¿El desarme más falso de la historia? ETA se llevó de nuevo material para 6 bombas

Las últimas informaciones que han trascendido sobre la primera entrega de armas de ETA en su historia reciente elevan la dimensión del esperpento que ha rodeado desde el primer momento a este absurdo episodio, jaleado hasta ahora únicamente por la izquierda abertzale. Primero sorprendió el escaso tamaño del arsenal que la banda había decidido dejar “fuera de uso operativo”, apenas 16,5 kilos de explosivos, tres pistolas, un fusil, dos granadas, 300 balas y dos rollos de cordón detonante, una ínfima parte del arsenal que según las Fuerzas de Seguridad aún esconde en tres zulos en Francia. Pero este domingo trascendió que esa entrega ni siquiera se produjo. Los etarras volvieron a llevarse las armas y los explosivos de las imágenes, una cantidad suficiente para fabricar seis bombas idénticas a la que mató a los guardia civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en 2009, las dos últimas víctimas mortales de ETA en España.

Los datos los aportaron este domingo en la Audiencia Nacional tres de los seis integrantes de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) creada por ETA para amplificar el simbolismo y la resonancia de su disolución. Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe tuvieron que declarar como testigos ante el juez Ismael Moreno a petición del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), que ha exigido que se aclare cómo se fraguó la grabación de la falsa entrega de armas.

750 euros por encuentro

Los tres aseguraron que la entrega se produjo en un piso de Toulouse, al sur de Francia, después de que ETA les contactara el pasado mes de enero con una carta anónima. También revelaron que realizan esta labor a sueldo de un país escandinavo, que canaliza los pagos a través del Grupo Asesor para el Diálogo (DAG, en inglés), una empresa radicada en Amsterdam que creó el propio Manikkalingam con el propósito de intermediar en conflictos internacionales. El del País Vasco es uno de sus mayores encargos. Por cada encuentro con ETA, los miembros de la CIV se embolsan 750 euros por barba.

Con todo, el detalle más relevante que no se había conocido hasta ahora es que, después de grabar el célebre vídeo, los miembros de ETA cogieron todo el material del que aparentemente habían decidido desprenderse y volvieron a llevárselo. Aunque en un primer momento los verificadores aseguraron que las armas y explosivos estaban en una zona segura y que si la organización terrorista accedía a ellos se enterarían automáticamente, este domingo admitieron que siguen bajo el control exclusivo de ETA.

Artefactos en perfecto estado

Los verificadores insisten en que han comprobado que el material ha quedado “fuera de uso operativo”, pero no hay ninguna evidencia que lo demuestre. En las imágenes sólo se ve a Manikkalingam y Kasrils echando un vistazo a la mercancía que los etarras han puesto sobre la mesa y recogiendo las dos hojas del inventario de esta presunta primera entrega. Pero ni las pistolas son inutilizadas en el vídeo, ni las granadas desactivadas, ni las sustancias explosivas destruidas.

Para conseguirlo, habría bastado con quemar el material o detonarlo de forma controlada. Eso es lo que siempre han hecho los Tedax de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las sustancias incautadas en zulos de ETA. En marzo de 2013, por ejemplo, agentes de la Guardia Civil volaron en Guipúzcoa más de 1.400 kilos de explosivos aprehendidos en 2011 al comando Erreka (ver vídeo). Sin embargo, nada de eso aparece en la grabación de la BBC. El desarme, tal y como ha sido planteado por los teóricos verificadores independientes, exige una fe ciega en la banda terrorista, que precisamente no se ha caracterizado en sus cinco décadas de historia por actuar con un profundo sentido de la ética.

El supuesto inventario también presenta graves deficiencias. La lista que recoge las armas, munición y temporizadores que integraban ese primer lote no detalla los números de serie de las pistolas ni del fusil supuestamente entregado. Tampoco se especifican los números de referencia de los temporizadores y las granadas, ni se ofrece ningún detalle que permita identificar sin género de duda los 16,5 kilos de explosivos contenidos en diferentes bolsas. Es decir, que ETA puede volver a utilizar ese mismo material en la escenificación de una nueva entrega de armas. Nada lo impide.

La entrega se hizo en un edificio

Los nuevos datos que se han conocido sobre el modo en que los verificadores contactaron con los etarras conducen directamente del esperpento a la estupefacción. En España y en todo el mundo avanzado la legislación obliga a las empresas dedicadas al almacenamiento de explosivos a cumplir con unas estrictas medidas de seguridad para evitar que puedar sufrir daños los manipuladores o terceras personas por detonaciones accidentales. No es habitual pero las sustancias explosivas industriales (y las de fabricación casera aún más) pueden detornarse inesperadamente por una descarga eléctrica, por la acción de una fuente de calor o por simpatía con otra explosión.

No parece que estos peligros hayan inquietado mucho a los verificadores, que han reconocido que la escena tuvo lugar en el piso de un edificio de viviendas de Toulouse. Es decir, que los casi 20 kilos de explosivos que aparecen en el vídeo encima de una mesa como si fuera un puesto de fruta podrían haber explotado por accidente entre toma y toma mientras la viuda del piso de abajo le atusaba el pelo a su gato o el matrimonio joven con tres hijos del piso de arriba ponía la mesa.

Pese a todo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) está seguro de que el proceso va por buen camino. Este domingo, el lehendakari Iñigo Urkullu se desplazó hasta Madrid para reunirse y fotografiarse con los tres verificadores antes y después de que pasaran por la Audiencia Nacional. Su representante en el proceso, el secretario general de Conviviencia y Paz del Gobierno vasco, Jonan Fernández, denunció la citación judicial de los mediadores y pidió a Mariano Rajoy que “reflexione profundamente sobre las consecuencias de dilatar el proceso” y de “someter a la sociedad vasca a un estado de convulsión permanente”.

Los verificadores pasaron la noche del sábado en Madrid en el céntrico Hotel Villa Real, situado justo en frente de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, un establecimiento de cinco estrellas en el que el precio por noche de la habitación individual supera los 150 euros. Los miembros de la CIV también eligieron un hotel de cinco estrellas para hospedarse durante las dos noches que durmieron en Bilbao, en concreto, el Hotel Carlton, donde el coste de la habitación individual se sitúa en torno a los 100 euros.