De la Corona a sus señorías y los sindicatos, nadie quedó a salvo de la lupa judicial

El año que acaba de quedar atrás ha sido especialmente duro para las instituciones españolas, que no se han librado de ser investigadas judicialmente. La corrupción ha azotado muy fuerte a partidos políticos, sindicatos e incluso la Monarquía, y todos ellos han tenido que desfilar ante jueces que los están investigando por sus comportamientos indiciariamente alejados de la legalidad. Aunque el año 2013 comenzó con el bombazo de las cuentas en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas, lo que provocó que saltara a la prensa y después a la Audiencia Nacional una presunta contabilidad B dentro del partido, la noticia que realmente disparó las alarmas fue la imputación de la infanta Cristina de Borbón.

El pasado 3 de abril, el juez de Palma José Castro daba la campanada. La hija de los Reyes quedaba imputada como cooperadora necesaria de los delitos cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que, sin embargo, recibió numerosas adjudicaciones de contratos públicos, que supuestamente recibieron por su vinculación con la Casa Real, al ser la Infanta vocal de la junta directiva.

Que la hija del Rey estuviera mezclada en un asunto judicial fue un escándalo no sólo dentro de nuestras fronteras, sino en el extranjero, lo que produjo un nuevo varapalo a la imagen y credibilidad de España. Sin embargo, doña Cristina no llegó a hacer el paseíllo en los juzgados de Palma de Mallorca porque la Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto de Castro y la Audiencia Provincial de Baleares lo estimó al entender que no había ningún indicio de criminalidad contra la Infanta. Sin embargo, dejó la puerta abierta al instructor. Si encontraba pruebas de delito fiscal o blanqueo podría intentarlo de nuevo. Desde entonces, el juez ha puesto su lupa en buscar nuevas pruebas que la incriminen, con la posición totalmente encontrada del Ministerio Público. Una vez que ha creído que las ha conseguido, ha vuelto a preguntar a las partes del proceso su postura sobre una nueva imputación. Sólo la acusación representada por Manos Limpias le ha pedido que lo haga, un paso que podría dar en los próximos días, según fuentes conocedoras del caso.

La posible imputación de la Infanta ha retrasado la finalización de la instrucción de la causa, en contra de los deseos de la propia Casa Real y del Gobierno, que creían que lo óptimo era que se juzgara lo más rápido posible a Urdangarin, en caso de ser el banquillo su destino final, y zanjar cuanto antes el asunto. Cada información publicada sobre el caso produce más desgaste a una institución ya de por sí dañada por los avatares del Monarca.

El caso de Luis, 'el Cabrón'

Junto a este asunto, el asunto que sin lugar a dudas ha puesto en un brete al Ejecutivo ha sido el caso Bárcenas, en el que se ha destapado una presunta contabilidad B "continuada en el tiempo", según ha señalado el propio juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Las últimas averiguaciones del instructor y la orden a la Policía de entrar en la sede del PP para recabar toda la documentación relacionada con el caso rompen la previsión del principal partido de dar carpetazo al protagonismo obtenido este último año por el extesorero de la formación.

También ha supuesto un quebradero de cabeza para el Ejecutivo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se ordenaba al Estado a liberar a la etarra Inés del Río, tirando por tierra la conocida como doctrina Parot que se había aplicado desde 2006 a los terroristas y presos más cruentos para obligarlos a permanecer treinta años en la cárcel al evitar reducir los beneficios penitenciarios. Estrasburgo entendió que esta norma violaba la Convención de Derechos Humanos, lo que ha forzado que los tribunales españoles hayan tenido que dejar en libertad a decenas de presos, entre ellos históricos etarras, violadores y asesinos. Esta decisión puso en pie de guerra a las víctimas del terrorismo, quienes reclamaron al Gobierno que evitara una salida masiva de presos etarras. A pesar de las promesas, no se ha podido parar la imagen de sesenta etarras puestos en la calle en los últimos dos meses.

Tampoco se ha quedado el Ejecutivo libre de conflictos diplomáticos por decisiones judiciales. La resolución de la Audiencia Nacional por la que se denegó la entrega del informático Hervé Falciani a las autoridades suizas, la orden de detención del expresidente chino por el genocidio tibetano o la operación contra la mafia china en España han obligado a Mariano Rajoy a dar explicaciones en el exterior. Concretamente, el asunto de Falciani ha sido especialmente sensible al estar en juego los intereses de varios países, entre ellos Estados Unidos. Este extrabajador del HSBC en Ginebra extrajo documentos de miles de ciudadanos con cuentas en Suiza. Después de apropiarse de esa información, huyó y llegó hasta España, donde fue detenido. La Audiencia Nacional estudió su caso y optó por no entregarlo a las autoridades helvéticas porque el delito por el que se le persigue, revelación del secreto bancario, no existe en nuestro Código Penal. Los nombres que pudieran salir en esa lista ponían especialmente nervioso al Gobierno, una información que por ahora sólo tiene Anticorrupción y el juez Ruz.

Corrupción en las filas socialistas y catalanas

En este escenario judicial son muy pocos los que quedan intocables. El partido socialista tiene su propia espada de Damocles con la juez Mercedes Alaya, que ha destapado el gran escándalo de corrupción del PSOE andaluz con el caso de los ERE. Se trata de una presunta trama en el seno de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Habría malversado fondos públicos durante una década, en la que Andalucía ha estado gobernada por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mediante un sistema que eludía los controles en los expedientes de regulación de empleo para "favorecer a familiares, amigos y personas del entorno" de "altos cargos de la Junta o el PSOE", según la juez. Entre los imputados, hay siete ex altos cargos de Empleo. Para este año, el caso podría acabar en el Tribunal Supremo y Alaya mantiene las sospechas sobre el expresidente.

Si la causa llegara al alto tribunal, los imputados se librarían de Alaya, que se ha convertido en un verdadero azote para los socialistas andaluces y sindicatos, principalmente para UGT, al que le puede estallar una auténtica crisis interna si la instructora comienza a tirar del hilo de las irregularidades cometidas.

El posible aterrizaje del asunto en el Supremo podría hacer cambiar el rumbo de la investigación al llegar a manos de un instructor distinto, que tendría que analizar e interpretar las pruebas de la causa. Al exministro José Blanco le fue bien el cambio. Una juez de Lugo envió la parte del caso Campeón que afectaba al dirigente socialista al ser este aforado. Se le investigaba por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias al favorecer a un amigo suyo en una adjudicación. El instructor del Supremo sí veía indicios de delito, pero la Sala de lo Penal entendió que no había pruebas que hicieran sospechar que Blanco forzó a ningún funcionario para favorecer al empresario y, por tanto, la investigación queda vacía de indicios, lo que provocó el archivo de la causa antes de llegar a juicio.

PP, PSOE y también CiU están bajo la lupa judicial. El caso Palau, pendiente de juicio, ha afectado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que habría sido receptora del pago de comisiones de Ferrovial a través del Palau de la Música a cambio de la concesión de obras públicas, como la Ciudad de la Justicia o la inconclusa línea 9 del metro de Barcelona. Tampoco a la familia Pujol se les augura un buen 2014. Oriol, exsecretario general de Convergència, está imputado por su implicación en una presunta trama que intentó amañar (sin éxito) un concurso para adjudicar estaciones de ITV en Cataluña. Y su hermano Jordi, ambos hijos del expresidente catalán, está siendo investigado en la Audiencia Nacional tras una denuncia de su examante, quien aseguró que le acompañaba en viajes en coche a Andorra con maletas llenas de dinero.

Este año que acaba de finalizar ha sido una auténtica olla a presión judicial. El estallido de escándalos ha sido una constante, aunque todo indica que 2014 va a seguir la misma trayectoria no sólo en casos de corrupción política, sino económica y bancaria. Son muchas las entidades que están siendo investigadas por su gestión fraudulenta. La causa más compleja por número de imputados y cantidad de documentación a analizar es la de Bankia, cuyo principal encausado es su expresidente y también exministro Rodrigo Rato. El ejemplo más extremo, pero no irreproducible en otros asuntos, fue el encarcelamiento del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Su ingreso en prisión –aunque actualmente está en libertad– fue un aviso a navegantes. Los banqueros y empresarios tampoco están a salvo, y si no que se lo digan al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que lleva en la cárcel desde diciembre de 2012.