El 62% de los jueces y fiscales plantan cara a Gallardón y van a la huelga

Los adjetivos dedicados al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en las asambleas de jueces y fiscales han sido de todo menos halagüeños. “Este ministro es un chulo, un prepotente, que no conoce la carrera judicial” son algunas de las frases escuchadas esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. Gritos exigiendo su dimisión y llamándole ladrón han sido de los más sonados en las pitadas apoyadas por los funcionarios de Justicia y los abogados.

A falta de datos definitivos, los organizadores estiman un seguimiento de un 62% de jueces y fiscales de toda España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habla de un 40,23% de los 5.015 jueces que hay en activo, pero sólo se estima la parte de la magistratura.

La cifra ofrecida por las asociaciones convocantes, y que fuentes del Consejo reconocen son estimaciones muy próximas a la realidad, es la misma alcanzada en febrero de 2009, cuando la carrera judicial dio por primera vez el paso en toda la historia democrática española de ir a la huelga. En esa ocasión, hicieron falta tan sólo unos pocos días para que el titular de Justicia en ese momento, Mariano Fernández Bermejo, dimitiera del cargo y abandonara su carrera política.

El CGPJ no apoya la huelga, su presidente ya lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, pero sin embargo se han podido ver a varios vocales como Margarita Robles, Féliz Azón e Inmaculada Montalbán apoyando a sus compañeros en la asamblea madrileña, la más representativa por el número de jueces y fiscales.

Una de las principales consecuencias de la huelga ha sido la suspensión de más de 10.000 juicios y señalamientos en toda España y el responsable único de esta situación, según los convocantes, es Ruiz Gallardón. “El ministro ni nos ha llamado ni nos ha escrito y ahora debe asumir su responsabilidad”, ha sostenido el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

Las cinco asociaciones convocantes -han quedado fuera las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales- exigen que se paralicen las reformas legislativas preparadas por el Gobierno, se replanteen las tasas judiciales, que no se incremente su cuota de trabajo, no eliminen a los jueces sustitutos, ni se congelen las oposiciones, ni se acometan reducciones salariales.

Todas estas medidas merman la independencia judicial porque sin medios no se puede hablar de poder independiente. “El Poder Judicial no puede estar sometido, burlarlo y menoscabarlo”, se ha reclamado desde la Unión Progresista de Fiscales.

Los convocantes acusan al Ejecutivo de llevar a cabo recortes en Justicia cuando se vive un grave momento de corrupción y de tomar medidas legislativas que den más facilidades a los poderosos en el acceso y defensa en Justicia. “A lo que aspiramos todos es a tener una justicia eficaz y por igual para todos. 

Reclamarlo parece una cosa subversiva. Sólo queremos que los asuntos puedan ser tratados de manera natural, sean relacionados con personas con poder o no. Que haya igualdad para todos”, ha señalado el portavoz de Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Salvador Viada.

Esta huelga no va a ser el paso final de las reivindicaciones. Las asociaciones están dispuestas a seguir protestando hasta que el ministro “recule” en sus decisiones. “Lamentamos tener que llegar hasta aquí pero estamos ante una situación límite en cuanto a recursos, recortes 2 instrumentos para combatir la corrupción”, ha recalcado Bosch.

Gallardón mantiene el pulso

El titular del Departamento de Justicia se ha negado a negociar y estudiar las propuestas de la carrera judicial y fiscal en ninguna de sus decisiones. En todas las advertencias del Comité Interasociativo, Ruiz Gallardón siempre ha querido limitar sus reivindicaciones al recorte salarial, restando credibilidad a sus protestas. El ministro sigue en la misma línea y tras conocer los datos de la huelga la ha calificado de fracaso.

En los pasillos del Congresos de los Diputados ha explicado que el "fracaso de la huelga es su convocatoria" y no que "haya habido más jueces que hayan acudido a su trabajo que otros que no lo hayan hecho". El ministro ha optado por quedarse únicamente con los datos del CGPJ y por eso ha agradecido que “la mayoría” de fiscales, jueces y magistrados hayan hecho un “ejercicio de responsabilidad” y hayan cumplido con su “función jurisdiccional” acudiendo a sus puestos de trabajo. 

Modifica las tasas en respuesta a Becerril

La relación entre el Ministerio y la Defensora del Pueblo parece más fluida que con las asociaciones y hoy mismo, en medio de la huelga, y de las acusaciones de las asociaciones de que el Ministerio no mueve ficha, Gallardón ha comunicado a Soledad Becerril su decisión de rebajar las tasas judiciales, tal y como le había solicitado. Le ha comunicado que van a pasar del 0,50 % del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10 %, con el límite de 2.000 euros en primera instancia civil y contencioso administrativo (en lo penal están exentos). Para los recursos civiles, contencioso-administrativos y sociales, se disminuyen del 0,50 % del precio establecido con el límite de 10.000 euros, al 0,10 % , con un máximo de 2.000 euros.

Además, le ha anunciado que se va a eliminar por completo las tasas para un mayor número de personas, adelantando los efectos del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado el pasado mes de enero. Se elevan los umbrales de renta para ser beneficiario de la exención de tasas, que también se aplica a víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes de tráfico y menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato.

A esto se añade también la eliminación por completo de la posibilidad de que el ejecutado hipotecario, o su avalista, de una vivienda habitual pague las tasas abonadas por el banco en caso de ser condenado en costas. Desaparecen las tasas en la ejecución de laudos arbitrales de consumo y se va a devolver a los nuevos beneficiarios de Justicia Gratuita las tasas pagadas desde el pasado 17 de diciembre hasta la inminente entrada en vigor de la reforma legal anunciada.