada letrada y el acusado permanecían en el rellano del piso junto a los funcionarios de Policía Judicial que custodiaban al arrestado.

Entre las 9.30 y las 19.30 horas, Ortiz, la secretaria judicial y el resto de la comitiva esperaron a que los de Policía Científica concluyeran su trabajo para acceder al inmueble. Una vez que terminaron, de hecho, ya entraron los miembros de la Policía Judicial para recopilar otro tipo de pruebas, como dispositivos electrónicos o ropa, esta vez acompañados en todo momento del detenido y de la letrada, que representa al juez sobre el terreno.

Para subrayar esta línea, el abogado de Ortiz ha preguntado uno a uno a los agentes que estuvieron en el rellano si en todo momento estuvo junto a ellos el arrestado y la secretaria judicial, a lo que los policías han respondido afirmativamente. "Nosotros esperamos fuera, en el descansillo, con el detenido y los funcionarios que le custodiaban y todos", ha explicado una de las agentes interrogadas. "Entramos en Santa Virgilia sobre las 19 horas, antes estuvimos en el descansillo, con Ortiz y la letrada de la administración", ha indicado otro de los interpelados.

"Accedimos a la casa de Santa Virgilia detrás de Policía Científica; en ese momento la secretaria judicial estaba fuera, también la fiscal y el detenido", aseguró un tercer agente, quien además indicó que los que entraron después siguieron "el criterio que marcó el responsable de la unidad" de Policía Científica. "Entiendo que tiene su protocolo", apuntó el mismo funcionario a preguntas de la defensa.

El coordinador de la investigación, el responsable del Servicio de Atención a la Familia de la Jefatura Superior de Policía de Madrid defendió durante la tercera sesión del juicio el pasado jueves el trabajo realizado por sus compañeros de Policía Científica y argumentó que cumplieron con el protocolo habitual. Aún no han declarado ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que presidente el juicio, los funcionarios de Policía Científica.

Las dudas sobre la legalidad del trabajo de Policía Científica ya fueron puestas sobre la mesa por el letrado de la defensa el pasado abril, cuando el abogado pidió la nulidad del proceso judicial en su escrito de conclusiones provisionales previo a la finalización de la fase de instrucción. La defensa del procesado argumentó que la Policía Científica accedió a la vivienda sin ser acompañada por la secretaria judicial, encargada de velar por la legalidad durante la recogida de pruebas, durante el registro de la vivienda de Santa Virgilia, como según el abogado exige el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también obliga a que se encuentre presente el detenido y el fiscal.

Tras el auto judicial del 23 de septiembre que ordenaba la diligencia, reflejó el letrado en el mencionado escrito de acusación, se constituyó la comisión judicial a las 9:30 del día 25, pero "ni la secretaria judicial ni el detenido ni el representante del Ministerio Fiscal" pudieron acceder hasta las 19:40. Entre las 9:30 y las 19:40 sí entró en el domicilio la Policía Científica, afirmó el escrito de defensa. La petición de nulidad, sin embargo, no será resuelta hasta que la Audiencia Provincial emita su sentencia, dada la fase procesal en la que se solicitaba, justo antes de que el tribunal fijara la fecha del juicio oral, que está teniendo lugar estos días.

Durante los dos primeros días de la vista prestaron testimonio las cuatro niñas agredidas. Lo hicieron a través de una grabación que se había instaurado como prueba reconstituida con el fin de no hacer pasar a las pequeñas por el trance de un nueva comparecencia, como impone la ley, que llevara a otra revictimización. El acusado se acogió a su derecho a no declarar tanto a las preguntas planteadas por su defensa como a las de la acusación. "No voy a contestar a ninguna pregunta" fueron las únicas palabras que se han escuchado hasta el momento por boca de Ortiz en el marco del juicio en el que la Fiscalía reclama 77 años de prisión por las cuatro agresiones.

El coordinador de la investigación, por su parte, realizó un detallado relato de cómo se produjeron las pesquisas, testimonio que respaldaron con aún más precisión los jefes de los dos grupos que conforman el Servicio de Atención a la Familia de la Jefatura de Policía de Madrid y que indagaron los hechos desde que el 24 de septiembre de 2013 tuvieron conocimiento de la primera agresión. Un año después, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) detenía a Antonio Ortiz en Santander.