Las pifias de Ruz desinflan el macroproceso por corrupción contra la SGAE

Se lamentaba el pasado sábado Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, de que la prolongada investigación judicial del caso Nóos, abierta en 2011, está suponiendo "un martirio"para la Corona. Poco tiempo en comparación con los más de seis años transcurridos desde que la Fiscalía Anticorrupción abriese diligencias, en noviembre de 2007, a raíz de una denuncia presentada por varias asociaciones de internautas contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y parte de su cúpula directiva, encabezada entonces por Eduardo Teddy Bautista, por presunta apropiación indebida de los fondos recaudados por los derechos de autor y el canon digital.

Aquella investigación languideció hasta que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, queheredó el sumario tras la caída en desgracia de Baltasar Garzón, ordenóen julio de2011 la entrada y registro de la sede de la SGAE, que fue tomada al asalto por la Guardia Civil en una espectacular redada retransmitida en vivo por televisiones y radios, y la detención de nueve directivos y empresarios, entre ellos el propio BautistayJosé Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la filial digital de la entidad. Pero hoy, dos años y medio después de aquel mediático asalto, la investigación está empantanada y a punto de irse a pique por la aparente falta de consistencia de las acusacionesy, sobre todo, por los errores de cometidos por Ruz y el fiscal del caso, José Miguel Alonso Carbajo.

El sumario que instruye Ruz ha calcado casi punto por punto los argumentos de la denuncia interpuesta en 2007 contra la SGAE y la SDAE por Víctor Domingo en representación de la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. Uno de los denunciantes, el abogado Josep Jover, calculabaque la SGAE, a través de su filial SDAE, había desviado 400 millones de euros procedentes del canon digital y los derechos de autor a un entramado empresarial encabezado por la mercantil Microgénesis, de la que Rodríguez Neri fue consejero delegado hasta 2003, por unos trabajos inexistentes o valorados muy por encima de los precios de mercado. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis del sumario judicial y la consulta a fuentes muy cercanas a la investigación, esos argumentos se desmoronan como un castillo de naipes.

La SDAE, en realidad, ha pagado 26,4 millones de euros en un periodo de siete años a Microgénesis –su socio tecnológico desde el año 2000– a cambio de las herramientas y aplicaciones informáticas que ésta le ha suministrado para agilizar la gestión de los derechos de autor, según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado incorporado al sumario. Un desembolso que ha sido aprobado anualmente por los consejos de administración de la SGAE y la SDAE,y refrendado por la asamblea general de socios.

El clonado que nunca existió

El 1 de julio de 2011 Ruz autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la entrada y registro del palacio de Longoria, sede madrileña de la SGAE, así como de los domicilios de varios de los imputados, para incautarse de "cualquier documento, útil o efecto que tengan relación directa con los delitos investigados". El auto del juez ordenaba de forma taxativa: "Procédase in situ al clonado y volcado o copiado de la documentación en soporte informático, y caso de no poder realizarse en el desarrollo de la misma diligencia de entrada y registro, procédase a su precinto". Sin embargo,los agentes que tomaron la SGAE no hicieron correctamente ni una cosa ni la otra.

Los guardias civiles de la UCOse incautaron de más de 60 cajas repletas de documentos en papel, pero sólo clonaron uno de los 180 servidores informáticos de la SGAE. En otras palabras: no copiaron aquellos que almacenaban la información más relevante para la causa, según las fuentes consultadas. El acta levantada aquel día por el secretario judicial señalaba textualmente que los agentes se llevaron una "copia del servidor de datos (...) realizada directamente del servidor Snapshot [sic]". Sin embargo, olvidaron clonar decenas de servidores que contenían miles de archivos y documentos. Y ese error impidió que tan ingente material informático quedase precintadopara evitar una posible manipulación por terceros, como había exigido Ruz.

Recrearse en el error

En los meses posteriores, las defensas de los imputados hicieron ver al juez el grave error cometido por la Guardia Civil, y reclamaron un nuevo y efectivo clonado de los servidores de la SGAE en su sede del palacio de Longoria por peritos informáticos. Perotanto Ruz como el fiscal Alonso se opusieron a ello. Y no sólo eso: vetaron también la petición de los imputados de encargar por su cuenta un informe pericial de los archivos informáticos clavenunca clonados por la Guardia Civil. "En este momento procesal", argumentaba Ruz en un auto del 4 de enero del pasado año, "no hay justificación a la petición de acceso por los peritos de parte a servidores e instalaciones de la SGAE".

Tirón de orejas a Ruz

Pero tan sólo dos meses después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enmendaba la plana a Ruz. En un auto fechado el 27 de marzo de 2013, la Sección 3ª, formada por los magistrados Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, daba un tirón de orejas al juez y autorizaba el clonado de los servidores de la SGAE que reclamaban los imputados para tratar de demostrar que los trabajos encargados por la SDAE a Microgénesis fueron reales y pagados a precios iguales o inferiores a los de mercado. Es decir, que no hubo malversación de fondos.

