él mismo llama a las agencias a dar su versión

Rato está convencido de que el Gobierno y el PP le han abandonado en el caso Bankia

A Rodrigo Rato le han dejado caer. El asunto de las tarjetas 'black' es el termómetro de que el icono del milagro económico español se ha derrumbado y está solo. Y si no se defiende él, no lo hará nadie

Foto: Rodrigo Rato, en el funeral de José Manuel Lara. (EFE/Alejandro García)
Rodrigo Rato, en el funeral de José Manuel Lara. (EFE/Alejandro García)

A Rodrigo Rato le han dejado caer. El asunto de las tarjetas black es la constatación de que el icono del milagro económico español se ha derrumbado. Hasta que saltó el escándalo del gasto de 15 millones de euros por parte de consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia con tarjetas al margen del circuito legal, el expresidente de esta entidad había conseguido quedar en un plano secundario. Con su imagen por los suelos y un sentimiento de abandono, Rato ha decidido pasar al ataque y defenderse tanto públicamente como entre bambalinas de todas las acusaciones.

Rato ha sido ministro de Economía, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Bankia. Es la pura imagen de la 'casta', el símbolo del capitalismo. En 2012 fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por supuestamente haber falseado las cuentas de Bankia y haber manipulado la imagen real de la entidad para su salida a bolsa. Junto a él, el instructor señaló a los máximos representantes de la entidad y a todos los miembros del Consejo de Administración.

Sin embargo, el asunto de Bankia, que tuvo que ser rescatada con 23.000 millones de euros, era un problema de Estado. Rato estaba protegido por el sistema y la prueba fue que su imputación no provocó ninguna alteración en su carrera profesional, por ejemplo siendo fichado para el consejo asesor del Banco Santander. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba en el Congreso de los Diputados que la salida a bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero “forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado”. El titular del departamento económico recordaba en la Cámara baja que “por mucho que la dirección de Bankia se hubiera empeñado en salir a bolsa, esta operación nunca se hubiera producido sin el visto bueno del Banco de España y de la CNMV”.

El Gobierno sacó a la luz las tarjetas

La postura de Rato ante el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional era mantenerse en un segundo plano porque las altas instituciones le apoyaban. Hasta finales de este año, que algo cambió. Fue el propio Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el que mandó un informe que alertaba del uso de unas tarjetas opacas en el seno de Caja Madrid, primero, y Bankia, después, durante una década, y que supuso un perjuicio a la entidad de algo más de 15 millones de euros. Meses antes, Rato había sido alertado de que Bankia iba a poner en conocimiento este uso fraudulento y se le instó a devolver el dinero. Por esa razón, el expresidente de la entidad devuelve el 3 de julio de 2014, tres meses antes de que saltara el escándalo, los 54.837 euros que había gastado con la tarjeta black. Es más, el propio juez que investiga este asunto preguntó al director de Auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que declaró como testigo, quién había alertado al expresidente de la investigación abierta dentro de la entidad por las tarjetas y que le llevó a la devolución del dinero. El juez se quedó sin respuesta.

 Manifestación de preferentistas en la Audiencia Nacional. (EFE/Hugo Ortuño)
Manifestación de preferentistas en la Audiencia Nacional. (EFE/Hugo Ortuño)

A pesar de que Rato devolvió el dinero, el FROB mandó todos los datos a la Fiscalía Anticorrupción y esta se la entregó al juez. Ya estaba el escándalo servido. 85 directivos y consejeros utilizando una tarjeta de una caja de ahorros para pagar todo tipo de artículos de lujo y no tan lujo. Rato no queda muy bien parado. Clubes de fiesta, licorerías, salidas de dinero en efectivo...

En ese momento, el expresidente asume que se ha quedado solo. El sistema ya no le apoya y siente que le han dejado caer como cabeza de turco. En muy poco tiempo, Andreu le imputa por un delito de administración desleal por el asunto de las tarjetas y le reclama una fianza de tres millones de euros. Poco tiempo después, el mismo juez, que investiga la salida a bolsa de Bankia, fija una fianza de 800 millones de euros, a pagar entre el propio Rato, Bankia, BFA, y los directivos Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas.

Su futuro judicial se complica

No sólo eso. Se abre otra línea de investigación contra él: el cobro de seis millones de euros a través de la empresa Lazard en 2011, cuando ya presidía Bankia. Rato estuvo trabajando para la compañía hasta 2010, cuando fue nombrado presidente de Caja Madrid. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez no tienen claro por qué un año después cobra esa cantidad de dinero en una cuenta en el extranjero, precisamente cuando Rato había designado a esta empresa como colocadora de las acciones de Bankia. Por todo ello, su situación judicial empeora por momentos, y una posible condena que le lleve a prisión cada vez es más plausible.

Desde entonces, Rato está intentando “vender” su versión de los hechos entre aquellos que le quieren escuchar: Él llegó al final del partido –entró en Caja Madrid en 2010– y le están haciendo responsable de todo el problema de la entidad, y que luego asumió Bankia. Ha recurrido todas las decisiones del juez e incluso ha salido públicamente a defenderse. Algo fuera de lo normal, Rato utilizó dos agencias de noticias para desmentir una declaración judicial de un testigo de la causa.

Rato, en la comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, en 2012. (Efe)
Rato, en la comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, en 2012. (Efe)

El interrogatorio en un proceso judicial no es un acto público. Sin embargo, en cuanto los medios de comunicación se hicieron eco de lo que había declarado ante el juez el que fuera su consejero delegado en Bankia, Francisco Verdú, Rato reaccionó de manera inmediata para desmentirle públicamente. Nunca entregó físicamente una tarjeta de crédito a Verdú, como este aseguró ante Andreu. No era su función hacer entrega de las tarjetas que poseían algunos miembros de la antigua cúpula de la entidad.

El testimonio de Verdú, quien sostuvo que alertó a Rato de que el uso de estas tarjetas suponía una “mala praxis bancaria” y por eso la rechazó, ha sido clave para que el instructor haya decidido imponer fianzas a casi todos los miembros del Consejo de Administración y para afianzar su tesis de que esas tarjetas fueron utilizadas conscientemente de manera fraudulenta y para gastos personales. Rato está convencido de que ni el Gobierno ni su partido van a mover un dedo por él. Y que está más solo que nunca ante el juez. 

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