Spottorno señala a la cúpula de Caja Madrid como únicos responsable de las 'black'

El exconsejero del Rey, Rafael Spottorno, no está dispuesto a sentarse en el banquillo de los acusados por utilizar una tarjeta que le proporcionó Caja Madrid mientras era directivo de la entidad para usarla sin ningún tipo de límite, excepto en la cantidad que venía establecida. Este imputado ha cargado contra los máximos representantes de la caja primero y de Bankia después y les ha señalado como “únicos” responsables del gasto realizado a través de estas tarjetas.

En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial y en el que pide su sobreseimiento libre de la causa, Spottorno insiste que fue la propia Caja Madrid/Bankia quien entregó esas tarjetas entre sus consejeros, o miembros de alta dirección, “no para cubrir gastos de representación de la entidad, que no era su destino, sino para remunerar a sus destinatarios, quienes libremente, podían o no disponer de ella, siempre que se mantuviera en unos límites cuantitativos fijados por la entidad”.

Con este escrito, ya esgrime la línea argumental que va a utilizar frente al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien le ha citado para interrogarle, junto a otros 36 directivos, para el próximo día 13 de marzo.

A lo largo de las declaraciones que ya se han realizado de los consejeros de la entidad ante el juez, ha habido diversidad de versiones respecto del objeto del uso de estas tarjetas 'black'. Unos aseguraban que se trataba de una tarjeta para gastos de representación y otros sostenían que se trataba de un complemento retributivo. Spottorno, que se gastó 223.900 euros con esa tarjeta, sostiene que la entidad no la proporcionó para gastos de representación sino para gastar libremente, con la única limitación de una cantidad anual.

Por tanto, en este caso no se puede aplicar la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que condenó a un trabajador por apropiación indebida por comprarse un aire acondicionado con la tarjeta de empresa, porque en el caso de Caja Madrid, fue la propia entidad la que dispuso a sus consejeros y directivos de una tarjeta libre. “La decisión de los únicos y máximos representantes de Caja Madrid de entregar tales tarjetas para el empleo en gastos distintos a los de representación, excluye, en sí misma, la imputación por un delito de apropiación indebida; todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hayan podido incurrir, en su caso, tales representantes, lo cual no nos corresponde valorar”.

Con este alegato, Spottorno, que abandonó su cargo en la Casa Real tras conocerse el escándalo de las tarjetas 'black', pide el sobreseimiento libre de la causa porque no se da ningún elemento que encaje en el delito de apropiación indebida, por el que ha sido imputado por el juez Fernando Andreu.

Caja Madrid no limitó los gastos

En su escrito, no señala con nombres y apellidos quienes son los máximos representantes de la entidad, pero lo cierto es que ya muchos consejeros sostuvieron en sus interrogatorios que estas tarjetas las implantó el que fuera presidente, Miguel Blesa, quien también está imputado y se le ha exigido una fianza de 16 millones de euros, que todavía no ha depositado alegando falta de bienes por ese valor.

Su sucesor, Rodrigo Rato, también encausado y con una fianza civil de tres millones de euros, también fue el responsable de seguir con estas tarjetas cuando llegó al banco y quien decidió en 2012 que sólo seguirían con ella cuatro directivos, incluido él mismo. Así, lo aseguró su exconsejero delegado, Francisco Verdú, quien declaró en calidad de testigo -y por tanto tiene obligación de decir verdad-, y aseguró que había sido el propio Rato quien le había entregado la tarjeta en mano, y que rechazó al constituir una “mala praxis bancaria”.

La línea de defensa de Spottorno es la siguiente: Caja Madrid entregó, a través de sus máximos responsables, una tarjeta con fines distintos a los gastos de representación, como parte de su retribución; del saldo de dicha tarjeta se podía disponer libremente por cada usuario; no existía obligación de justificarlos gastos; el único límite era cuantitativo, en el sentido que no se podía superar una cantidad máxima fijada.

“Mi mandante no le ha dado a las tarjetas un uso distinto para el que fueron entregadas. No se emitieron para cubrir gastos de representación, sino para fines distintos. Siendo así, no se puede postular la imputación de un delito de apropiación indebida cuando la propia entidad no limitó el destino de los cargos de dichas tarjetas al sufragio de gastos de representación, sino que tenían por fin remunerar a los consejeros y otros altos directivos, lo que excluiría la distracción de esas cantidad a un fin distinto al otorgado”, alega su abogado.

Según los datos remitidos por Bankia al magistrado, Spottorno devolvió el 4 de agosto del pasado año, antes de conocerse públicamente el escándalo de las tarjetas, 11.953 euros del total de lo gastado. Su abogado ha remitido este escrito al Juzgado, en el que se queja de haberse enterado de su imputación por los medios de comunicación, y frente al que tendrá que declarar, si no hay ningún cambio, en los próximos días.

Fiscal apoya el archivo para una exdirectiva

Spottorno no es el único directivo que ha intentado que Andreu le archive la causa antes de pasar por la Audiencia Nacional. Por ahora, ninguna ha sido contestada. Sólo la pretensión de la exdirectiva María Emilia Gil de quedar fuera del proceso ha sido apoyada por la prescripción del delito, al haber pasado más de diez años desde el último gasto que hizo con la tarjeta.

A pesar de que los gastos de las 'black' van desde 2003 hasta 2011, esta exdirectiva únicamente gasto al principio y, por tanto, ya ha pasado más de una década desde que habría cometido el delito de apropiación indebida. De ahí que la Fiscalía Anticorrupción informe en su caso que deba serle retirada la imputación y archivarle la causa provisionalmente.