Los imputados encargaron el volcado y análisis de los archivos a la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Ruz al Departamento de Ingeniería Informática del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. El auto de la Sala de lo Penal era muy claro: "Acordamos que se entregue a los peritos-técnicos de la Universidad de Castilla-La Mancha copia clonada digital de los servidores de la SGAE, SDAE y Teseo [el sistema de gestión de derechos de autor]. Hágase entrega de otra copia a los peritos designados por el juzgado". Los tres magistrados apelaron en su resolución al "derecho fundamental a la defensa en la vertiente de prueba", con el fin de dar a los imputados la oportunidad de "demostrar la valoración técnica y económica de los servicios informáticos prestados".

Una investigación sesgada

Desde que arrancó la investigación judicial, Ruz ha dado por buenos todos los argumentos del fiscal anticorrupción, basados en las pesquisas de la Guardia Civil, que a su vez se ha limitado a tirar del hilo de los supuestos indicios recogidos por el conglomerado de asociaciones que aglutina la plataforma Todos Contra el Canon. El abogado Josep Jover, uno de los firmantes de la denuncia, admitió tras el asalto a la sede de la SGAE que él mismo estuvo "ayudando"a la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Y aseguró que más de 400 millones de euros "han desaparecido, sin más"de las arcas de la SGAE. Pero la cifra es descabellada. La propia Intervención General de la Administración del Estado, en un informe incorporado al sumario, advierte a Ruz de que Microgénesis, la mercantil a la que supuestamente se habrían desviado esos 400 millones de euros, recibió en realidad 26,4 millones en el periodo 2003-2009 por los trabajos que realizó para la SDAE.

Neri nunca ocultó su salario

Los investigadores de la Guardia Civil informaron a Ruz un día antes de la intervención, y este así lo incorporó al sumario, que Rodríguez Neri "ha venido obteniendo un importante sobresueldo, al margen de su retribución de la SGAE y la SDAE, que se justificaría y ocultaría facturando por hipotéticos servicios de consultoría". Según Ruz, se trataba de una "nómina encubierta". Pero esa hipótesis se vino abajo pocos meses después. El 2 de diciembre de 2011, la SGAE (gobernada entonces por una comisión gestora tras eldescabezamiento de su cúpula)remitió un escrito a Ruz, elaborado por el despacho de abogados Sagardoy (asesor laboral de la sociedad de autores),para aclarar que el salario de Rodríguez Neri se desglosaba en dos pagos: 85.136,87 euros brutos anuales en nómina y otros 140.616 euros anuales mediante una factura girada por la mercantil Hipotálamo, propiedad de aquél. Ese escrito también figura en el sumario.

Ruz y la Guardia Civil también pasaron por alto que el Consejo de Administración de la SDAE, en su reunión del 4 de mayo de 2000, había aprobado que la retribución fija de Rodríguez Neri se instrumentaría "mediante la combinación de un contrato laboral y un contrato de servicios con la sociedad mercantil Micromega”, la precursora de Hipotálamo. Los acuerdos de aquel consejo, según consta en el acta al que ha tenido acceso El Confidencial, fueron refrendados por todos los consejeros de la SDAE: Teddy Bautista, Ana Álvarez-Diosdado, Luis Gómez Escolar, Pablo Herrero, José Ramón Martínez Márquez, Juan Antonio Porto, Francisco Salazar, Enrique Loras, Teresa Alfonso y el propio Rodríguez Neri. Pese a esas evidencias, Ruz dictó un auto el pasado 13 de diciembre en el que volvía a insistir en la “absoluta ficción” de las facturas emitidas por Rodríguez Neri a través de Hipotálamo.

Microgénesis, "contratista principal"

La Guardia Civil, el fiscal y el juez sitúan a Microgénesis en "la cúspide de la trama empresarial parasitaria de la SGAE", y afirman que esa mercantil "se ha constituido en un importante y privilegiado proveedor de productos informáticos para la SDAE. De esta forma, Microgénesis presuntamente habría sobrevivido y crecido gracias a su privilegiada relación económica con la SDAE". Pero habría bastado con echar un vistazo a las actas de aquel consejo de administración de la SDAE para descubrir que, desde el año 2000, Microgénesis es el socio tecnológico de referencia de la sociedad digital. Un acuerdo que se fue renovando anualmente hasta 2011 y que contó con el visto bueno de los órganos de gobierno de la SDAE y la SGAE, además de la asamblea de socios de esta última.

El punto 8º de esos acuerdos señala: "La SDAE será siempre el cliente principal y prioritario de Microgénesis. En este sentido, Microgénesis actuará como una sociedad instrumental de la SDAE, prestándole a este fin todos los servicios que necesite dentro de su ámbito de actuación". Y los puntos 9º y 10º añadían que "la SDAE se compromete a contratar con Microgénesis como contratista principal", y que ésta "suministrará información puntual y veraz a la SDAE de las actuaciones de las empresas del Grupo Microgénesis que intervengan como subcontratistas".

Fuentes muy cercanas al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional negaron ayer a El Confidencial que la instrucción esté "empantanada", y añadieron que Ruz está pendiente de recibir las pruebas periciales encargadas a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Intervención General de la Administración del Estado. En cuanto al copiado de archivos informáticos llevado a cabo por la UCO de la Guardia Civil en 2011, las mismas fuentes precisaron que "se hizo el clonado de lo que se consideró necesario en aquel momento".