La confirmación de Barberá a la alcaldía deja vía libre a Camps hacia la Generalitat

Cuando Rita Barberá anunció esta semana su intención de volver a presentarse a la alcaldía de Valencia por el Partido Popular terminó con las especulaciones que la situaban como candidata alternativa a Francisco Camps a la Generalitat Valenciana. En la sede oficial del Partido Popular en Madrid ya han decidido que las candidaturas las determinen los populares valencianos, de no mediar alguna nueva filtración en lo que queda por conocer del caso Gurtel. Rajoy cuenta para las elecciones generales de 2012 con el granero de votos que es para su partido la Comunidad Valenciana, para lo que necesita previamente arrasar en las autonómicas y municipales de 2011. Así las cosas y con Barberá centrada en la alcaldía y Alberto Fabra (alcalde de Castellón) como cortesano, solo queda Camps.

El PP de la Comunidad Valenciana se ha convertido en una isla en la organización de este partido, después de años en los que Camps y Rajoy mantuvieron unas muy buenas relaciones. El tancredimo exhibido por el presidente de la Generalitat tras conocerse la trama Gurtel irritó sobre manera a Génova,  y especialmente a María Dolores de Cospedal, que intervino directamente para cesar a Ricardo Costa, relacionado con Correa y El Bigotes en diferentes partes del sumario. El pulso Camps-Rajoy estuvo a punto de llevarse por delante al primero, empeñado en mantener a Costa a su lado hasta su claudicación.

En Génova están todos los días pendientes a cualquier desagradable sorpresa que pueda venir desde Valencia. La última: la denuncia por agresión sexual presentada por tres trabajadoras contra el secretario general de Radio Televisión Valenciana, Vicente Sanz. Aunque Sanz, un antiguo militante del PP y de la máxima confianza de Eduardo Zaplana y el propio Camps, fue cesado de inmediato, queda la percepción de que el PPCV es una jaula de despropósitos, ajenos a la gobernanza de la autonomía.

La penúltima, la declaración oficial del presidente de que en su cuenta corriente cuenta con poco más de 900 euros, a lo que habría que añadir las continuas rencillas entre el partido en Alicante, que comanda el zaplanista y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y la dirección regional.

El seno del gobierno autónomo tampoco está exento de tensiones. En el Consell, el vicepresidente económico, Gerardo Camps, ya ha manifestado en sucesivas ocasiones que el gobierno y el partido deberían presionar para conseguir la fusión de BANCAJA y la CAM antes de que esta última sea absorbida por Caja Madrid o se fusione con Murcia. Algo en lo que discrepan otros miembros del Consell y el propio president.

Ordenación del territorio

Pero donde aparecen las mayores diferencias es en la ordenación del territorio. El vicepresidente Juan Cotino mantiene su propia red y territorio al margen del partido. Y en las últimas semanas ha lanzado un órdago a otro poderoso conseller, Rafael Blasco, recién nombrado portavoz del PP en las Cortes Valencianas, a cuenta de las leyes urbanísticas que éste último dictó cuando era conseller de Obras Públicas y Urbanismo. Cotino quiere su propia ley ahora que manda en urbanismo.

Por ahora Camps no ha intervenido en ninguno de los conflictos, lo que lleva a miembros del propio Consell y a máximos dirigentes del PPCV a demandar una mayor implicación der Camps en la gestión diaria del gobierno autónomo, paralizado ante la gravedad económica y social de la Comunidad, con 560.000 parados censados y un caída vertiginosa del PIB.

Ante esta situación, el presidente valenciano repite el mismo discurso: Zapatero quiere destruir la Comunidad Valenciana y hay que estarse quieto mientras el PSOE hace campaña por el PP. Además, está convencido de que el valencianismo es del PP porque el PSOE se encuentra instalado “a las afueras de la política valenciana”. Por eso en Madrid han optado por dejar que la isla administre sus conflictos y no intervenir si no es en caso extremo. Camps sabe que es una carta de la que Rajoy no puede prescindir.