Rato sostiene que su tarjeta de Bankia no era de libre disposición sino fijada a su nómina

Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia desde junio de 2011 hasta mayo de 2012, declaró el 20 de febrero de 2015 en la Audiencia Nacional que cuando Rodrigo Rato le entregó su tarjeta 'black'en febrero de 2012 con un límite de 75.000 euros anuales, le dijo que no iba a usarla "porque la consideraba una mala praxis bancaria" y que no la necesitaba para nada, al contar con otra para los gastos de representación que le originara su trabajo. Este martes, durante la cuarta jornada del juicio por el uso de esos medios de pago opacos, el expresidente de la entidad Rodrigo Rato ha mantenido, sin embargo, que la tarjeta de Verdú —al igual que la que se concedió a sí mismo y las que entregó al exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj y al exvicepresidente y exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella— era, en realidad, como la de cualquier otro ciudadano. No suponían un incremento retributivo o un incentivo, sino que estaban ligadas a sus nóminas, a sus salarios.

En su declaración ante el instructor del caso, Fernando Andreu, Verdú aseguró que, en los 30 años que llevaba trabajando en diferentes bancos, nunca se había encontrado con una retribución como esa. Verdú afirmó entonces que durante su paso por el Banco de Vizcaya, el BBV, Argentaria y la Banca March, siempre había tenido una tarjeta para gastos de representación, para los que tenía que presentar las correspondientes facturas. También aseguró que la que le ofrecía Rato tenía un límite anual de 76.000 euros para gastarlos en lo que estimara conveniente. Esa cantidad se sumaría a los 600.000 euros anuales —la mitad de lo inicialmente estipulado en su contrato con Bankia— a los que había limitado el Gobierno el sueldo de los banqueros.

Este martes, sin embargo, Rato ha negado que esas tarjetas, cuya creación él mismo ordenó, fueran un incentivo o un "complemento retributivo". Solo tuvo este caracter la que recibió al acceder a la presidencia de Caja Madrid antes de la fusión que dio lugar a Bankia. Porque, según su declaración, a partir de ese momento, las tarjetas que ordenó crear para él y los otros tres directivos eran sobre su salario. "No era un gasto que fuera a pesar sobre el banco", ha asegurado a preguntas del fiscal, Alejandro Luzón. Cuando el representante de Anticorrupción le ha preguntado por qué esas tarjetas se emitieron "con la mayor urgencia posible" y que si lo que se buscaba con esa rapidez era eludir el decreto que limitaba los sueldos de los banqueros, Rato ha asegurado que no tenía ninguna intención "de romper ningún tipo de limitación legal". "Se trataba de un instrumento de liquidez y me venía bien", ha dicho.

Ha sido en ese momento cuando Luzón ha evidenciado la contradicción y ha sacado a relucir la conversación que Verdú mantuvo con él para explicarle que se trataba de una "mala praxis".

—Verdú no usó esa tarjeta, ¿le dijo a usted por qué? —ha preguntado el fiscal.

—Verdú la cogió, pero no la utilizó. Si la hubiera rechazado yo lo hubiera sabido. Si no la quiso utilizar, sus razones tendría —ha contestado Rato.

—¿No le dijo Verdú que no la iba usar porque no estaba en su contrato y porque, por su oficio bancario, entendía que no era propio de una buena práctica? —ha insistido Luzón.

—Si me hubiera dicho eso, tampoco lo hubiera consentido. Era un colaborador muy próximo con una corresponsabilidad muy grande. No me hizo ninguna observación.

Después, el representante de Anticorrupción le ha preguntado si la "cancelación apresurada" de estos medios de pago se debió al interés de que los nuevos responsables de Bankia tras la intervención, en mayo de 2012, es decir, el equipo liderado por José Ignacio Goirigolzarri, no los detectaran. Rato lo ha negado y ha asegurado que "una de las peculiaridades de las tarjetas es que no se borra su huella". "No veo ninguna intención de ningún tipo", ha añadido.

Tras ello, a preguntas de su abogado, Ignacio Ayala, ha asegurado que al abandonar la presidencia y recibir su finiquito, estaba seguro de que sus gastos con la tarjeta se habían incluido 'neteados'. Sin embargo, en 2014, Bankia se los reclamó y él los devolvió. "Me dijeron que mis gastos de 2011 no estaban bien soportados. No quería ningún problema, así que lo ingresé en la cuenta que me indicaron", ha declarado.

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EC/Agencias

La estrategia del expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar ha sido diferenciar claramente entre las tarjetas que él repartió y las que ya existían y él mismo recibió a su llegada a la presidencia de Caja Madrid en enero de 2010. En esta primera etapa al frente de la entidad, su discurso ha sido muy similar al de su antecesor, Miguel Blesa: que la existencia de esos "incentivos" o "complementos retributivos" era una práctica o una tradición en la entidad que se remontaba a la presidencia de Jaime Terceiro y que ningún órgano de la caja ni ninguna institución externa —Banco de España, Hacienda, CNMV— le avisó en ningún momento de su supuesta irregularidad.

Así, ha asegurado que, aunque no supo nada durante su presidencia, durante la instrucción del caso tuvo conocimiento de que la cuenta en la que estaban reflejados los gastos de esas tarjetas "había sido objeto de sucesivas inspecciones fiscales". "La inspección preguntaba a menudo, aceptaba unos gastos y no otros", ha afirmado. Y lo mismo con el supervisor. "Había presencia constante del Banco de España. Tenía dos reuniones semanales con los responsables de contabilidad de la caja y luego [tras la fusión] del banco", ha añadido.

Luzón le ha preguntado también por qué se siguió con ese sistema tras la fusión que dio lugar al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia. Rato ha asegurado que, en un primer momento, cada una de las siete cajas que lo confirmaron siguieron con sus propios sistemas retributivos y, por tanto, Caja Madrid continuó con sus tarjetas para consejeros y directivos.

Rato ha declarado durante unas dos horas, pero solo ha contestado a las preguntas del fiscal y de su abogado defensor. El Ministerio Público pide una pena de cuatro años de cárcel contra él por un delito continuado de apropiación indebida al perpetuar las tarjetas 'black' de Caja Madrid y emitir nuevas tarjetas de este tipo tras la fusión que dio lugar a Bankia.