Lesmes pone en manos de dos mujeres el análisis de la reforma del aborto

Una de las primeras decisiones que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha adoptado nada más aterrizar en su nuevo puesto es elegir a la persona que se va a encargar de elaborar el informe sobre la polémica reforma de la Ley del Aborto propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Todavía el texto definitivo no está claro, ya que el propio ministro ha dicho que está dispuesto a escuchar alguna propuesta de compañeros de su partido, aunque advierte de que no va a haber modificaciones sustanciales. A pesar de los cambios que puedan producirse, Lesmes, candidato de Gallardón para presidir el CGPJ, ya ha elegido al vocal que debe decir si el texto del Ministerio se acoge a los parámetros constitucionales y legales.

Desde hacía días sonaba el nombre de Carmen Llombart, mujer, magistrada y conservadora, para hacer ese trabajo. Sin embargo, las voces críticas no se hicieron esperar a la vista de que el presidente busca el respaldo al texto del ministro, y Lesmes ha optado por poner junto a la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia a otra mujer vocal, pero del ala progresista, la abogada Pilar Sepúlveda.

Evitar enfrentamientos

Estos dos nombres fueron aprobados este jueves por la Comisión Permanente, a propuesta del presidente. Fuentes próximas al Consejo señalan que el nombre de Sepúlveda ha salido para evitar un enfrentamiento nada más empezarafuncionarel nuevo órgano de los jueces, aunque el peso del informe lo llevará Llombart, apadrinada por el anterior vicepresidente del órgano, Fernando de Rosa.

Hasta que llegara este Consejo, los ponentes de los informes se elegían por estricto orden rotatorio. Sin embargo, con la llegada de Lesmes han cambiado las cosas. A partir de ahora él propone al ponente y su nombre es aprobado por la Comisión Permanente.

Los informes del Consejo no son vinculantes, pero sí tienen mucho peso. Es más, el Gobierno modificó algunos aspectos de la reforma del Código Penal después de que el órgano de los jueces fuera duro con algunos de sus extremos. Concretamente, señaló que la custodia de seguridad que pretendía introducir Ruiz-Gallardón era inconstitucional, figura que finalmente se decidió extraer del texto ministerial.

El peso de la Comisión Permanente

Con la última reforma del Poder Judicial, aprobada por el actual Ministerio de Justicia, se ha dado prácticamente todo el peso del Consejo a la Comisión Permanente. Los cinco vocales que la componen, junto al presidente, son los únicos que tienen dedicación exclusiva en el órgano. El restotiene que compaginar su trabajo ordinario con el de vocal. Los de la Comisión Permanente son los únicos que mantienen secretaria y un sueldo fijo al mes, al contrario del resto, que tendrán que compartir secretarias y cobrarán dietas cada vez que tengan que acudir al Consejo, principalmente para los plenos.

Los miembros de la Permanente fueron elegidos por su presidente. Se trata de vocales que van a ser claves en prácticamente todas las decisiones de la institución. Hay tres integrantes elegidos por el PP (el propio Lesmes y los magistrados Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán), dos por el PSOE (el exdiputado y abogado Álvaro Cuesta y la magistrada María del Mar Cabrejas) y uno por CiU (la parlamentaria Mercé Pigem). Las decisiones se aprueban con mayoría simple y el presidente tiene el voto de calidad en caso de empate.

Una reforma puesta en entredicho

El papel que tiene ahora el CGPJ en su próximo informe sobre la reforma de la Ley del Aborto no es sencillo. El texto elaborado por el equipo de Ruiz-Gallardón no ha sido bien visto ni siquiera por parte de las filas del Partido Popular, al dejar de considerarse la interrupción del embarazo un derecho de la mujer que se pueda ejercer libremente durante las primeras 14 semanas del embarazo y hasta la semana 22 en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o por graves anomalías en el feto.

El informe que emita el CGPJ tendrá que decir su postura acerca de que el aborto ya no sea en España un derecho para las mujeres, sino undelito regulado; acerca de los dos supuestos previstos para abortar, como violación (12 semanas, cuando se aporte denuncia) o riesgo para la salud de la madre (22 semanas). En este último caso,deberá acreditarse en un informerealizado por dos médicos distintos al facultativo que practique la intervención y de diferentes centros sanitarios. Además, se elimina el supuesto de malformación del feto, aunque las mujeres podrán abortar si se demuestran anomalías incompatibles con la vida y un riesgo psíquico o físico de la madre. Los daños tendrán que quedar probados en un informe médico al que debe acompañar otra acreditación médica de la malformación incompatible con la vida.En el caso de que la gestación suponga un peligro vital para la vida de la madre o para su salud, derivado de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes,no habrá límite de tiempo para interrumpir el embarazo.

Con la reforma, será obligatorio que los menores tengan elconsentimiento paterno antes de abortar y tendrán que informar a sus padres o tutores. Por otro lado, se regula para todos los profesionales la objeción de conciencia.