Un nuevo informe pericial vuelve a poner en entredicho a Ruz y dinamita el caso SGAE

El sumario del caso SGAE que instruye Pablo Ruz se desmorona como un castillo de naipes. Un nuevo y demoledor informe pericial, al que ha tenido acceso El Confidencial, no sólo pone en entredicho la investigación impulsada por el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso Carbajo contra la anterior cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores, sino que siembra serias dudas sobre las imputaciones dictadas en 2011 por el juez de la Audiencia Nacional contra Eduardo Teddy Bautista y varios exdirectivos de la entidad que gestiona los derechos de autor.

El 1 de julio de 2011, Ruz autorizó la entrada y registro del palacio de Longoria, sede madrileña de la SGAE, que fue tomada al asalto por la Guardia Civil en una espectacular redada retransmitida en vivo por cadenas de radio y televisión. La bautizada como Operación Saga concluyó tres días después con la incautación de montañas de documentos y equipos informáticos y la detención de nueve directivos y empresarios, entre ellos el propio Bautista y José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la filial digital de la SGAE.

Ruz, siguiendo al pie de la letra las directrices marcadas por el fiscal y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, imputó a Bautista, Rodríguez Neri y parte de la cúpula de la SGAE por un presunto delito continuado de apropiación indebida y otro de administración fraudulenta. Los cargos se basaban en el supuesto desvío de cantidades millonarias, procedentes de los derechos de autor y el canon digital, desde la SDAE a la mercantil Microgénesis, el socio tecnológico de la SGAE, por proyectos informáticos inexistentes o pagados a precios inflados.

Ahora, un informe pericial elaborado por un equipo de expertos informáticos, encabezado por el catedrático de Lenguajes y Sistemas de la Información Mario Gerardo Piattini, desmonta uno por uno esos argumentos. Piattini, considerado uno de los científicos más valorados mundialmente en el campo de la ingeniería de software, concluye que los proyectos que Microgénesis realizó para la SGAE entre 2000 y 2011 supusieron "un importante esfuerzo de reingeniería de sus procesos organizativos así como de migración de su estructuta tecnológica", y que el "coste imputado" por esos trabajos "se puede considerar el normal en ese periodo".

Tras realizar un exhaustivo análisisde todos los proyectos tecnológicosque Microgénesis facturó a la SGAE durante más de una década –con un coste aproximado de 29 millones de euros–, Piattini y su equipo sostienen que aquellos trabajos se realizaron mediante "las prácticas habituales de ingeniería del software que se empleaban durante los años 2000 a 2011", y que la cantidad desembolsada por la SGAE "se encuentra dentro del rango razonable que se puede establecer utilizando las principales técnicas reconocidas en ingeniería del software a nivel internacional".

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El informe pericial,de casi 400 páginas y tituladoValoración de los activos software de SGAE,fue entregado el pasado viernes en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por el abogado de Rodríguez Neri y será incorporado al sumario para poder contrastarlo con el informe que Ruz ha encargado a su vez al Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma de Madrid, que aún no está concluido. El letrado, en un escrito adjunto, denuncia el "patente error" supuestamente cometido por el juez y el "ocultamiento" de pruebas por parte de la Guardia Civil.

El trabajo de los peritos, desarrolladomediante complejas técnicas de estimación de activos informáticos conocidas comobackfiringy COCOMO II, se complementa con el estudio comparativo de los proyectos tecnológicos licitados por las AdministracionesPúblicas durante esos 11 años y los trabajos que Microgénesis facturó a la SGAE en el mismo periodo de tiempo. Y estableceuna valoración de costes de 67 millones de euros, en su horquilla más alta, y de 27 millones en la más baja, frente a los 29 desembolsados por la SGAE a cambio de las herramientas y aplicaciones informáticas para agilizar la gestión de los derechos de autor.

El sumario que instruye Ruz arranca de la denuncia presentada en 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción por Víctor Domingo en representación de la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Hosteleros Víctimas del Canon y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías. El presidentede esta última, Josep Jover, llegó a asegurar que la SGAE, a través de su filial digital SDAE, había desviado más de 400 millones de eurosa Microgénesis por trabajos inexistentes o valorados muy por encima de los precios de mercado.