la Fiscalía "consideró oportuno escindir la causa"

Anticorrupción, apartada de la investigación sobre Trillo y Pujalte por la trama eólica

La fiscal general escinde la denuncia de Hacienda y deja en Valladolid la parte que afecta a los exdiputados nacionales del Partido Popular

Foto: Vicente Martínez-Pujalte muestra su declaración de bienes en el Congreso. (EFE)
Vicente Martínez-Pujalte muestra su declaración de bienes en el Congreso. (EFE)

Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte no declararán en la Fiscalía Anticorrupción. Los dos históricos dirigentes populares se han ahorrado la foto en la entrada de la Fiscalía. Y no lo harán porque la parte de la trama eólica que les afecta está siendo investigada en Valladolid. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, decidió trocear la denuncia de Hacienda, de forma que a Anticorrupción llegó el grueso de la trama, la que afecta a excargos de la Junta autonómica como Alberto Esgueva, pero no lo que concierne a Trillo y Pujalte, según fuentes conocedoras del caso. Esto ha sorprendido en Anticorrupción. Un portavoz de la Fiscalía se limitó ayer a señalar: "La secretaría general técnica de la Fiscalía general estudió el proceso y consideró oportuno escindir la causa y así se hizo".

El pasado mes de enero la delegación de Hacienda de Castilla y León llevó a la Fiscalía un demoledor informe sobre el cobro de comisiones en esa región a cambio de la instalación de parques eólicos. El documento, de 94 páginas y avanzado por 'El País' en abril, tenía dos partes diferenciadas.

En la primera, detallaba los “hechos observados en las actuaciones inspectoras realizadas sobre la sociedad Corporación Llorente Muñoz SL (Grupo Collosa) relativos a las facturas recibidas de las sociedades Estudio Jurídico Labor SL y Sirga Consultores XXI”. La primera sociedad es el bufete de Trillo y su familia y la segunda es la consultora que el diputado Vicente Martínez-Pujalte compartía con la también diputada popular Ana María Torme. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. Les pagaba por asesoría el Grupo Collosa, dedicado a la obra civil, contratista de la Administración y uno de los beneficiados de la trama eólica. Hacienda no encontró trabajos que justificasen el pago y Trillo y Pujalte argumentaron que era una asesoría verbal y que todo estaba declarado a Hacienda.

La secretaría general técnica de la Fiscalía general estudió el proceso y consideró oportuno escindir la causa y así se hizo“.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública. En Castilla y León facturó 134,4 millones a la Junta en 2006 y 2007. Construyó la impresionante sede de las Cortes de Castilla y León, donde ahora se celebrará la comisión de investigación sobre la trama eólica que han arrancado el PSOE y Ciudadanos.

La segunda parte del informe desglosaba el sistema de cobro de unos 100 millones de euros para que las licencias salieran adelante. “Para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos, fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta”, apunta el inspector de Hacienda. Allí estaban señalados el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado o Esgueva, ex alto cargo de una sociedad pública de la Consejería de Economía.

Según el texto, la filial de Iberdrola en la región transfirió 47,1 millones de euros entre 2007 y 2009 a San Cayetano Wind, una empresa de Esgueva. Y lo hizo pese a que Hacienda “no ha encontrado ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que existiera una prestación de servicios por parte de San Cayetano Wind a favor” de la filial de Iberdrola.

Federico Trillo, actual embajador en Londres. (EFE)
Federico Trillo, actual embajador en Londres. (EFE)

Cuando el informe llegó a Consuelo Madrigal, que acababa de tomar posesión, esta decidió que era un caso claro para Anticorrupción en Madrid. La Fiscalía, reforzada este año, recibió la documentación y comenzó a trabajar con discreción. Pero no en lo concerniente a Trillo y Pujalte. La pieza se quedó en Valladolid. Una instrucción de la Fiscalía indica que en el caso de aforados, hasta que no haya indicios claros de comisión de delito no hay que remitir la causa al Supremo, po rlo que tampoco ha sido enviada ahí.

La fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, es considerada en la Fiscalía como una persona tenaz y competente, nada sospechosa de temblarle el pulso. La Fiscalía de Valladolid mantuvo la acusación contra el alcalde popular de la ciudad, Javier Léon de la Riva, y logró su inhabilitación. La Fiscalía de Valladolid ya ha investigado a algunos de los cargos que aparecen en la trama eólica, como Alberto Esgueva o el exviceconsejero Rafael Delgado. Lo ha hecho dentro de la causa de La Perla Negra, un edificio con sobrecostes construido por la Consejería de Economía a las afueras de Valladolid en el que se repiten nombres de la trama eólica. Aunque ahora la parte que afecta a estos ha quedado en Madrid.

Pero fuentes del sector sí consideran que al dejar el caso en Valladolid, la exposición de Trillo y Pujalte es menor. El primero sigue como embajador en Londres y el segundo ha cerrado su consultora y no repetirá en las listas del PP al Congreso. El pasado mes de marzo, el diario 'La Verdad' cazó a Martínez-Pujalte saliendo de la sede central de la Fiscalía. Entonces alegó que había estado reunido con el jefe de prensa, al que definió como su amigo. El diario señaló que la visita podía estar relacionada con la posible imputación del expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, ya que Pujalte era diputado por Murcia y látigo de la Fiscalía en esa comunidad. Nadie sabía entonces que la Fiscalía manejaba un informe que le afectaba.

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