El Gobierno pone la Ley de Acción Exterior al servicio de los españoles que emigran

El Gobierno incluirá entre las labores de los consulados la atención preferente a los nuevos emigrantes que abandonan España en busca de nuevas oportunidades. El Partido Popular acaba de incluir en la Ley de Acción Exterior que se está tramitando en las Cortes una enmienda del PSOE (una de las poquísimas que ha aceptado al texto) destinada, en exclusiva, a la denominada ‘fuga de cerebros’. Fruto de este acuerdo, las oficinas consulares y las misiones diplomáticas deberán de gestionar y atender las demandas de este colectivo para ayudarlos a encontrar vivienda y trabajo y a aprender el idioma del país.

Nuestro país vuelve a ser tierra de emigrantes, como en el pasado, y esa realidad se impregna también en las leyes. PP y PSOE han introducido una disposición adicional a la Ley de Acción Exterior que modifica la estrategia de trabajo tradicional de las oficinas consulares. Oficinas que, hasta la fecha, no estaban acostumbradas a lidiar con una avalancha de españoles en busca de trabajo, hogar e información básica sobre cómo aprender el idioma o introducirse en el país.

“Es una reclamación que nos hemos encontrado cuando hemos hablado con diplomáticos, con los colectivos de españoles en el exterior o que incluso nos ha llegado desde las propias delegaciones de nuestro partido en otros países como Uruguay”, explica el diputado Juan Moscoso, portavoz de su grupo en la Comisión de Exteriores. “Los nuevos emigrantes necesitan servicios nuevos y los consulados estaban acostumbrados a dar apoyo a jubilados españoles que emigraron en los 70 o a turistas que tenían incidencias puntuales. Los nuevos emigrantes tienen nuevas necesidades. Es gente que llega y llama a las puertas del consulado buscando trabajo o pidiendo información sobre cómo gestionar un permiso de trabajo”.

El texto de la enmienda asumida por el PP señala textualmente, en este sentido, que “las misiones diplomáticas y oficinas consulares asumirán como uno de sus objetivos prioritarios laatención a los nuevos inmigrantes españolesespecialmente enaquellos países donde exista un mayor flujo de llegadas, con el fin de facilitar tanto su integración laboral y personal en el país de acogida como de, en la medida de lo posible, facilitar el regreso a España de aquellos emigrantes que deseen volver”.

La disposición adicional concreta estos servicios e insta a estos consulados a que adapten su horario de atención al público y sus canales de comunicación electrónicos para facilitar la integración de estos españoles en la cultura local. Para ello, en sus relaciones con el Gobierno y las distintas Administraciones del país donde radiquen, los consulados “realizarán una planificación sistemática de contactos y relacionesque aborden la situación laboral y social de este colectivo favoreciendo, entre otras medidas, su inclusión en programas de apoyo ya existentes o instando aquellas actuaciones que puedan favorecerles,relacionadas con vivienda, cursos de lenguas, oportunidades de trabajo”.

El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado miércoles a la Ley de Acción Exterior con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE, que hasta ahora se había opuesto a la norma y que ha cambiado el sentido de su voto gracias a las sugerencias recogidas en el texto por el Ejecutivo.

El punto más polémico de esta ley se centra en que emplaza a las comunidades a informar a Exteriores de sus viajes o a integrar sus oficinas en las embajadas de España para ahorrar costes y mejorar su eficacia. Precisamente, el artículo referido a la obligación de las comunidades autónomas de informar de sus viajes al Ministerio hizo saltar por los aires, el pasado miércoles, el principio de acuerdo al que se había llegado con CIU y PNV para que se rebajase algunos términos de la ley. La norma continuará ahora su trámite en el Senado.