Hacienda confirma las irregularidades de Acuamed y FCC que investiga el juez Velasco

Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha confirmado que Acuamed trató de pagar indebidamente a FCC 37 millones de euros en las obras de descontaminación del pantano de Flix (Tarragona). Se trata de la misma cantidad que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga en el caso de la sociedad pública dependiente del Ministerio de Agricultura y que, según las pesquisas judiciales, se trató de justificar mediante "certificaciones de trabajos no realizados" en "expedientes paralelos creados para cobrar por conceptos extraordinarios que no estaban en el proyecto". En el informe, Acuamed señala a su exdirectora de Ingeniería y Construcción, Gabriela Mañueco, y al director de la obra, Pablo Martín -ambos encarcelados- como las personas que bendijeron esos pagos que, finalmente, no se abonaron.

El informe, redactado con posterioridad a que estallara la Operación Frontino en la que fueron detenidos el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, la propia Mañueco, Martín y varios directivos de contratistas de obra pública, refleja que esos trabajos no constaban "en el proyecto aprobado" ni estaban previstos en el contrato de obra firmado por Acuamed con la constructora. Tal y como acredita Velasco en su investigación, para que le fueran abonados, FCC reclamó "la tramitación de un modificado" del proyecto o la firma "de un contrato nuevo que recogiera aquellos trabajos". El importe total reclamado por la contratista ascendió a 36,8 millones de euros, un 27,53% sobre el presupuesto inicialmente aprobado para la obra.

La IGAE asegura en el documento que la empresa pública llegó a presentar el gasto al Ministerio de Agricultura -del que depende- para su convalidación aunque a la fecha de su elaboración, aún no había sido aprobado por el consejo de administración de Acuamed. En un informe presentado a los inspectores por la dirección de esta sociedad estatal, que no estaba firmado, se asegura que fueron Mañueco y Martín, ambos en prisión incondicional, los que reconocieron "la necesidad de la realización" de las obras que FCC aseguraba haber ejecutado "a pesar de no venir contempladas en el proyecto original", tal y como recoge el informe de la IGAE.

Acuamed aseguró a los técnicos de la IGAE que los trabajos teóricamente realizados por FCC fuera del proyecto estaban justificados mediante facturas. Pero el organismo fiscalizador afirma que esos justificantes, cuando fueron solicitados por los auditores, no se pudieron aportar "por su inexistencia en su departamento de Contabilidad" y en la aplicación informática en la que debieron recogerse. Según dijo Acuamed a la IGAE, esas facturas, "que acreditarían tanto la naturaleza de los trabajos como su realización" se las llevó la Guardia Civil al registrar la sede de la sociedad estatal al desatarse la operación policial, el pasado 18 de enero.

Una reclamación ilegal

Según la investigación del juez Velasco, la reclamación de FCC a Acuamed de 30 millones de euros fue ilegal. Los ténicos que habrían tenido que aprobarla se negaron a ello y algunos fueron destituidos por ello, pero los directivos de Acuamed detenidos la apoyaron. Mientras que para el juez el mecanismo elegido para el pago consistía en alterar las certificaciones o justificarlo "en expedientes paralelos", según la IGAE se barajó la idea de un modificado del proyecto o un nuevo contrato de obra. La única finalidad de esos supuestos enjuagues era compensar a FCC "siguiendo instrucciones emanadas desde la superioridad" lo que, de haberse consumado, habría causado un perjuicio al Estado de 40 millones de euros, según el instructor.

Esa compensación, según Velasco, habría sido acordada por la adjudicataria y altos cargos del Ministerio de Agricultura "a muy alto nivel" y se consignó en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, según la investigación judicial. El mismo gasto, aunque reducido a dos partidas de 8 y 14 millones de euros, se recogió en los Presupuestos de 2016. Según el Ministerio de Agricultura, esas cantidades nunca fueron abonadas a FCC.

Aparte de la descontaminación del embalse de Flix, el caso Acuamed investiga otras obras de la empresa pública en la que se produjeron sobrecostes o se trataron de alterar concursos públicos para su adjudicación. Como las desaladoras del Bajo Almanzora (Almería), de Torrevieja y de Campello-Mutxamel (Alicante), la presa de avenida de Rambla Gallinera y del río Serpis, en Valencia, y las conducciones de la desalinizadora de Aguilas hacia el Cerro Colorado (Murcia), entre otras. El juez aprecia los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y fraude a la administración.