La UDEF adelantó la detención de Ojeda Avilés tras detectar que destruía pruebas

La detención este lunes del exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés junto a otras siete personas supone un enorme salto en el desarrollo de la operación Edu, la investigación iniciada hace dos años por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para esclarecer la presunta malversación masiva de las ayudas para la formación de trabajadores en esa comunidad. Se trata del primer alto cargo de la administración andaluza que cae en el marco de esta investigación y se espera que su apresamiento permita llegar a los máximos responsables de un fraude que los expertos en delitos económicos de la Policía elevan hasta los 2.000 millones de euros.

Como adelantó este diario el pasado mes de abril, Ojeda Avilés estaba en el punto de mira de las pesquisas desde su mismo inicio. Sin embargo, los agentes decidieron proceder a su detención este lunes tras detectar que el exconsejero de Hacienda de la Junta entre los años 1987 y 1990 estaba tratando de destruir pruebas que le incriminaban en el presunto fraude, según aseguran fuentes cercanas a la investigación. Los policías le detuvieron en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la ciudad en la que veraneaba.

Destruir esas pruebas no le hubiera servido de mucho. La UDEF acumula desde hace meses numerosos testimonios y documentos que convertirían a este histórico dirigente socialista en una de las piezas fundamentales del fraude de los cursos. Con todo, los investigadores tienen previsto realizar este martes registros en domicilios y oficinas vinculadas con su entramado societario. Según las mismas fuentes consultadas, los registros se producirán en las provincias de Cádiz y Sevilla, las mismas en las que se registraron las ocho detenciones de este lunes.

Un botín de 48 millones de euros

Los investigadores buscan nuevas pruebas sobre la red societaria que habría diseñado con el único objetivo de captar la mayor cuantía posible de ayudas. Los expertos en delitos económicos de la Policía adscritos al Servicio de Investigación de la Seguridad Social (SISS) sostienen en diversos informes que ya están en poder de la Justicia que Ojeda Avilés es el último beneficiario de más de 48 millones de euros de estos fondos, aunque el único escrito de acusación formalizado hasta ahora contra él le atribuye la gestión irregular de 14 millones de euros.

Como también adelantó este diario, el mecanismo que habría ideado para conseguir esas ayudas era extremadamente complejo y operaba en tres niveles. El inferior estaba integrado por empresas con apariencia de simples academias de formación que captaban dinero para cursos en convocatorias ordinarias. Después, esas empresas estaban vinculadas entre sí dando lugar a asociaciones que operaban en un segundo nivel desde el que optaban a otras líneas de ayudas. Y por último, la asociaciones se agrupaban en fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro que, desde un tercer escalafón, pedían ayudas específicas para ese tipo de instituciones. Es decir, que el dinero entraba en su red por tres vías distintas. Luego, sus sociedades presentaban ante la Administración gastos superiores a los reales o directamente no realizaban los cursos para los que habían recibido la financiación. La ganancia obtenida mediante esos engaños habría acabado en sus cuentas.

Los investigadores atribuyen a Ojeda Avilés el control de las mercantiles, Qualitaire Consulting SL, Quality & International Aeronautical Service SL, Educanet SL, HASA Asistencial SL, HASA Huelva Asistencial SL, HASA Sevilla Asistencia SL y Prevención de Riesgos de Seguridad, Calidad Prescal SL, ITSA Inspecciones Técnicas Internacionales y Desarrollo Organizacional de Personas y Productividad; las entidades Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, Asociación de Empresas Aeronáuticas, Asociación para la Sociedad de la Información Innova, Asociación para la Calidad Europea Inteca, Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura, Asociación de Empresas de Base Tecnológica Ebatec, Asociación de Prevención de Riesgos Laborales Prevengo y Asociación Andaluza de Empresas de Base Tecnológica; y las instituciones Fundación para el Desarrollo e Integración de Inmigrantes, la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo, la Fundación para la Sociedad de la Información, la Fundación de Apoyo a la Integración, la Fundación de Autónomos y Emprendedores y la Fundación para la Sociedad de la Innovación.

Ya van 50 detenidos

Estas últimas ocho detenciones se enmarcan en la llamada operación Óscar, una pieza de la operación Edu centrada exclusivamente en la trama societaria de Ojeda Avilés que ha sido supervisada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Según fuentes cercanas a la investigación, todos los detenidos pasarán en las próximas a disposición judicial. Se suman a los 42 empresarios que ya fueron detenidos por la UDEF hace tres semanas en Almería, Granada y Málaga como resultado de las pesquisas en ésta última provincia, el lugar en el que arrancó la operación Edu y, por tanto, la pieza que se encuentra más avanzada. No obstante, desde el pasado mes de junio se investiga este fraude en juzgados de las ocho provincias andaluzas.

Hasta ahora, las indagaciones se habían centrado en los alumnos y empresarios de los presuntos cursos fraudulentos, pero la detención de Ojeda Avilés y siete de sus colaboradores supone una importante novedad en las pesquisas. La UDEF sospecha que habría utilizado sus contactos en la cúspide de los diferentes Ejecutivos socialistas para acceder a subvenciones millonarias para cursos y monopolizar incluso algunas de las convocatorias. En 2010, por ejemplo, los siete millones de euros de todo un expediente acabaron en cinco de sus sociedades. Los investigadores esperan que su detención permita elevar el foco de la operación contra sus máximos responsables. Por ahora ya ha caído el primer alto cargo de la Junta.