EL PRIMERO permitió LA DETENCIÓN DE 42 PERSONAS

La UDEF empieza a investigar un segundo expediente de ayudas para cursos en Málaga

La UDEF analiza una segunda resolución de 2,4 millones en ayudas para cursos correspondiente a la provincia de Málaga en busca de nuevos delitos

Foto: Susana Díaz (EFE)
Susana Díaz (EFE)

La investigación del presunto fraude masivo cometido durante años en Andalucía con las subvenciones para la formación de trabajadores acaba de experimentar un nuevo salto. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encargados de la operación Edu contra esta supuesta trama de malversación de caudales públicos ya han comenzado a analizar una segunda resolución de 2,4 millones de euros en ayudas para cursos correspondiente a la provincia de Málaga en busca de nuevos indicios delictivos, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial.

Hasta ahora, las averiguaciones de la Policía se habían centrado en una única resolución de esa misma provincia aprobada en diciembre de 2010 por el director regional del Servicio Andaluz de Empleo, Juan Carlos Lomeña Villalobos. El importe de resolución apenas ascendía a 1,7 millones de euros, una pequeña parte de los más de 3.000 millones de fondos públicos para formación de trabajadores que habría gestionado la Junta de Andalucía en el periodo 2007-2013. Además, ese expediente sólo otorgaba fondos a una veintena de beneficiarios. Pero los agentes decidieron empezar sus pesquisas centrándose en este documento por el elevado número de irregularidades que presentaba.

Juan Carlos Lomea.
Juan Carlos Lomea.
Detectaron que el 75% de las empresas que percibieron las ayudas no había cumplido con la obligación de contratar como mínimo al 60% de los alumnos durante los seis meses siguientes a la realización del curso. Pese a ello, la Junta de Andalucía, encargada de gestionar estos fondos, no habría reclamado su devolución ni habría tomado ninguna medida para impedir que optaran a nuevas subvenciones. Los agentes pudieron comprobar que, en algunos casos, las formaciones supuestamente financiadas con dinero de los contribuyentes ni siquiera habían llegado a realizarse.

Primeras consecuencias penales

El análisis de esa primera resolución fue suficiente para que los investigadores de la UDEF iniciaran el interrogatorio de los alumnos de los cursos fraudulentos y también para que extendieran el ámbito de la operación Edu al resto de provincias de Andalucía. Sólo por las irregularidades detectadas, en ese único expediente ya han sido detenidas 42 personas. Las diligencias están siendo instruidas por el Juzgado número 8 de Málaga, que ha decretado secreto de sumario. 

La cifra puede experimentar un incremento en las próximas semanas. Fuentes próximas a la investigación aseguran que los agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF adscritos al Servicio de Inspección de la Seguridad Social, responsables de la operación Edu, ya han comenzado a analizar un segundo expediente que superaría al primero en el importe total de las subvenciones concedidas. En concreto, las ayudas concedidas mediante esta otra resolución ascenderían a 2.482.671 euros.

Una resolución con 29 beneficiarios

Se trataría de una resolución centrada también en la provincia de Málaga que llevaría igualmente la firma del director del SAE en esa demarcación, Juan Carlos Lomeña. De hecho, fue aprobada el 4 de noviembre de 2010, sólo un mes antes de la que ha sido investigada en primer lugar por la Policía. En este caso, la cifra de empresas que recibieron ayudas para la formación se elevaría hasta las 29.

La compañía que logró la mayor cuantía fue Las Tinajas Oeste S.L., con 171.030 euros. Se trata de una empresa de organización de eventos situada en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre que sólo dispone en la actualidad de un empleado. Las siguientes compañías en la lista de mayores perceptores fueron la Escuela de Hostelería Cueva de Nerja y Andalusian Gourmet Concept SL, que obtuvieron cada una de ellas 168.900 euros.

El estudio de este segundo expediente aún no habría concluido, pero las irregularidades que presenta superarían incluso a las detectadas en la primera resolución analizada por la UDEF. Fuentes cercanas al caso aseguran que la tasa de incumplimiento de la obligación de contratar al menos al 60% de los alumnos inscritos en los cursos rondaría casi el 100%. Pese a ello, los dirigentes de la Junta encargados de supervisar el uso de estos fondos no habrían iniciado ningún trámite para reclamar su devolución.   

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