El caso Bolinaga enfrenta a jueces, fiscales y Gobierno en una fuerte lucha de poder

El caso de Uribetxebarría Bolinaga está demostrando la lucha de poder entre jueces, fiscales, Gobierno, víctimas y verdugos. El último envite es el de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con Javier Zaragoza al frente, hacia el Gobierno y, por tanto, hacia el Fiscal General del Estado -el lazo entre el Ejecutivo y el Ministerio Público-,con su intención de recurrir la libertad condicional de María Uribetxebarría Bolinaga.

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía preparará lo largo de este fin de semana el recurso contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, de excarcelar al etarra por razones humanitarias, ya que sufre un cáncer irreversible aunque no se encuentre en estado terminal.

Desde un principio, la Fiscalía se ha opuesto a la salida de Uribetxebarría  al entender que su estado no es terminal y puede ser tratado por los servicios hospitalarios del centro penitenciario. Es más, el preso todavía no ha iniciado ningún tratamiento para paliar el cáncer, sesiones que comenzará la próxima semana.

La decisión de recurrir se opone al criterio no sólo del juez sino del Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, que le concedió el tercer grado como paso previo a su puesta en libertad. El recurso, que deberá presentarse antes del miércoles, paraliza la puesta en libertad del etarra hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva. Si no recurriera, el condenado por el secuestro de Ortega Lara quedaría la próxima semana libre. En su auto, De Castro rechaza la petición de la Fiscalía de mantenerle en prisión y responde que, en este caso no es decisivo el hecho de que Bolinaga no se haya arrepentido de sus crímenes, haya pedido perdón a las víctimas ni se haya desvinculado de la banda terrorista porque “los principios de humanidad y derecho a la dignidad de las personas tienen que predominar sobre cualquier otra consideración legal”.

Es decir, la Fiscalía se convierte en una china en el zapato del Ejecutivo, que ve cómo el asunto de Bolinaga va a irrumpir en la campaña de las elecciones vascas, adelantadas para el próximo mes de octubre. Entre que el Ministerio Público recurre y la Sección Primera de lo Penal, presidida por Fernando Grande-Marlaska, resuelve pueden pasar varias semanas. Si la Sala rechazara el recurso del fiscal, la imagen de Uribetxebarría Bolinaga saliendo por su propio pie del hospital o de la cárcel podría entrar en la campaña como un jarro de agua fría.

Uno de los ejes del recurso que prepara el Ministerio Público será el error del juez de no darle traslado del último informe de los oncólogos del Hospital Donostia que examinan al terrorista y que le pronostican una esperanza de vida inferior a los nueve meses. De Castro no hizo llegar al médico forense de la Audiencia Nacional ni a la Fiscalía este último parte médico por lo que no contaron con toda la información necesaria para emitir sus propios informes. En el caso que la Sala de lo Penal reconociera este error formal del juez, la puesta en libertad de Bolinaga se retrasaría todavía más hasta que el magistrado no subsanara el fallo.

Una vez que la Fiscalía recurra, la decisión final está en manos de Grande-Marlaska. Durante su etapa como juez central de instrucción, también en la Audiencia Nacional, este magistrado tomó decisiones muy duras contra la banda terrorista y su entorno. Sin embargo, ya como presidente de la Sala de lo Penal ha rechazado recursos de la Fiscalía en dos casos de libertad condicional de los etarras Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares. El fiscal Carlos Bautista solicitó al juez de Vigilancia Penitenciaria que le impusiera la obligación de alejarse del término municipal de Bilbao, donde residen los familiares de sus víctimas. Se trataba de los dos primeros reclusos de la banda acogidos a la denominada vía Nanclares, en la que se integran los etarras que renuncian a la violencia y que logran esta concesión tras beneficiarse del tercer grado penitenciario.

La Fiscalía argumentó que dados los “crímenes especialmente sangrientos” que en su día cometieron los dos presos arrepentidos deberían quedar limitados los lugares y las zonas donde se desarrolle su nueva “etapa vital”. Sin embargo, Grande-Marlaska rechazó los recursos tras valorar que los penados se han desvinculado de forma pública de ETA, han repudiado el uso de la violencia, han pedido perdón a sus víctimas y han manifestación la intención de abonar las indemnizaciones impuestas por sus crímenes.