Mapfre juega su baza para que las víctimas de Spanair acepten las indemnizaciones

Mapfre tiene la sartén por el mango en las indemnizaciones a las víctimas por el accidente de Spanair ocurrido el 20 de agosto de 2008. Seis años después de que el avión se estrellara en el aeropuerto de Barajas, todavía está muy lejos para que se dé por zanjado el asunto económico, una vez que el proceso penal quedó archivado al no ver suficientes indicios de delito contra ningún responsable. La aseguradora de la aeronave ha estado esperando precisamente a que la vía penal concluyera, y ahora es ella la que pone las condiciones.

Según fuentes jurídicas, los procesos civiles pueden convertirse en un camino muy largo y arduo y ahora que no va a haber un tribunal penal que fije las indemnizaciones, Mapfre está en disposición de negociar y buscar acuerdos con las víctimas que todavía no se han fijado una cantidad. Por ahora, ya hay 86 personas –70 familiares de los 154 pasajeros fallecidos y 11 de los 18 supervivientes– que han decidido negociar y dar carpetazo al asunto, mientras que otras confían en poder obtener mucho más beneficio.

La diferencia entre los que unos piden y otros están dispuestos a dar es abismal. Los afectados reclaman más de 300 millones de euros, mientras que la aseguradora no está dispuesta a que la suma de todos los procesos ascienda a más de 32, de los cuales ya ha abonado 20. Fuentes de la carrera judicial explican que las indemnizaciones deben lucharse individualmente porque cada caso tiene una peculiaridad.

Así, juristas analizan la situación y señalan que los razonamientos de los abogados de los afectados no van por el buen camino. La primera razón es que alegar que Spanair tenía una póliza de 1.500 millones de euros y que ese dinero debe ser invertido en las víctimas no es una explicación convincente. Cada víctima debe cuantificar sus daños, físicos, morales o psicológicos, entre otras cosas, para fijar lo que le corresponde.

Por otro lado, cuando se alude al artículo 21 del Convenio de Montreal, que fija que los daños de hasta los 120.000 euros (a fecha actual) el transportista debe asumir la responsabilidad, eso no significa que se deba pagar esa cantidad a cada una de las víctimas, sino que se tienen que acreditar y cuantificar los daños y, si no supera esa cantidad, debe pagar la compañía. En caso de ser superior, entonces se podrá eximir su responsabilidad si prueba que el daño no se debió a negligencia suya.

Retraso en las indemnizaciones

Por otro lado, Mapfre considera que, para fijar la cuantía, el baremo en el que se tiene que basar es en el de las víctimas de accidentes de Tráfico, al que le ha añadido un 20%. Sin embargo, estas fuentes señalan que es cierto que este baremo cada vez se utiliza más como una orientación de mínimos. Es decir, puede servir para hacer una estimación, pero hay que tener en cuenta las peculiaridades de este caso. Se trata de un medio de transporte que el usuario cogió poniendo toda su seguridad en manos de terceros, y habiendo pagado por ello, a diferencia de lo que ocurre en un accidente de tráfico.

Actualmente, hay 20 procesos abiertos. Hoy se iba a celebrar la vista en un juzgado de lo mercantil de Madrid, pero se ha pospuesto mientras que se decide la petición de Mapfre de acumular todos los procesos en un mismo juzgado, y que tendrá que ser al primero al que le entró una reclamación, por una cuestión de antecedentes.

Mientras tanto, tanto los afectados como la aseguradora pueden ir llegando a acuerdos si así lo consideran oportuno, aunque estas fuentes explican que Mapfre tendría que abonar los intereses porque esas indemnizaciones se podrían haber pagado desde el inicio del proceso. En caso de haberse resuelto previamente la parte civil y haber prosperado el proceso penal, en el juicio sólo se fijarían las responsabilidades penales, es decir, los delitos y condenas, algo que ya es imposible porque el caso está cerrado.

La alternativa empleada fue que, desde diciembre de 2012, la compañía ha consignado las indemnizaciones de forma individualizada y por daños objetivos, ofreciendo una cantidad un 20% al baremo establecido por la legislación española y hasta un 30%, de acuerdo a la última actualización. Así, según fuentes jurídicas, se abonaron en las primeras semanas tras el accidente los correspondientes anticipos a las víctimas, incrementando en un tercio lo establecido por la normativa comunitaria, hasta alcanzar los 25.000 euros e incluso adelantó el pago a alguna de ellas. Concretamente, abonó más de dos millones de euros en gastos sanitarios y funerarios.

Fuentes del caso explican que la intención de Mapfre a día de hoy es evitar los juicios y conseguir acuerdos a través de la mediación porque, una vez que acabe de indemnizar a todos los perjudicados, no descarta reclamar todas las cantidades abonadas a Boeing, la constructora de la aeronave.