Dos guardias civiles: “Ignacio González tenía interés en espiar a Gallardón y Cifuentes"

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid ha servido este viernes para enseñar las cloacas en las que a veces se ha movido la política madrileña como pez en el agua. "Nos dijeron que Ignacio González tenía especial interés en los seguimientos"; "todo esto es un montaje escrito por la presunta corrupción política"; "a mí me dijeron que ellos venían aquí a cazar a Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González porque eran unos chorizos". Con estas contundentes frases, José Manuel Pinto Serrano, Antonio Coronado Martínez y José Oreja Sánchez han intentado explicar una enrevesada historia que mezcla supuestos seguimientos a políticos, papeles falsificados, robos de ordenadores, envidias, chantajes, montajes, venganzas y sobre todo una feroz lucha por el poder político.

Tal y como habían pedido, Coronado y Oreja (guardias civiles) y Pinto (técnico de seguridad destinado actualmente en la consejería de Políticas Sociales) comparecieron este viernes en la comisión de investigación que ha puesto en marcha la Asamblea de Madrid. A veces de una manera bastante compleja, porque el asunto lo es, Coronado, Oreja y Pinto intentaron arrojar un poco de luz en un tema que lleva ya siete años judicializado. Los tres están imputados en el juzgado de instrucción número 5 de Madrid junto a otras tres personas: José Luis Caro Vinagre (otro guardia civil, amigo personal de Francisco Granados) y los dos jefes de todos ellos: Sergio Gamón Serrano (ex director general de Seguridad que antes fue escolta de Aguirre) y Miguel Castaño Grande (policía nacional y exsubdirector de Seguridad).

Oreja y Coronado, guardias civiles, establecieron un relato con graves acusaciones. "Somos unas víctimas de un guerra entre políticos presuntamente corruptos". Ambos aseguran que todo empezó para ellos en marzo de 2008, cuando su jefe Gamón les dijo que "Ignacio González tenía especial interés en hacer seguimientos a determinadas personas, entre las que estaban Alberto Ruiz-Gallardón, Alfredo Prada, Manuel Cobo, Cristina Cifuentes, el que era presidente de Arpegio, y los entonces alcaldes de Getafe y Fuenlabrada" (los socialistas Pedro Castro y Manuel Robles). Lo mismo que Oreja y Coronado ya han declarado en sede judicial y que ya contaron a El Confidencial.

"Aquello no era legal. Y lo denunciamos al consejero Granados", en teoría, el jefe directo de Gamón. "Empezó entonces un infierno, un calvario, un sufrimiento, nuestro periplo de adversidades. Gamón nos obligó a ir a ciertos lugares y a rellenar ciertos partes que no decían nada, que en algunos casos se rellenaban con la agenda pública de los políticos y en otros con cosas inventadas". Coronado lo deja claro: "nosotros no hemos espiado ni hemos hecho seguimientos. Íbamos donde nos decían. Nos dimos cuenta entonces que Granados no mandaba sobre Gamón. Hicimos notas vacías de contenido por rellenar. Nos convertimos en un problema porque no acatamos órdenes ilegales y nos preconstituyeron un montaje".

"Gamón habló de objetivos. Avisamos a Granados de que era un delito. Sufrimos entonces un acoso laboral que duró tres meses y medio. Nos mandaban a determinados lugares para que los posicionamientos telefónicos de nuestros móviles coincidieran con esos emplazamientos. Y luego nos obligaron a hacer unos papeles que no tenían ningún contenido y sobre los que sí escribió Miguel Castaño. Gran parte de estos papeles eran falsos", señaló Oreja. "Luego se filtró el montaje a la prensa y nos acusaron de hacer los seguimientos y a Pinto, que es inocente, de rellenar los partes".

"Víctimas del sistema"

Oreja y Coronado han descrito una novela negra y quisieron explicar los antecedentes de toda esta historia. "Con el paso de los años hemos entendido todo. Esto se encuadra en una guerra entres dos políticos enfrentados: Ignacio González y Francisco Granados". Ambos están convencidos de que ya había un sistema de espionaje en la Comunidad de Madrid antes de que ellos llegaran. "Somos víctimas del sistema. No nos necesitaban a nosotros para espiar. Pero como nos negamos nos fabricaron un montaje. Hay grabaciones comprometedoras en la que Granados reconoce que es un montaje, que el juez no quiere aportar al caso. Aquí lo organizaron todo Sergio Gamón y Miguel Castaño para dar cuenta a Esperanza Aguirre. Lo dicen las grabaciones".

Son muchos los personajes que han aparecido este viernes en lo relatado en la Asamblea. Sergio Gamón, amigo de Esperanza Aguirre, fue el elegido para llevar la Dirección General de Seguridad, una dirección a la que se opuso el consejero de Interior de entonces, Alfredo Prada. "A Gamón le pagaron los servicios prestados. Porque Gamón y un grupo ya se dedicaban a hacer investigaciones al margen de la ley cuando estaban en la Policía al servicio de la Comunidad de Madrid. Es lo que se ha publicado".

Gamón llega al Gobierno regional y en marzo de 2008 se produce la famosa reunión en la que pide a sus seis subalternos, tres policías nacionales y tres guardias civiles (entre ellos Oreja y Coronado), que realicen los seguimientos. Ellos se niegan y lo denuncian internamente. Pero Gamón debe dimitir porque se produce el famoso robo del ordendor en el Campus de la Justicia a un colaborador de Alfredo Prada. Gamón es recolocado en otro área y lo sustituye el comisario Enrique Barón, íntimo de González. Oreja, Sanchez y Pinto están convencidos de que Gamón les fabricó el montaje y Barón lo filtró a la prensa. "No necesitaban de nosotros para espiar, pero nos lo pidieron para implicarnos en un montaje, ocultar sus acciones y filtrarlo a la prensa", señala Oreja, que ha recalcado que ellos se han comido todo el marrón mientras que los tres policías nacionales, amigos de Gamón, se han ido de rositas y nadie les ha imputado.

El primero en declarar fue Pinto, que soltó una frase lapidaria: el espionaje entre políticos es "un modus operandi en la Comunidad de Madrid que se lleva utilizando muchos años". José Manuel Pinto, el más confuso de todos en su intervención, ha querido relacionar todo este caso con que "Ignacio González tenía que ser presidente de Caja Madrid sí o sí". Pinto asegura que en una reunión "Pedro Agudo [policía nacional que fue segundo de Barón] de dijo que "él venía aquí a cazar a Aguirre, Granados y González porque eran unos chorizos". Pero Pinto está convencido de que era un trampa para grabarle porque ya estaban fabricando el montaje para imputarles.

"No les quepa ninguna duda de que voy a llegar hasta el final", concluyó José Oreja a los diputados. El caso sigue en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid debe decidir ahora el recurso que han presentado los tres, ya que la jueza les ha rechazado varias pruebas. Entre ellas, la imputación de González por ordenar los seguimientos y de Granados por conocerlos y no hacer nada por denunciarlos (delito de omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución). También han pedido la declaración de varios testigos y que se aporten a la causa varias grabaciones que consideran "claves" para entender el caso. La primera la publicó el diario 'El Mundo' en febrero de 2015. En ella se puede oír a Granados aconsejando a los tres imputados qué es lo que tenían que decir ante el juez. La segunda también la publicó 'El Mundo' en el mismo mes. En ella se oye a un alto cargo de la Comunidad de Madrid ofreciendo al abogado de uno de imputados (en nónima del Gobierno regional) doblarle el sueldo a su cliente a cambio de su silencio.