NIEGA HABER PARTICIPADO EN LA TRAMA

Griñán, sobre los ERE: “No hubo un gran plan pero sí un gran fraude”

En una comparecencia de unas cuatro horas Griñán ha diferenciado entre la gestión presupuestaria y la gestión del gasto concreto de estas ayudas, que es donde hubo irregularidades

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado a su salida del Tribunal Supremo que en el asunto de los ERE fraudulentos “no hubo un gran plan pero sí un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar”. Con esta afirmación, el dirigente socialista intenta eludir que existiera una auténtica estructura fraudulenta orquestada por la Junta para enfocar la responsabilidad a la Consejería correspondiente que cometió tales irregularidades.

El expresidente andaluz ha explicado la línea que ha mantenido ante el instructor y ha insistido en que desde la consejería que él dirigía antes de llegar a la Presidencia, la de Economía y Hacienda, se encargaba de realizar la presupuestación, que fue correcta. El problema fue cuando el dinero llegó a la Consejería de Empleo y se cambió el modelo de ejecución. Griñán se ha mostrado satisfecho por poder dar las explicaciones oportunas ante el juez.

Griñán ha negado ante el magistrado del Tribunal Supremo que participara en el fraude de las ayudas públicas. Mientras él fue consejero de Economía, la intervención de la Junta nunca le alertó de la existencia de ciertas incidencias.

Griñán: "No hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude"

Fuentes presentes en el interrogatorio han señalado que Griñán, que ha declarado como imputado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se ha desvinculado totalmente del fraude los ERE, en contra del criterio de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, quien remitió una exposición razonada al alto tribunal para que investigara a los aforados presuntamente implicados.

Es más, el expresidente  de la Junta, hasta 2013, ha asegurado que cuando se tuvo conocimiento de estas irregularidades el propio Gobierno regional abrió una investigación e incluso llegó a solicitar la imputación de dirigentes socialistas.

Imagen de Griñán a su llegada al Supremo (EFE)
Imagen de Griñán a su llegada al Supremo (EFE)

 

Asimismo, ha querido aclarar ante el magistrado Jorge Alberto Barreiro que su decisión de dimitir tras saltar el escándalo no fue porque tuviera ninguna implicación con el asunto sino para no perjudicar la imagen de la Junta.

De la investigación se ha sabido que los interventores de la Junta alertaron entre los años 2005 y 2007 de la existencia de irregularidades en las transferencias de financiación. Esas alertas llevaban aparejadas propuestas de actuación a las consejerías responsables. Así, Griñán ha asegurado al instructor que a su Consejería nunca llegaron esos informes porque no era la responsable de la gestión de estos gastos.

Por lo tanto, al ser responsabilidad e la Consejería de Empleo, las alertas de la Intervención tuvieron que llegar a ésta y no a la suya. Precisamente, este martes declaró el titular de ese departamento, José Antonio Viera, quien negó que él tuviera conocimiento de esas irregularidades porque su papel en la Consejería era meramente político, dejando las gestiones administrativas a sus subordinados.

En su interrogatorio, ha diferenciado entre la gestión presupuestaria, dentro de la cual ha defendido las llamadas Transferencias de Financiación (forma de pago de los ERE), que correspondía a su departamento de Economía; y la gestión del gasto concreto de estas ayudas, que es donde hubo irregularidades concretas que él desconocía y que correspondía a otra consejería.

Desfile de aforados ante el Supremo

Griñán ha llegado a las nueve y media de la mañana al Tribunal Supremo, media hora antes de la que había sido convocado por el magistrado de este órgano Alberto Jorge Barreiro para interrogarle por su presunta responsabilidad en los ERE fraudulentos en Andalucía.

El que fuera también Consejero de Economía de la Junta Andaluza entre 2004 y 2009 ha acudido andando hasta la puerta del alto tribunal acompañado de su abogado José María Mohedano y ha eludido hacer declaraciones a los numerosos periodistas que le esperaban. El Tribunal Supremo continuará este jueves la toma de declaración a los cinco aforados imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares con la comparecencia del expresidente de la Junta.

Después de que este pasado martes compareciera el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el instructor de la causa de los ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha citado este jueves a Griñán; mientras que el próximo martes le tocará el turno al también expresidente Manuel Chaves; el día 16 al exconsejero Gaspar Zarrías y, por último, el 21 de abril, a la senadora y exconsejera Mar Moreno.

 A todos ellos se les ha citado a las 10:00 horas del día correspondiente para prestar declaración en calidad de "imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".

El expresidente de la Junta Manuel Chaves. (Efe)
El expresidente de la Junta Manuel Chaves. (Efe)

En el caso de Viera, estas funciones son las que realizó como consejero de Empleo, mientras que en los de Zarrías y Moreno se les requiere por su responsabilidad como consejeros de Presidencia. A Chaves se le cita en relación a los actos cometidos como presidente de la Junta Andaluza y a Griñán como presidente de la Junta y también como consejero de Economía.

El instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo cuenta ya de cara a la ronda de declaraciones de los aforados de los ERE con diversa documentación, entre la que se encuentran determinados documentos requeridos a la Junta y una ampliación del informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado sobre la idoneidad de los instrumentos presupuestarios utilizados para dar las cuestionadas ayudas socio-laborales.

El informe pericial

El pasado mes de febrero, comparecieron los peritos ante la juez Mercedes Alaya y ratificaron su informe inicial, oponiéndose al 'contrainforme' pericial elaborado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago a instancias de la defensa de Griñán.

 En su informe, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas, de las que se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.

Magdalena Álvarez. (Efe)
Magdalena Álvarez. (Efe)

Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.

"Irregularidades"

"A la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y conforme a lo establecido en el artículo 9. e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no consta que en el período 2000-2009 el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades", concluye el informe.

El primer aforado en declarar en el Supremo fue Viera, quien declaró que, con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía, él pretendía "instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes".

En el curso de su declaración, Viera rechazó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía "porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas" o en la sistemática económico-contable empleada.

"Pudimos hacerlo mejor"

 Al hilo, reconoció, eso sí, que "la perspectiva de antes no es la de ahora" y que no era una cuestión "de ocultar sino de arreglar el problema en cuanto surgía". Ahora reconoce que pudieron "hacerlo mejor".

En este sentido, indicó que su profesión es la de maestro y carece de "formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios", por lo que confiaba plenamente en sus subordinados.

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