Interior pagará un seguro que cubrirá errores profesionales de policías y guardias civiles

Los policías y los guardias civiles ya no tendrán que pagar de su bolsillo lo que cuesten sus errores profesionales. Si cometen un fallo o una imprudencia estando de servicio y esa equivocación conlleva el abono de una indemnización a alguien, ya no será el funcionario quien se rasque el bolsillo, como ocurría hasta ahora. Todos los miembros de las fuerzas de seguridad enmarcadas en el Ministerio del Interior contarán con un seguro de responsabilidad civil que se hará cargo de cualquier cantidad.

El Gobierno se encargará de pagar este seguro a los funcionarios de ambos cuerpos de seguridad del Estado, que lo venían reclamando desde hace años, y no solo a los policías, que eran los únicos para los que inicialmente se preveía en la Ley de Personal que actualmente tramitan Las Cortes.

Así se lo comunicó el pasado 20 de enero el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, a las asociaciones profesionales. El máximo responsable de la benemérita les contó que el seguro se introducirá dentro de la Ley de Derechos y Deberes del instituto armado. Les explicó además que la Ley de Personal de la Policía incluirá una disposición que modificará la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, con lo que la iniciativa entrará en vigor en el mismo momento para ambas corporaciones.

La Ley de Personal de la Policía se encuentra actualmente en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados y fue el hecho de que este texto contemplara el seguro de responsabilidad civil lo que motivó las quejas de los guardias civiles. Cómo es posible que los policías tengan este seguro y los guardias no, protestaron estos últimos, que ven ahora cómo sus reclamaciones son tenidas en cuenta, algo que no siempre ha estado claro.

Las asociaciones profesionales ya plantearon el año pasado introducir el seguro de responsabilidad civil en la tramitación de la Ley de Personal de la Guardia Civil, que se aprobó el pasado diciembre en el Parlamento, pero el Grupo Popular se opuso. En concreto, en senador Antonio Ayllón argumentó que era imposible implementar la mencionada cláusula relativa al seguro porque tenía un coste económico demasiado alto.

La Guardia Civil ya dispone de una Ley de Personal y de una Ley Orgánica de Derechos y Deberes, mientras la Policía aún está tramitando su Ley de Personal, que tendrá el carácter de orgánica al no contar este último cuerpo con una normativa de derechos y deberes similar a la del instituto armado.

Ambas leyes de personal han sufrido las críticas de asociaciones y sindicatos por distintos motivos. El Sindicato Unificado de Policía, por ejemplo, ha recogido firmas contra el texto por considerar que no se ajusta a las necesidades actuales del cuerpo. El Sindicato Profesional de la Policía, entre tanto, ha reclamado mayor claridad en los nombramientos. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil o la Asociación Unificada de Guardias Civiles, por su parte, se opusieron al modo de integrar las escalas de mandos que proponía la normativa de la benemérita, que finalmente ha sido la única de las dos que ha salido adelante, al menos hasta el momento.