SE ROMPE EL ACUERDO CON PNV Y CIU

Las CCAA deberán informar a Madrid de todo viaje al exterior de sus altos cargos

Cuando el Gobierno parecía haber sumado a CIU y PNV a la primera Ley de Acción Exterior del Estado, el consenso saltó por los aíres

Foto: El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo. (EFE)
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo. (EFE)

Cuando el Gobierno parecía haber sumado a CIU y PNV a la primera Ley de Acción Exterior del Estado, el consenso saltó por los aíres. Y lo hizo ayer, con luz y taquígrafos, en una caótica comisión de Asuntos Exteriores en la que los portavoces nacionalistas y del PP pusieron de manifiesto que los acuerdos a los que habían llegado en las últimas horas quedaban rotos por una coletilla de última hora introducida por el PP al texto.

La mediación del ministro José Manuel García-Margallo e incluso del titular de Economía, Luis de Guindos, con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y el de CIU, Jordi Xuclà, había flexibilizado las condiciones de los viajes de los representantes de las comunidades autónomas al Exterior. El frágil acuerdo había permitido que las CCAA no tuvieran que informar al Gobierno por adelantado de sus viajes dentro de la Unión Europea y que, cuando sí tuvieran que hacerlo, esta condición sólo fuera aplicable a los viajes de los presidentes autonómicos y de sus consejeros. No, como figura en la ley, de todos los altos cargos (directores generales y demás miembros de la Administración) o incluso de los parlamentarios regionales que viajan al exterior por motivos diplomáticos.

El acuerdo, al que se había sumado también el PSOE, reconocía que “no existirá obligación de información en el caso de que (los viajes) se realicen en el marco del Derecho Comunitario”. Así había quedado recogido en una enmienda transaccional propuesta por el PP que, sin embargo, añadía otra coletilla no negociada con los nacionalistas y que les pilló por sorpresa en mitad de la última tramitación parlamentaria. Ese añadido establecía que se “mantendrá actualizado un registro público de los datos concernientes a dichos viajes y visitas” de las CCAA. Esteban, del PNV, lo calificó como una nueva vuelta de tuerca para “querer controlar todos los movimientos de las comunidades autónomas” y con ello, añadió, “no aporta nada y sirve para tocar las narices y dificultar el pacto con los grupos políticos”.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban (d). (EFE)
El portavoz del PNV, Aitor Esteban (d). (EFE)
Por nimio que pudiera parecer, ese 'cromo' de última hora, como lo definió Esteban en una discusión apartada con el portavoz del PP, José María Beneyto, embrolló todo el debate de la tarde. Hay que recordar que el propio Esteban había conseguido el plácet de De Guindos, el que más se oponía internamente en el Gobierno, para que esos viajes pudieran ser más flexibles cuando se hicieran dentro de la Unión Europea.

“Esto nos coloca en el disparadero con respecto a la ley”, añadió Esteban. “La tramitación se parece a una montaña rusa. Cuando pensaba que había pactado aspectos claves después de habernos dejado muchos pelos en la gatera, esto se nos viene abajo”, añadió en su turno final de posiciones. CIU, por su parte, confió en que el escollo pueda ser superado en el Senado con una nueva redacción del artículo cinco de la ley que permita flexibilizar esas condiciones impuestas a los presidentes autonómicos y sus séquitos. Para Xuclà carece de sentido que, por ejemplo, 1.260 parlamentarios regionales tengan que informar a Exteriores cada que viajan fuera por razones de acción exterior. Para el PSOE, según explicó su portavoz en la materia, Álex Sáez, esta condición debería ser eliminada porque introduce un elemento de desconfianza que no debería existir en las relaciones entre el Gobierno y las comunidades.

Roto el consenso, el PP no pudo sacar adelante su texto transaccionado ni proponer una enmienda alternativa que pudiera ser apoyada en otros términos por los nacionalistas. La ley sale, por lo tanto, en dirección al Senado en sus términos iniciales y con la obligación de que todas las comunidades autónomas informen al detalle de todos sus desplazamientos dentro y fuera de la Unión Europea.

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