Gallardón se queda solo tras tres años de polémica gestión en Justicia

Alberto Ruiz-Gallardón se ha ido sin dejar a nadie indiferente. Cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le llamó para encargarse de la cartera de Justicia hace casi tres años, nunca se pudo imaginar que ese puesto acabaría con su carrera política. Entró en el Ministerio con muchas ganas de hacer grandes cambios. Tenía planes ambiciosos que a la larga le han granjeado enemigos por muchos rincones. Fuentes del ámbito judicial comentaban la mala relación que mantenía en los últimos tiempos con varios altos miembros de su equipo e incluso con el propio fiscal general del Estado, con quien ha tenido sus más y sus menos.

Ruiz-Gallardón no empezó con buen pie al anunciar al poco de aterrizar que la Administración de Justicia necesitaba menos litigiosidad y que el mejor camino para conseguirlo era incorporando tasas para poder acceder a ciertos ámbitos judiciales, que llegaban a alcanzar los 1.200 euros para los recursos en lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Abogados, jueces, fiscales y demás miembros de la carrera se unieron en contra de esta medida, que consideraban que afecta a la tutela judicial efectiva e impide al ciudadano el acceso a la Justicia. Este clamor social ha sido tan elevado que el propio Tribunal Constitucional está ya estudiando su posible inconstitucionalidad.

Poco afortunado estuvo cuando no quiso a negociar con las diferentes asociaciones de jueces y fiscales el nuevo mapa que buscaba para el Consejo General del Poder Judicial o los recortes que planeaba tanto para estos miembros de la carrera judicial como para el resto de funcionarios de Justicia. Le acusaron de intentar controlar el Poder Judicial y recortar la independencia de los jueces. Ruiz-Gallardón se escudó en que realmente el malestar de este sector se debía a que habían visto reducido su salario y sus días libres, y consiguió que le hicieran una huelga. Cierto es que, en los días de descuento, consiguió un pacto con las asociaciones conservadoras y estas no la secundaron, pero sí lo hicieron más de 2.000 jueces y fiscales.

Enfrentamiento con las asociaciones judiciales

El hasta ahora ministro siguió adelante y reformó el CGPJ restando relevancia a las asociaciones, lo que provocó un fuerte malestar. Cambió la composición del órgano que regula a los jueces para reducir los veinte vocales que tenía hasta ahora con dedicación exclusiva a sólo cinco. Además, dio más peso al presidente, otorgándole poder suficiente para que el resto de vocales que sólo acuden al pleno tengan poco poder de decisión. Bien es cierto que desde la propia carrera judicial no está muy bien vista la labor del Consejo, rodeada de escándalos y desacuerdos internos que han dado en los últimos años una mala imagen a la política judicial.

Reformas estancadas

Consiguió poner en la presidencia del Consejo a Carlos Lesmes en contra de la opinión de la vicepresidencia del Gobierno, que tenía otro candidato en mente. Gracias a la composición del órgano, con mayoría conservadora, sacó adelante con cierta facilidad el informe que apoyaba su anteproyecto de la ley del aborto y la Ley Orgánica del Poder Judicial, anotando únicamente algunos matices a corregir.

Estas dos reformas todavía no ha conseguido sacarlas adelante. La primera ya fue ayer totalmente descartada por Rajoy y lo que ha sido causa de su dimisión, y la segunda está por ver que haya tiempo en esta legislatura para sacarla adelante.

También anunció a bombo y platillo al inicio de su legislatura un cambio del Código Penal, no exento de polémicas al plantear la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad para ciertos excarcelados, esta última medida retirada del proyecto. Sin embargo, su proyecto lleva exactamente un año en tramitación parlamentaria a la espera de ser aprobado.

No todo han sido críticas. Los notarios aplaudieron su decisión de otorgarles la potestad de celebrar matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo, aprobada este mes de agosto. Aun así, fuentes próximas del ministro reconocen que Ruiz-Gallardón no supo negociar con los distintos sectores antes de aprobar las reformas, lo que podría haberle proporcionado un mayor consenso.