operación frontino

Fiscalía cree que Acuamed le envió informes manipulados antes de las detenciones

Anticorrupción sospecha que la sociedad dependiente de Agricultura manipuló la documentación que le requirió tras conocer las denuncias de amaños y facturas infladas de varios trabajadores

Foto: Sede de la empresa pública Acuamed. (Reuters)
Sede de la empresa pública Acuamed. (Reuters)

Acuamed, la sociedad pública dependiente de Agricultura en que varios de sus principales directivos han sido encarcelados por la trama de contratos amañados y facturas infladas destapada en la operación Frontino, habría falsificado los documentos que envió a Anticorrupción a requerimiento de esa fiscalía antes de que estallara el caso. El Ministerio Público, que solicitó toda la documentación administrativa sobre cinco de las obras de ese organismo, sospecha que los papeles que le facilitaron no son los oficiales y fueron manipulados o elaborados 'ad hoc' para trata de ocultar información, según fuentes de la investigación. De confirmarlo, la nómina de delitos atribuidos a sus responsables -malversación, prevaricación, fraude a la Administración, cohecho, falsedad y organización criminal- podría crecer todavía más.

Anticorrupción se puso en contacto en dos ocasiones con Acuamed antes de que estallara el caso. La primera, el 19 de septiembre de 2014, cinco meses después de que su exdirector de Infraestructuras Francisco Valiente denunciara ante esa fiscalía las irregularidades de las que había sido testigo y que había tratado de comunicar sin éxito a sus superiores. Esa actitud solo le valió el despido como personal de confianza de Acuamed, según la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

En esa petición de información, enviada al presidente de Acuamed, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos (que dimitió de su último cargo como subsecretario de Presidencia a raíz de su implicación en el escándalo), se solicitaba toda la documentación administrativa sobre cinco obras. El requerimiento apuntaba directamente al corazón de la trama corrupta de modificados irreales, y certificaciones y liquidaciones de obra infladas, que describe el instructor en sus resoluciones.

Una de esas obras era la desaladora del Bajo Almanzora (Almería). El fiscal reclamaba a Acuamed el contrato con la adjudicataria (FCC y Abengoa), la documentación sobre los modificados, las memorias y propuestas técnicas que dieron lugar a estos modificados, el expediente administrativo completo, las certificaciones emitidas… Esa obra fue la que destapó los supuestos sobrecostes que se quisieron pagar a FCC y la supuesta compensación pactada con esa empresa por altos cargos del ministerio a la que apunta el juez.

También se pedía documentación de otras obras investigadas por Velasco, como la mejora de la cuenca de Rambla Gallinera, en Valencia, la red de abastecimiento para los municipios de Campello y Mutxamel (Alicante), la desaladora de Carboneras (Almería) o las obras en la cuenca media del río Serpis, también en la Comunidad Valenciana.

Acuamed, por medio de su entonces director general, el ahora encarcelado Arcadio Mateo, envió al fiscal la documentación cuya veracidad se pone ahora en duda. Junto a ella, Mateo añadió un escrito en el que solicitaba aclaraciones sobre varios de los informes que le reclamaban. En concreto, quería saber exactamente a qué se refería Anticorrupción con la “memoria resumen de actuación” de la desaladora del Bajo Almanzora y la “documentación contable-administrativa” sobre esa misma instalación.

Anticorrupción volvió a escribir a Acuamed, esta vez a la atención de Arcadio Mateo, el 14 de octubre de 2014, para aclarar esas cuestiones. En concreto, sobre la memoria, explicaba que se trataba de “un documento interno donde se relacionan todos los hitos significativos de la obra (replanteo, modificados, recepción, liquidación, entrega de la obra para su puesta en funcionamiento, etc.)”. Ese informe, según fiscalía, serviría “para que el órgano máximo de administración pueda efectuar el seguimiento de las actuaciones emprendidas con independencia del grado de ejecución en que se encuentren”.

En cuanto a la “documentación contable-administrativa”, el escrito, firmado por la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, explica que se trata de “un documento contable interno con información del seguimiento presupuestario y contable de la actuación”. Ese papel debía contener “las certificaciones de obra emitidas, la liquidación de la obra, la determinación de las desviaciones y, en su caso, las liquidaciones adicionales a consignar por dichas desviaciones”. El objetivo de Anticorrupción era conocer de primera mano si, efectivamente, habían sido infladas como mantenía el denunciante.

Esos requerimientos de documentación tan concretos, según relató el juez Velasco en su auto del pasado 20 de enero, no fueron suficientes para paralizar las actividades irregulares de la trama ahora desarticulada. El instructor relató en su resolución que tras esas peticiones de documentación de la fiscalía, las compensaciones supuestamente irregulares a FCC fueron incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016.

Agricultura asegura que, a pesar de esas peticiones de documentación, nadie en el ministerio fue consciente de esas actuaciones presuntamente delictivas. Y asegura que tanto la secretaria del consejo, la abogada del Estado Isabel Bonelli, como el director del gabinete jurídico de Acuamed, Javier Moya, aseguraron que “no se apreciaron consecuencias jurídicas de relevancia” ante el consejo de administración de la empresa pública.

Sin embargo, el abogado del Estado coordinador de la asistencia jurídica a Acuamed, Pablo Fernández, sí había detectado esas consecuencias. Fernández informó por correo electrónico a la empresa de que, si le pedían un informe sobre las compensaciones irregulares a FCC que investiga el juez, este sería desfavorable. Además, tras escuchar el relato del denunciante del caso, Francisco Valiente, pocos días antes de que lo despidieran, le aconsejó que fuera a Fiscalía a denunciar el caso.

Por último, el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, admitió el lunes a la Cadena Ser que conocía las denuncias de otra de las trabajadoras despedidas por negarse a actuar de forma ilegal. Días antes, había negado conocer nada relacionado sobre el asunto.

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