Griñán se alía con Anticorrupción para frenar la investigación de los EREs falsos

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se ha aliado con la Fiscalía Anticorrupción para frenar la investigación de los EREs falsos. “Después de todo lo que se ha dicho, la postura de la Junta, del Consejo de Gobierno y de los servicios jurídicos coincide con la opinión de la Fiscalía”, resaltó Griñán.

Anticorrupción ha decidido recurrir el auto de la juez que exigía al Gobierno andaluz las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. Fuentes próximas al presidente Griñán celebraron ayer sin disimulo la medida de la Fiscalía. “Nos pareció indiscriminada y desmesurada la solicitud de los consejos de los últimos diez años”, indicaron estas fuentes tras asegurar que no se trata de miedo a la verdad, sino de “legalidad”.

“Es una buena noticia para el Gobierno andaluz. Lo que se quiere es una colaboración total con la justicia: ya se han entregado a la juez 150.000 folios. Sabemos que el recorrido será largo y requerirá de muchos autos”, subrayaron fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por  El Confidencial.

Como ya publicó este diario el 7 de abril el Ejecutivo socialista no tuvo más remedio que entregar las actas de los Consejos de Gobierno tras el requerimiento de Mercedes Alaya, la juez que acorrala a la Junta de Andalucía. Alaya no se fía y quiere evitar posibles “manipulaciones” de la Junta de Andalucía mientras continúan sus pesquisas judiciales. La Guardia Civil continúa custodiando esos documentos.

El Tribunal Supremo tendrá que decidir si la magistrada puede conocer las actas de los 480 Consejos de Gobiernos. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, niega en declaraciones a El Confidencial que exista un conflicto en este asunto. “La juez quiere saber si hay pruebas de delito. No sabe dónde están exactamente los acuerdos de los Consejos de Gobierno, que no son secretos oficiales”.

En los autos dictados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se requiere conocer el método de trabajo entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la actual IDEA y si Chaves y Griñán conocían los informes de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas andaluza.

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Alaya 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de reptiles de 647 millones de euros destapado por Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo.