Uno de los jefes de ETA procesados por lesa humanidad sale de prisión en una semana

Uno de los cinco dirigentes de ETA procesados por lesa humanidad por la Audiencia Nacional, Aitor Elizarán Aguilar, será excarcelado por las autoridades francesas en las próximas dos semanas, cuando cumple definitivamente su condena. La Policía gala trasladará previsiblemente entonces al exjefe de la organización terrorista hasta la frontera con España, pues existe una orden de expulsión de territorio francés que será ejecutada en el momento en el que el reo abandone la prisión.

Tres de los otros cuatro dirigentes procesados -Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata' y Ángel Iriondo Yarza 'Gurbitz'- continúa hoy entre rejas y, por lo tanto, nadie teme por su fuga. Sí se encuentra en la clandestinidad, sin embargo, el quinto en discordia, José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera', por lo que las partes personadas en la causa por el delito de lesa humanidad se muestran preocupadas respecto al futuro inmediato de Elizarán Aguilar y temen que pueda seguir el mismo camino de Ternera.

De ahí que los querellantes, la asociación Dignidad y Justicia, hayan solicitado a la titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que instruye la causa, que emita una orden de detención. Argumenta que existe un "manifiesto riesgo de fuga". Los demandantes recuerdan que el predecesor de Lamela, el magistrado Juan Pablo González, entendió en el auto de procesamiento que emitió el pasado 27 de octubre que entonces no era necesario adoptar ninguna medida cautelar contra los cuatro acusados porque se encontraban entre rejas, pero sí contra Ternera, que está huido.

El auto de González, sin embargo, dejaba la puerta abierta a que la medida cautelar pudiera ordenarse en el futuro, después de que así lo solicitara algunas de las partes, como hace ahora Dignidad y Justicia, que argumenta que el delito al que se enfrenta Elizarán Aguilar es el de lesa humanidad, que está castigado con la prisión permanente revisable, el mayor castigo penal que contempla la legislación española. "Hay motivos bastantes para creer responsable de este delito a Eliazarán", por lo que, "con el fin de asegurar su presencia en el proceso, y existiendo un claro riesgo de fuga, insteresa esta parte que se acuerde su detención y prisión provisional", solicitan los querellantes, que pretenden que la juez ordene una orden europea de detención y entrega.

Estos últimos argumentan también ETA mantiene "muchas de sus estructuras operativas", entre ellas la "amplia red de acogida" que conserva en "países como Venezuela, Cuba y otros que se han mostrado renuentes a la entrega de en torno a un centenar de miembros de la organización que a día de hoy siguen sustrayéndose de la acción de la justicia y continúan huidos".

El pasado 27 de octubre el juez González procesó a los cinto etarras mencionados al considerar que se trataba de los máximos dirigentes de la banda terrorista cuando sus subordinados cometieron asesinatos entre 2004 y la actualidad, periodo que según la Audiencia Nacional es el que debe investigarse dado que fue en ese año cuando se comenzó a aplicar en España el delito de lesa humanidad.

En concreto, el juez consideró a los dirigentes de ETA citados responsables de los asesinatos del exconcejal socialista Isaías Carrasco, del brigada del Ejército Luis Conde, del empresario Ignacio Uría, del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, de los guardias civiles Juan Manuel Piñuel, Carlos Enrique Sáenz y Diego Silva, así como de los ciudadanos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estado, que fallecieron a consecuencia del atentado contra la T4 del aeropuerto de Barajas.