Andreu fija 4,3 millones de euros de fianza para 21 consejeros por las 'black'
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610.000 euros para moral santín

Andreu fija 4,3 millones de euros de fianza para 21 consejeros por las 'black'

Las cantidades fijadas oscilan entre los 11.000 euros hasta los 610.000 que fija para José Antonio Moral Santín.

placeholder Foto: El exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín (Efe)
El exconsejero de Caja Madrid José Antonio Moral Santín (Efe)

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu fija fianzas por un total de 4,3 millones de euros que individualiza para 21 consejeros que utilizaron las llamadas tarjetas 'black', para cubrir las posibles responsabilidades que puedan declararse de la causa. En un auto, el magistrado advierte que, de no depositar dichas fianzas se procederá al embargo de sus bienes (Lea el auto con todas las fianzas).

Las cantidades fijadas oscilan entre los 11.000 euros hasta los 610.000 que fija para José Antonio Moral Santín. En su resolución, se remonta al año 95, a la reunión del consejo de administración de Caja Madrid de 30 de octubre, en la que el entonces presidente Jaime Terceiro informó al consejo, entre otros asuntos de la “entrega de tarjetas Visa de empresa a los miembros del consejo y de la comisión de control exclusivamente para gastos de representación”. Por esta misma causa, ya fijó 16 millones de euros para Miguel Blesa y tres millones de euros para Rodrigo Rato, expresidentes de la entidad y encargados de repartir y aprobar esas tarjetas.

La emisión de dichas tarjetas respondía única y exclusivamente para que los consejeros efectuaran los pagos de gastos generados por labores propias como miembros del consejo de administración. El juez hace constar la explicación que dio Terceiro de los dos controles que existían cuantitativo y cualitativo. Tenían un tope de 600 euros que los consejeros nunca llegaron a sobrepasar. El filtro cualitativo lo realizaba el secretario general, a quien se le debían presentar los justificantes de los gastos. Unos filtros que cambiaron con el nombramiento de Miguel Blesa.

Andreu incluye todas las explicaciones que han dado los 21 consejeros sobre las instrucciones que recibieron en la entrega de las tarjetas, “tantas como el número de consejeros han declarado, lo que no quita que, con independencia de las instrucciones verbales que les pudieran facilitar la persona encargada de la entrega física de la tarjeta, los citados consejeros debieran haber sabido, pudieron haber sabido y hubieran tenido la obligación de saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos que, a través de las mencionadas tarjetas de crédito, se les entregaban”.

El instructor, que interrogó la semana pasada a 27 miembros del Consejo de Administración en calidad de imputados, considera evidente que no era ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas de forma discrecional “escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial, por lo que no cabe imputar a este concepto las cantidades cargadas a las mencionadas tarjetas de crédito”.

De las diligencias practicadas, Andreu concluye que existen méritos para calificar las tarjetas como lo que en el mundo empresarial se llaman “tarjetas de empresa”, tarjetas que se facilitan para que los empleados no tengan que adelantar de su dinero los gastos generados por el ejercicio de su puesto de trabajo. Con independencia de los acuerdos que llegaran los consejeros sobre el uso de esas tarjetas, el juez explica que, en provecho propio generaron un perjuicio a la entidad.

Verdú, clave para el juez

Y no consta que ningún consejero, que entre sus funciones estaba la supervisión y control, ninguno se preocupase por conocer los concretos términos para los que las tarjetas se habían concebido. El juez añade la declaración de Francisco Verdú, que califica de “contundente” para concluir que los consejeros “debieron y pudieron conocer que el uso tal y como se llevó a cabo de las citadas tarjetas podía menoscabar los fondos de la entidad, de forma que pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma”.

El juez tipifica estas conductas como un delito continuado de administración desleal que sanciona a los administradores de cualquier sociedad que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo. El juez incluye la posibilidad alternativa de considerar estas conductas como apropiación indebida, teniendo en cuenta que conocían, o debían conocer, que el uso de la tarjeta solo podía estar destinado a gastos derivados de su función. Andreu recuerda que existen cargos de las tarjetas efectuados en fines de semana o festivos, en artículos o productos que en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación.

Spottorno señala a la cúpula directiva

El exconsejero del Rey, Rafael Spottorno, no está dispuesto a sentarse en el banquillo de los acusados por utilizar una tarjeta que le proporcionó Caja Madrid mientras era directivo de la entidad para usarla sin ningún tipo de límite, excepto en la cantidad que venía establecida. Este imputado ha cargado contra los máximos representantes de la caja primero y de Bankia después y les ha señalado como “únicos” responsables del gasto realizado a través de estas tarjetas.

En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial y en el que pide su sobreseimiento libre de la causa, Spottorno insiste que fue la propia Caja Madrid/Bankia quien entregó esas tarjetas entre sus consejeros, o miembros de alta dirección, “no para cubrir gastos de representación de la entidad, que no era su destino, sino para remunerar a sus destinatarios, quienes libremente, podían o no disponer de ella, siempre que se mantuviera en unos límites cuantitativos fijados por la entidad”.

Con este escrito, ya esgrime la línea argumental que va a utilizar frente al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien le ha citado para interrogarle, junto a otros 36 directivos, para el próximo día 13 de marzo.

A lo largo de las declaraciones que ya se han realizado de los consejeros de la entidad ante el juez, ha habido diversidad de versiones respecto del objeto del uso de estas tarjetas 'black'. Unos aseguraban que se trataba de una tarjeta para gastos de representación y otros sostenían que se trataba de un complemento retributivo. Spottorno, que se gastó 223.900 euros con esa tarjeta, sostiene que la entidad no la proporcionó para gastos de representación sino para gastar libremente, con la única limitación de una cantidad anual

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