Las 'tarjetas black' se quedaban cortas: sus dueños pedían hasta 240.000 euros

Las 'tarjetas black' no eran suficientes. Un informe aportado porBankia ha desvelado que los límites de gasto de éstas se quedaban cortos y que las peticiones para elevar los umbrales de gasto mensual eran continuas, con solicitudes de hasta 240.000 euros.

Estos correos electrónicos, que se han presentado en el juicio contra los usuarios de tarjetas opacas y a los cuales ha tenido acceso Efe, fueron intercambiados entre departamentos internos de control de tarjetas, y al que de forma recurrente se dirigía el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, que era el que gestionaba las solicitudes, además de pedir más capacidad de gasto también para sí mismo.

Cada titular de una de estas tarjetas contaba con un límite de gasto mensual propio que oscilaba entre 3.000 y 8.000 euros, y que en determinadas épocas del año, particularmente en Navidades y durante el mes de agosto, resultaban insuficientes.

Entre los que más a menudo pidieron ampliar el límite de gasto destacan Matías Amat, mano derecha del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y Mercedes de la Merced, concejala del Ayuntamiento de Madrid ya fallecida. El que sí se sienta en el banquillo para responder sobre el uso de estas tarjetas es Matías Amat, que en agosto de 2006 pidió que el límite de su tarjeta pasara de 40.000 a 60.000 euros, y dos años después, en enero de 2008, solicitó una ampliación de gasto de hasta 35.500 euros. Supuestamente gastó en total 431.068 euros.

En todos los casos las peticiones fueron atendidas, y en los correos electrónicos figuran también incidencias, problemas para operar, extravío y robo, lo normal cuando se gestionan tarjetas de crédito, o reclamaciones sobre bloqueo de las tarjetas porque se quedaban sin saldo, y de ahí la necesidad de ampliarlo.

El exconsejero Mariano Pérez Claver pidió elevar el límite mensual de su tarjeta hasta 30.000 euros en enero de 2006; un año después, en 2007, solicitó un aumento de 9.000 euros, que sumados a los 18.000 que ya tenía autorizados situaban el umbral de gasto en 27.000 euros.

El que fuera director general de Banca Comercial de Caja Madrid Ramón Ferraz Ricarte pidió en diciembre de 2006 poder desembolsar 1.000 euros diarios con la tarjeta, petición que fue atendida. Y el propio expresidente de la entidad Miguel Blesa pidió por el mismo conducto, con la mediación de Sánchez Barcoj, subir hasta 24.000 euros el gasto con su tarjeta durante los meses de abril y mayo de 2006.

La documentación aportada por Bankia, entregada el pasado viernes, antes de que comenzara el juicio, ha recibido el rechazo frontal de las defensas, que en la exposición de las cuestiones previas han pedido que no sea tenida en cuenta, pues causa indefensión a los acusados.

Entre estos documentos figura también la petición para que se emitieran tarjetas "business" a nombre del entonces presidente de la entidad Rodrigo Rato, de su mano derecha y exdirector general Ildefonso Sánchez Barcoj, del exconsejero y exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella, y del consejero delegado, Francisco Verdú -que nunca hizo uso de ella y que declarará en el juicio como testigo-.

El fiscal justifica la divulgación de correos

El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, ha justificado la divulgación de correos electrónicos que contenían información privada de usuarios de tarjetas opacas por las fundadas sospechas de que estos habían cometido irregularidades.

Durante la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, el fiscal ha destacado que la investigación llevada a cabo por Bankia estaba justificada "máxime cuando se trataba de una entidad que había recibido una importante inyección de ayudas públicas".

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Ello hacía indispensable conocer el contenido de esos correos, intercambiados entre departamentos internos de la caja y que contenían información particular de los usuarios. No obstante, en su opinión, estos correos, que fueron aportados por Bankia, son de "una absoluta irrelevancia" y no aportan nada a la investigación, ha dicho Luzón, como tampoco lo hace un informe pericial elaborado por la consultora KPMG que presuntamente demostraría que las tarjetas no contaban con soporte legal.