La UE amenaza a la multinacional Tenneco para que no abandone Asturias por Rusia

El traslado de la multinacional norteamericana Tenneco de su planta de Gijón a Rusia no le está resultando muy cómoda a la empresa de amortiguadores. A las clásicas presiones de trabajadores e instituciones asturianas, hay que añadir la de la Comisión Europea que se ha posicionado en contra de esta deslocalización, a consecuencia de la guerra comercial que Moscú y Bruselas mantienen desde hace meses por los aranceles que el Gobierno de Putin ha instaurado a las empresas automovilísticas de Europa Occidental. Por el momento, las recomendaciones y sugerencia de la UE no han surtido ningún efecto entre los directivos de la antigua Monroe, que han insistidohasta la saciedad que su decisión ya ha sido tomada y es prácticamente irreversible.

Es muy infrecuente que la Comisión Europea se incline en un contencioso de deslocalización en el territorio comunitario contra los intereses de ninguna empresa. Pero en esta ocasión, concurre una circunstancia especial. Tenneco fabrica amortiguadores para conocidas empresas del sector automovilístico de toda Europa,que en este momento mantienen un litigio con Rusia por la puesta en marcha de arancelesa los productos del sector. Y esta conjunción de intereses, inicialmente, favorece a los más de 220 trabajadores de la empresa a los que les ha sido aplicado un expediente de regulación de empleo para laextinción de sus contratos.

Bruselas quiere tratar este asunto con cierto tacto, pero nodesea ceder en la guerra comercial que mantiene con Moscúdesde el pasado mes de octubre y aprovecha el paso dado por la multinacional para explicar a su directivos que la deslocalización supone un fortísimo riesgo para Tennecoque puede afectar a sus intereses económicos. Además del cierre de la factoría gijonesa, la empresa de amortiguadores ha prejubilado a la mitad de la plantilla de su fábrica en Bélgica y el comité de empresa está convencido de que en próximas fechas, la planta de Érmua será también desmantelada.

Junto a la Comisión Europea todas las instituciones asturianas están aunando fuerzas para doblegar la voluntad de la multinacional. El máximo responsable de su división europea, Michael Charlton, ha preferido no acudir a una reunión convocada por la Consejería de Industriadel Principado de Asturiasjunto a sindicatosy representantes municipales, temiendo sufrir una encerrona. Esa ausencia del representante empresarial irritó más todavía a los afectados que, después de una multitudinaria manifestación en Gijón a finales de octubre, han conseguido que todas las fuerzas políticas suscribieran un documento exigiendo la continuidad de la plantagijonesa. El Principado, por su parte, ha hecho varias gestiones para hacer cambiar de opinión a la compañía, recordando, incluso, que había recibido en concepto de ayudas más de 3 millones de euros y amenazando con adoptar medidas para la recuperación de este dinero, encaso de que la posición de Tenneco se mantenga invariable.

Los trabajadores, por su parte, además de las típicas movilizaciones que han venido llevando a cabo durante este tiempo permanecen en vigilia en las dependencias de la compañía para impedir que se lleven de la factoría maquinaria y otros enseres para las instalaciones de Rusia y han afirmado que pondrán toda la carne en el asador para que no abandone la planta gijonesa "ni un miserable tornillo".

Curiosamente, la mayor esperanza de los trabajadores estriba en el ámbito judicial. El comité de empresa recurrió elexpediente de regulación de empleo,basándose en irregularidades administrativas y legales ytiene la confianza de que una sentencia favorable podría hacer torcer el brazo a la multinacional, obligándola a partir de cero. Los más pesimistas, sin embargo, creen que ni con esas Tenneco alterará su propósito de irse porque tiene echadas sus cuentas y el balance de la deslocalización le es favorable.

Hay que ver, además, de qué manera la Unión Europea puede persuadir a la multinacional par dar marcha atrás, por cuanto no tiene competencias directas para obligar a la compañía a quedarse, si bien tiene mecanismos, más o menos influyentes, para incomodar su futuro, que es lo que quieren trabajadores, ayuntamiento de Gijón, Gobierno de Asturias y empresarios de la comunidad autónoma.