El juez no se cree la trampa contra Cervera y apunta diez indicios contra él

El futuro judicial del exdiputado navarro Santiago Cervera se complica y mucho. El magistrado Fermín Otamendi, que instruye su causa en el juzgado de instrucción número 2 de Pamplona, ha concluido la investigación del caso y de su auto se desprenden dos importantes conclusiones contra el ex político del Partido Popular. Primero, que el juez no se cree la teoría de la trampa que Cervera ha esgrimido hasta ahora para argumentar por qué fue a recoger un sobre a las murallas de Pamplona con supuesta información confidencial sobre el presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin. Por otro lado, Otamendi argumenta hasta diez “indicios racionales” que apuntan en contra de Cervera y que aconsejan, por tanto, acudir a un juicio oral en el que se puedan valorar objetivamente.

El juez del caso Cervera considera que la teoría de la trampa no se sostiene, que la actitud de Cervera en el momento en el que fue detenido es muy sospechosa y, añade, además, que no se puede descartar incluso el movil económico a la hora de sospechar sobre la posibilidad de que fuera el expolítico la persona que envío un correo electrónico a Asiáin exigiéndole 25.000 euros en un sobre cerrado y plastificado a cambio de que esa supuesta información contra él no saliera a la luz. Sin embargo, uno de los incidios más demoledores del juez contra Cervera tiene que ver con dos informes periciales linguísticos que apuntan, “con una alta probabilidad” a que es Cervera el autor del correo enviado al presidente de Caja Navarra. “Dichos informes periciales no han sido contradichos por ningún otro informe pericial practicado a instancias del imputado, que se ha limitado a poner en duda, sin apoyo científico objetivable alguno, los resultados de las pericias practicadas en la causa”, expone el juez en sus conclusiones.

El auto de Otamendi resulta demoledor para las tesis que, hasta ahora, ha mantenido siempre el exdiputado del PP. El juez recuerda, eso sí, que el auto no es “una sentencia condenatoria” contra Cervera, pero sí un resumen de los indicios racionales que observa contra él y que aconsejan la apertura de juicio oral.

Son, en total, hasta diez indicios. El primero el hecho de que Cervera fuera detenido el 9 de diciembre junto a las murallas de Pamplona, cuando acudió a recoger el sobre, según Cervera, víctima de una trampa tendida por una persona anónima. El magistrado concluye, en segundo lugar, que “la actitud del imputado en el momento de ser detenido no es la esperable en una persona que ha sufrido una trampa y que, además, es miembro del Congreso de los Diputados”.

En tercer lugar, Otamendi recuerda los resultados de las pruebas periciales linguísticas ya señaladas y, en cuarto lugar, valora la situación económica del exdiputado como posible móvil del intento de extorsión. Argumento con el que el juez trata de responder a quienes consideran que un diputado del Congreso pudiera arriesgarse a las consecuencias que ha tenido este caso por una suma de solo 25.000 euros.

“La situación económica del imputado –razona el auto–, puesta de manifiesto como consecuencia de la investigación patrimonial practicada en las presentes diligencias, hace que no pueda descartarse que tuviera realmante un movil económico que explicara o justificara la comisión del delito que se le imputa, sin perjuicio de que pudieran existir otros móviles concomitantes, lo que no puede descartarse (por ejemplo, determinar el valor o autenticidad de unos documentos o una información que pudiera tener el imputado)”.

No da verosimilitud a la teoría de la trampa

Los siguientes “indicios” expuestos por el juez ponen en evidencia que el juez no encuentra argumentos para creer la teoría de que Cervera fue víctima de una trampa. Esta teoría, añade el magistrado, “depende de tantas variables absolutamente incontrolables que resulta prácticamente imposible de admitir”.

“El imputado no ha dado una epxlicación razonable y verosimil a las cuestiones fundamentales que justifican su teoría de la trampa: quiénes se la tendieron, cómo se la tendieron, por qué se la tendieron, para qué se la tendieron, quién ha ganado con todo esto y qué se ha ganado”, añade.

Otamendi pone en duda también los motivos por los que Cervera acudió al lugar donde fue detenido diez días después de haber recibido él un correo en el que se le ofrecía recoger esa información y “justo precisamente después del momento en que, según el correo recibido por José Antonio Asiáin, debía depositarse el dinero”.

“El diputado fue detenido cuando no habían pasado siquiera 36 horas desde el vencimiento del plazo dado por el chantajeador, siendo que en el correo recibido por el imputado el día 29 de noviembre, se le decía que la información que se le ofrecía ya se encontraba en el lugar en ese momento y que el imputado estuvo en Pamplona con anterioridad al fin de semana en el que fue detenido, tal y como se constató por la información remitida por la compañía aérea, sin perjuicio de que también pudo venir en más ocasiones usando otros medios de transporte”, añade el auto.

El indicio número ocho señala que el correo que recibe Cervera fue enviado desde una “red TOR”, lo que hace imposible determinar quién y desde dónde se ha mandado ese correo. Por ello, añade que tampoco se puede despejar la duda de que fuera el propio diputado quien se escribiera ese correo a sí mismo para “en caso de ser descubierto, poder usarlo para justificar su actuación”.

El juez, en su argumento noveno, va más allá y señala que tampoco se puede excluir queCervera, tras recoger esos documentos, decidiera utilizar los mismos para chantajear al denunciante. “Es decir, la recepción del correo por parte del imputado no excluye por completo que fuera el autor del correo delictivo objeto de las presuntas diligencias, pues tuvo tiempo más que suficiente para recoger la documentación, examinarla y remitir el correo delictivo”, añade.

Por último, destaca también que el expresidente del PP de Navarra no ha dado “una explicación razonable ni verosímil, teniendo en cuanta su condición y responsabilidades, sobre por qué acudió, personalmente y solo, a recoger un sobre que una persona desconocida y anónima le decía que le había puesto diez días antes en un lugar apartado de Pamplona, donde podía quedar completamente expuesto”. Y todo, a pesar de que el propio Cervera contestó diciendo que no solía hacer caso a correos anónimos y que el sistema de recogida le parecía inaceptable. Otamendi entiende, en este sentido, que “las explicaciones ofrecidas al respecto por el señor Cervera no resisten la más mínima crítica y son cotrarias a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”.

Tras su análisis, el juez ve positivo que Cervera se haya sometido a todas las pruebas que se han llevado a cabo, como el examen de todos sus dispositivos electrónicos, incluido sus ordenadores y teléfonos del Congreso. Pero señala también que el hecho de haber dimitido como diputado hizo que estos dispositivos fueran borrados.

Por todo ello, y ante la existencia de tantos “indicios racionales, no pruebas contra el imputado”, el juez señala que lo razonable es seguir adelante con la valoración de dichos indicios, lo que deberá hacerse en un juicio oral. Por ello, ha dado traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que, en un plazo de 10 días, soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.