Cofely, principal cliente de la Púnica, lanza un ERE de 345 empleados tras el escándalo

Seis meses después de quedar señalada ante la opinión pública por ser una de las empresas que se habría beneficiado de contratos millonarios concedidos a través de la Operación Púnica, la filial española de GDF Suez, Cofely, prepara el despido de 345 de los 2.450 trabajadores que tiene en España. Según ha podido saber El Confidencial a través de fuentes internas de la compañía, desde que a finales de octubre estalló el escándalo la empresa no parte con ventaja ante ningún contrato público, e incluso hay compañías e instituciones que vetan su participación en nuevas adjudicaciones. Un portavoz oficial de Cofely matiza que la actividad de negocio en 2015 sólo “ha descendido un 10%” y que el abultado número de despidos “todavía no es definitivo”.

Aparecer como eje central de este caso de corrupción que sigue siendo investigado ha provocado que se frenen en seco los ingresos de esta compañía que, según el juez Eloy Velasco, formó parte de “una red de tráfico de influencias” en la que participaba junto con otros empresarios, políticos y técnicos municipales de varios municipios de la Comunidad de Madrid. Las licitaciones vinculadas a la promoción urbanística y la contratación administrativa se daban, sobre todo, para la gestión de servicios “difícilmente objetivables, como el de la eficiencia energética”, apuntaba el magistrado, el servicio estrella de Cofely.

La solución para salvar las cuentas de la compañía pasa ahora por despedir al 14% de la plantilla. Los dirigentes de Cofely enviaron un comunicado interno a todos sus empleados el 7 de abril y se escudaban enlas dificultades que están atravesando para respaldar la decisión. El entorno económico del país, unido a los “acontecimientos ocurridos a final del 2014” ha provocado que se plantee “la necesidad de abordar una reestructuración de las diferentes líneas de negocio”, recoge textualmente el documento, en poder de este diario, como tambiénrecalca su portavoz oficial a esta publicación.

Los trabajadores consultados por El Confidencialse quejan de ser ellos los que paguen los platos rotos de sus jefes, “que tienen blindados sus puestos”. Dos días después de conocer las intenciones de la empresa, los trabajadores se interesaron por el futuro laboral de los directivos que fueron detenidos en octubre y que siguen trabajando para la sociedad: el director general, Didier Maurice; el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva; el jefe comercial, Pedro García Pérez, y José Antonio Hernández.

Sin embargo, los miembros del Comité de Empresa presentes en la Asamblea no pudieron resolver las dudas de sus compañeros, ya que la dirección de la compañía se reservó desvelar el futuro de la directiva investigada nitampoco informó sobre cómo se actuará si a medio plazo el juez imputa a más directivos, aunque todos dieron por hecho que permanecerán en la empresa tras el despido masivo. Ayer, las fuentes oficiales de la compañía consultadas por este periódico tampoco confirmaron si alguno de los cabecillas señalados en la Púnica será despedido. “Ese es uno de los objetos que deberá negociar la empresa y el sindicato de trabajadores”, añaden.

Barcelona y Madrid, las más castigadas

La empresa abrió este miércoles el período de consultas para aquellos empleados que quieran acogerse a una baja incentivada y ayer se dio a conocer el número de afectados, por provincias y grupos profesionales. Las delegaciones más castigadas por esta crisis serán Madrid y Barcelona, las zonas donde más contratos públicos cerraron. Las primeras negociaciones apuntan a que en la capital se desharán de 205 empleados y en Cataluña desaparecerán 60 puestos de trabajo más. Prácticamente ninguna provincia se libra de las consecuencias de la Púnica: habrá despidos en Álava, Alicante, Asturias, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Jaén, La Coruña, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Según las primeras investigaciones, los dos presuntos 'conseguidores' de la trama, los empresarios David Marjaliza, amigo de la infancia de Francisco Granados, y Alejandro de Pedro Llorca, director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), habían conseguido presuntamente que los seis alcaldes detenidos en la macrorredada del 27 de octubre y el actual presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, contrataran a la multinacional para poner en marcha proyectos de eficiencia energética en sus municipios e instituciones. A cambio, supuestamente cobraban una comisión que iba del 2% al 3% del importe final de los millonarios contratos.