La ausencia de Torres-Dulce impide decidir el destino judicial del fraude de los cursos

La Fiscalía tiene prisa por judicializar el fraude en torno a los cursos de formación en Andalucía, conocido como 'Operación Edu'. Este jueves estaban convocados en la Fiscalía Anticorrupción los fiscales implicados en las diligencias para decidir en qué tribunal debe ser remitida la causa y qué fiscalía se va a encargar. Sin embargo, esa decisión la tiene que tomar en última instancia el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien no se encuentra en Madrid y manaña tendrá que asistir a las V Jornadas Jurídicas de Ceuta.

De esta manera, fuentes fiscales aseguran que hasta que el máximo representante del Ministerio Público no esté presente y dé el visto bueno, no se va a tomar una decisión final de qué órgano será el competente para investigar un fraude que algunos cuantifican en más de 2.000 millones de euros.

A pesar de que la reunión de este jueves se ha celebrado en Anticorrupción, esta fiscalía a día de hoy no es la encargada del caso. Ese es otro de los aspectos que tendrá que decidir Torres-Dulce y que estas fuentes esperan sea la próxima semana porque el caso debe ser judicializado para avanzar en la práctica de diligencias.

Las diversas opciones que hay son que se encargue Anticorrupción en la Audiencia Nacional; esa misma Fiscalía pero con la juez que investiga los ERE, Mercedes Alaya; o en cada una de las provincias por separado, lo que en su caso podría encargarse la Fiscalía de la comunidad autónoma y no la especializada.

El principal problema que se ha barajado en esta reunión es que la dimensión de este fraude es enorme, teniendo en cuenta que faltan provincias por investigar, y centralizarlo en un único juez podría colapsar el juzgado. De ahí que la idea de que se encargue Alaya no está muy bien vista porque podría hacer que la causa se convirtiera en un sumario interminable. La otra opción sería enviarlo a la Audiencia Nacional, para que lo asuma uno de los seis juzgados centrales de instrucción, y si no, enviarlo a diversos jueces de cada provincia andaluza.

Está en manos de Torres-Dulce adoptar esa decisión aunque posteriormente será el juez al que se lo remita quien deba decidir si es competente para su instrucción. Fuentes policiales consideran que la causa debería acabar en la Audiencia Nacional al verse afectadas varias provincias y ser el órgano con más capacidad y más medios materiales y humanos para encargarse de una investigación de tal magnitud.

Mientras se decide su destino, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha avanzado en la investigación e incluso ya ha ido procediendo a algunos interrogatorios sobre las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo a empresas que presuntamente no cumplían los requisitos legales. Estas ayudas económicas, procedentes en gran parte del Fondo Social Europeo, debían ir destinadas a la inserción laboral, cosa que en la mayoría de casos parece no haber ocurrido.

Los investigadores creen que existe una clara connivencia por parte de la Junta de Andalucía en un entramado sistemático y continuo en el tiempo de desvío de fondos para formación de parados a centenares de empresas e intermediarios, en el que podían haber participado gestorías, asesorías, sindicatos y organizaciones empresariales.