después de que lo pidiera la fiscalía

La jueza imputa a Ignacio González y Enrique Cerezo por el caso del ático de Estepona

El Juzgado número 5 de la localidad malagueña sigue el criterio de Anticorrupción y arguye que la grabación del expresidente madrileño con dos comisarios da un giro a la investigación

Foto: Vista de la urbanización donde se encuentra el ático de Ignacio González. (EFE)
Vista de la urbanización donde se encuentra el ático de Ignacio González. (EFE)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha imputado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a su mujer, Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el marco del caso que investiga el ático que adquirió el exjefe del Ejecutivo regional en Estepona. Considera que las últimas pruebas aportadas a la causa son suficientes para investigar a los tres por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

La titular del Juzgado, Isabel Conejo, ha citado a los tres el próximo 18 de abril para que declaren en calidad de investigados después de que así se lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción de Málaga el pasado 23 de febrero. El Ministerio Público consideró “pertinente continuar con la investigación” a la luz de las últimas “grabaciones de ciertas conversaciones” aportadas a la causa. La Guardia Civil remitirá al juzgado las grabaciones en las que supuestamente Ignacio González intenta parar la investigación para que sean escuchadas durante la sesión. 

En estas, el expresidente madrileño mostraba en 2011 a un comisario su interés por que no continuaran las diligencias policiales del ático.Tras escucharlas, oír en declaración a quien las grabó -el comisario José Villarejo- y comprobar su veracidad en sede judicial, la Fiscalía decidió dar un paso al frente. Según el departamento dirigido por Juan Carlos López Caballero, en los audios “se atribuyen al señor González hechos que, de ser ciertos, podrían integrar delitos de cohecho y blanqueo de capitales”.

La jueza imputa a Ignacio González y Enrique Cerezo por el caso del ático de Estepona

La conversación entre Villarejo y González, a la que también asistió otro comisario, tuvo lugar el 29 de noviembre de 2011 a las 11 de la mañana en la madrileña cafetería La Mallorquina. Los policías informaron al entonces vicepresidente del Gobierno regional de que en el marco del caso Gürtel un confidente había revelado que González disfrutaba de un ático que no pagaba él, sino una sociedad radicada en Delaware. “Si sale… eso es lo que yo no quiero”, indicó el apelado a los comisarios, quienes le indicaron que todo se acabaría en el momento en que él entregara los recibos.

La jueza Conejo, en su auto de imputación, también requiere al comisario Villarejo que aporte el dispositivo técnico con el que grabó la controvertida conversación, los elementos auxiliares (cables de conexión, baterías, fuente de alimentación) y el soporte en el que fue almacenado el diálogo, con el fin de que sea analizado por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Málaga, que deberá además sacar de estas herramientas las conversaciones originales.

El Juzgado da curso de este modo a la petición de la Fiscalía, que había recordado en su escrito de petición de imputación que aún estaba pendiente comprobar la veracidad de los soportes de la grabación. Ordena al mismo tiempo que un perito realice una tasación del ático a fecha de 2008, que fue cuando lo adquirió Coast Investor, y en 2012, cuando pasó a manos de González y Cavero. También pide investigar el patrimonio de González, Cavero y la mencionada mercantil.

El Ministerio Público rechazó que el Juzgado 5 de Estepona se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional, por entender que “no resulta acreditada la vinculación” entre los hechos que se investigan en Málaga y los que indaga el Juzgado Central 5 en el marco del caso Gürtel. El Sindicato Unificado de Policía argumentó que en ambos casos se utilizaban las mismas entidades instrumentales para constituir las sociedades de las que escondían la titularidad.

La Fiscalía también pidió emitir una nueva comisión rogatoria internacional a las autoridades de Panamá para que estas identifiquen a los beneficiarios de la entidad Walford Overseas Investments, a sus representantes y administradores y localicen los movimientos de sus cuentas bancarias. También reclamó otra comisión rogatoria para obtener la misma información de Dulcan y Winsley, que podrían estar detrás de Walford, y recordó que el Reino Unido aún no ha respondido a los requerimientos realizados el pasado noviembre.

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