La Fiscalía investiga si la Generalitat prestó ficheros con "datos personales" para el 9-N

La Fiscalía quiere comprobar si la Generalitat de Cataluña prestó ficheros públicos para la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. El Ministerio Público ha presentado un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que investiga la causa, en el que se solicitan nuevas diligencias, entre ellas que se averigüe si el Gobierno catalán puso a disposición de los organizadores de la convocatoria, prohibida por el Constitucional, los programas informáticos necesarios para ponerla en marcha.

La causa se sigue en el Tribunal Superior porque los querellados -el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau- están aforados a ese órgano. La querella, presentada pocos días después de la consulta, considera que el Gobierno catalán prestó apoyo al 9-N a pesar de la resolución del Constitucional que anuló la votación.

El escrito de la fiscalía pone el foco en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, el organismo que, supuestamente, "proporcionó las plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos esenciales para que la votación pudiera tener lugar". Además, con las nuevas diligencias solicitadas, el Ministerio Público trata de determinar si durante la consulta se usaron "ficheros públicos" con "datos personales" de los ciudadanos.

Contratistas tecnológicas de la Generalitat

Nada más presentarse la querella, también a propuesta del fiscal, el tribunal solicitó multitud de documentación a las empresas privadas que prestan servicios tecnológicos al Ejecutivo catalán. Según el Ministerio Público, de esos documentos se desprende que en los contratos firmados por el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat con esas contratistas, "se encargó el desarrollo de instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación", según un comunicado enviado por la Fiscalía General del Estado..

Con las diligencias solicitadas, según ese mismo comunicado, se trata de establecer hasta qué punto la Administración catalana mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.