Sólo Madrid y Barcelona podrán tener más de 25 concejales tras la reforma local

La reforma de la Administración local, el principal proyecto legislativo del Gobierno para este periodo de sesiones, llega hoy al Consejo de Ministros después de que los alcaldes del PP y del PSOE pararan el primer proyecto del Ejecutivo el verano pasado. Según fuentes gubernamentales, se mantiene lo esencial de aquel primer borrador: las medidas para ahorrar basadas en la agrupación de servicios municipales en las Diputaciones y la clarificación de competencias para evitar duplicidades. También habrá recortes en el número de concejales, asesores y consejeros de empresas municipales, además de rebajas en el sueldo de los alcaldes. Los grandes municipios perderán entre el 20 y el 25 por ciento de los cargos políticos.

Después de cuatro meses de negociaciones con la Federación Española de Municipios y con el PSOE (rotas desde diciembre), más otro para poner de acuerdo a los distintos ministerios afectados por la reforma, en fuentes gubernamentales confirmaron anoche que la reforma se aprobará en el Consejo de Ministros como informe para enviar a los órganos constitucionales consultivos.

Los cambios en la ley de régimen local, y posteriormente en la ley electoral, supondrán una reducción sustancial en el aparato político de los ayuntamientos con el fin de adecuar su funcionamiento a las nuevas realidades de unos presupuestos más reducidos y a una población que tiende a concentrarse en las grandes ciudades. En España todavía hay 8.117 municipios, la mayoría muy pequeños y cada vez con más problemas para prestar servicios. 

La reforma más importante consistirá en que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no puedan prestar esos servicios a los ciudadanos a un coste razonable medio según los baremos que se estipulen, tendrán que ceder esas funciones a la institución local superior: mancomunidad, cabildo o diputación provincial.

Además, la nueva ley establecerá una división clara entre lo que son las competencias de cada ámbito de la Administración y un periodo para el trasvase de medios, edificios y funcionarios entre ellas para acabar de una vez por todas con las duplicidades en prestaciones sanitarias, educación, seguridad o dependencia.

Esos dos aspectos, la concentración de servicios y el reparto de competencias, son con los que el Gobierno aspira a lograr un mayor ahorro presupuestario, un mínimo de 3.500 millones de euros. El Ejecutivo acomete también un severo recorte de cargos políticos y de libre designación pese al rechazo de la Femp y del PSOE. No obstante, en la reforma se elimina un punto que sí estaba en el borrador original, el del pasado verano, que establecía la reducción en un 30 por ciento en el número de concejales, que ascendía en los últimos comicios a 68.462. Ahora el Gobierno se conforma con recortar casi en la misma proporción, pero en los ayuntamientos en que están ‘liberados’, es decir con salario público.

En el caso de las grandes ciudades se limitará el número de concejales a 25. Sólo cuando se supere el millón de habitantes (Madrid y Barcelona) se podrá rebasar esa cifra. Los municipios más grandes como Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga o Murcia (ahora entre 29 y 33 concejales electos, y entre 800.000 y 400.000 habitantes) perderán más de un 20 por ciento de cargos en su consistorio. Los mismos recortes o más se aplicarán a los asesores, demás cargos de libre designación con funciones ejecutivas, y también a los puestos de consejeros en las empresas del sector público municipal que sobrevivan a la reforma. La ley de estabilidad presupuestaria se aplicará en todos los niveles de la Administración local.

Como estaba anunciado, los sueldos de los alcaldes tendrán el tope de un secretario de Estado (70.000 euros brutos anuales de base), pero en medios del Gobierno mantienen la incógnita de si se aplicarán a esa cifra los complementos de destino o específico que se perciben para ese nivel en algunos ministerios (entre 13.000 y 21.000 euros más), con lo que la remuneración final se acerca a los 90.000. Sin embargo, aún quedan varios alcaldes con sueldos por encima de los 100.000 euros anuales.