La pareja del diplomático tendrá prioridad para trabajar en el destino de su cónyuge

Cónyuges yparejas de hecho de embajadores, cónsules y funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el exterior tendrán preferencia para ocupar puestos de trabajo en los mismos destinos de sus maridos, esposas o novios o novias oficiales. El Gobierno incluye la medida en la nueva ley de la acción y el servicio exterior a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en nombre de “la conciliación de la vida familiar y laboral”, pero también deja entrever la intención de ahorrar en gastos de desplazamiento y vivienda.

El proyecto de ley del servicio exterior empezó ayer su tramitación parlamentaria con un debate centrado en la decisión del Gobierno de poner orden en las competencias y limitar el despilfarro de fondos públicos de las autonomías en sus oficinas en el exterior, pero conlleva también un cambio de modelo en las representaciones diplomáticas españolas. El Ejecutivo quiere facilitar la salida al extranjero de los funcionarios y, al tiempo, que lo hagan en unidades familiares al completo.

A partir del próximo año, cuando la ley entre en vigor, los maridos, esposas, novios o novias de embajadores y cónsules que se desplacen a las residencias de las delegaciones diplomáticas y sean a su vez funcionarios podrán trabajar con contratos eventuales en el mismo sitio que los titulares de la plaza. Para evitar la discrecionalidad en la contratación, el texto establece que los aspirantes a ese tipo de relación laboral deberán cumplir con las exigencias establecidas para desempeñar el trabajo de turno. Pero tendrán preferencia sobre el resto de los funcionarios sin relación familiar con el desplazado.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aportado a la ley dos artículos enteros, el 58 y el 59, en los que se establece que “el Gobierno, mediante la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, fomentará la celebración de tratados internacionales que permitan el ejercicio de actividades remuneradas a los cónyuges o sus parejas de hecho que acompañen a los funcionarios en su destino en el exterior”.

Además, en el texto se detalla que los acompañantes “del personal funcionario o laboral al servicio de la Administración General del Estado o de sus organismos dependientes” que también trabajen para la Administración central “tendrán preferencia, en el caso de concurrencia con otros aspirantes y siempre que exista igualdad de méritos entre ellos, para la cobertura de puestos de trabajo ya existentes en la Administración General del Estado y sus organismos dependientes en el exterior”.

El proyecto de ley añade que en los casos de puestos cubiertos mediante contrato laboral, la duración de este contrato quedará supeditada a la permanencia del cónyuge o pareja de hecho en su destino en el exterior.

El Gobierno considera fundamental el apoyo a las familias de los funcionarios desplazados al extranjero y se compromete a “facilitar el acceso al conocimiento de idiomas y posibilidades de trabajo para sus cónyuges y parejas de hecho”. Deja para un posterior desarrollo reglamentario las ayudas destinadas a “proporcionar a sus hijos en edad escolar una educación de calidad comparable a la del sistema público español”. El mismo principio se aplica a la cobertura sanitaria.

En fuentes gubernamentales defienden las nuevas ventajas para familiares de todo el personal destinado en el exterior como una forma de asegurar el mejor desempeño de las funciones del titular, con el añadido de que permitirá aprovechar mejor residencias oficiales, dietas y ayudas para los traslados de esos mismos funcionarios. La teoría es que se ahorran fondos y se refuerza la dedicación de toda unidad familiar a la acción exterior. También sostienen en los mismos medios el hecho de que se recojan en una ley algunas de las reivindicaciones del cuerpo diplomático en materia de ayudas en educación y aprendizaje de idiomas a los hijos de los funcionarios desplazados al extranjero.