Granados empezó a llevarse dinero a Suiza a los 16 días de llegar a la alcaldía de Valdemoro

El expolítico Francisco Granados y el empresario David Marjaliza son sin duda los dos principales protagonistas de la trama Púnica. Ambos tejieron una red de contactos, influencias e intereses que desembocó en un complejo entramado societario. En un completo informe de 270 páginas, fechado el 3 de febrero de 2016 y desconocido hasta la fecha, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla cómo los dos amigos de juventud se enriquecieron gracias a uno de los mayores pelotazos urbanísticos perpetrados en España. La operación se produjo en Valdemoro, epicentro del caso, donde Granados inició su carrera política antes de ser fichado por Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid. Un pelotazo valorado en 709 millones de euros, con plusvalías que alcanzan el 74.420%, y que propició que Granados abriera su primera cuenta en el extranjero solo 16 días después de llegar por primera vez a la alcaldía el 20 de julio de 1999.

La UCO señala en el inicio del informe que, entre julio de 1999 y noviembre de 2003, Granados "planificó y confeccionó un nuevo plan urbanístico para el municipio. El devenir de la investigación ha puesto de manifiesto que las directrices de trazado y ampliaciones del nuevo plan fueron acordadas por Granados en connivencia con los empresarios del sector inmobiliario David Marjaliza y Ramiro Cid [también imputado]. De este modo, los intereses económicos del entorno societario de estos constructores resultaron profusamente beneficiados con las clasificaciones y recalificaciones de parcelas, llegando a estar incluso presentes estos en las reuniones de planeamiento urbanístico".

El objetivo era claro. Utilizar la política para hacer negocios. Granados decidió revisar el plan urbanístico de Valdemoro "para la capitalización de dicho planeamiento a favor propio, reservándose para sí determinadas contraprestaciones en forma de comisiones y participaciones societarias en el entramado empresarial beneficiado". Según declaró el propio Marjaliza ante el juez Eloy Velasco, fue Granados quien les convocó a él y a Ramiro Cid para informarles de la revisión urbanística y de las "oportunidades existentes en esta operación y su interés en participar del beneficio que podría obtener por estos negocios". Dicho y hecho. "Esta Unidad de Investigación ha podido evidenciar que más de 1,12 millones de metros cuadrados de suelo rústico en el municipio de Valdemoro perteneciente a empresas vinculadas a los empresarios investigados fueron clasificados mediante la aprobación del nuevo plan como urbano".

La UCO revela que este plan orquestado generó unas plusvalías que supusieron para los citados empresarios "un incremento patrimonial conjunto estimado en 709 millones de euros". La revalorización del suelo, "decisión que tuvo un carácter político", alcanzó más de 550 euros el metro cuadrado, señala la Guardia Civil. Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, el suelo rústico en Madrid sin expectativas urbanísticas "adquirió un valor de mercado medio comprendido entre los 0,67 y 0,99 euros el metro cuadrado en el periodo 2003 a 2010". Según Fomento, entre esos años, "el suelo reclasificado y urbanizable en el municipio de Valdemoro alcanzó un valor de mercado sin urbanizar de entre 293,48 y 942,2 euros el metro cuadrado". La UCO también destaca que este plan fue completado por el sucesor de Granados en la alcaldía, José Miguel Moreno (también imputado). Moreno obedeció las instrucciones de su mentor político, Granados, que ya había 'emigrado' a la Comunidad, incorporando nuevo suelo urbanizable al municipio en mayo de 2004. Los investigadores destacan que Marjaliza y Cid también "se beneficiaron de la adjudicación concertada de suelo público para la construcción de vivienda de protección oficial, para lo que tenían que pagar el correspondiente peaje político en forma de comisión en efectivo".

1,33 millones en comisiones cuando era alcalde

El 'regalo' a sus amigos constructores tuvo retorno. Entre 1999 y 2003, el alcalde Granados ingresó en metálico en sus cuentas suizas 1,33 millones de euros, cantidad que alcanzó 1,68 millones en 2005, ya en el Gobierno regional de Aguirre. El informe de la UCO señala que el dinero en negro que consiguió Granados mediante esas transacciones realizadas con testaferros fue evadido por el exdirigente del PP mediante "operativas de compensación" con total opacidad y desvinculación formal de las cuentas bancarias españolas en las que realmente figuraba su nombre. Gracias a la ayuda de los agentes de BNP Paribas Michael Trevor Langdon y Fabienne Guignard.

Para ocultar los beneficios, Granados, Marjaliza y Ramiro Cid constituyeron la empresa Servicios Patrimoniales de Obras y Vías. Cada uno con el 33%. Granados ocultó su participación en esta firma a través de otra, Ayjopen Consulting, administrada por María José Marijuán, esposa de Ignacio Palacios (amigo y jefe de Gabinete de Granados). Ayjopen fue constituida 10 días antes de la salida de Granados de la alcaldía, en noviembre de 2013. ¿Cómo repatriaba Granados su dinero suizo sin despertar las alarmas? Ayjopen vendió acciones a las empresas de Marjaliza y Cid con sustanciosas plusvalías que sumaron 900.000 euros, "que a juicio policial constituirían la patrimonialización de la participación de Granados en las mencionadas empresas". Marijuán y Palacios están imputados por la Audiencia Nacional.

El documento policial también describe que el presunto cerebro de Púnica empezó a mover esos fondos en 2007 para tratar de blanquearlos y dificultar su localización. Según declararon Trevor y Guignard, Granados temía que su cuenta suiza "pudiera ser descubierta por las autoridades españolas" en un momento en el que formaba parte del Gobierno de Esperanza Aguirre. Para impedirlo, transfirió 1,67 millones de euros a una cuenta en el banco UBS que su amigo Marjaliza controlaba a través de la sociedad 'offshore' Droz & Co SA.

Los investigadores han concluido que, en agosto de 2007, Granados realizó el último movimiento para tratar de repatriar a España todos los fondos que envió a Suiza. Solo días después de transferir 1,67 millones de euros a Marjaliza, el exdirigente del PP le vendió al constructor cuatro parcelas en Valdemoro por un total de 1,55 millones de euros, un precio muy superior al real. "Mediante esta ingeniosa operativa, el excargo público pudo disponer en nuestro país de los fondos de origen injustificado que tenía depositados en Suiza con total impunidad y opacidad, instrumentalizando para ello la infraestructura societaria internacional del constructor", señala el informe de la UCO. "Tal fue la seguridad jurídica con la que se desarrolló la sofisticada operación que el matrimonio Granados-Alarcón declaró ante la AEAT la operación en el año 2007 sin levantar sospecha alguna".