La ley de Aído sobre el aborto tampoco gusta a la izquierda: “Es insuficiente y regresiva”

Ni a izquierda, ni a derecha. La propuesta para una nueva ley del aborto, recientemente aprobada por el Gobierno, se ha mostrado incapaz de seducir a ningún espectro ideológico, incluido el propio PSOE, donde se escuchan diversas voces críticas con el texto. Pero lo más llamativo no es que se critique desde el lado conservador, sino que se haga desde la izquierda, los colectivos feministas y las clínicas abortivas. “El anteproyecto no sólo es muy insuficiente, sino que desprotege a las mujeres en grave riesgo para su salud”, afirman en un manifiesto medio centenar de asociaciones feministas, reunidas en la plataforma Mujeres ante el Congreso.

El PP, la Iglesia y las llamadas asociaciones pro vida han acaparado las críticas a la reforma de la legislación sobre el aborto, creando en la opinión pública la idea de una confrontación izquierda/derecha, a favor/en contra, pero la realidad es que el proyecto del Gobierno se va a enfrentar a la presión de los sectores más progresistas que exigen ampliar su contenido.  Un hecho que pone en duda la tesis de que los socialistas puedan usar el aborto para atraer votos en el caladero situado a su izquierda.

El colectivo feminista se ha movilizado a través de Internet, y amenaza con hacerlo en la calle, para exigir al Ejecutivo que modifique “su restrictiva propuesta”. Las asociaciones que conforman Mujeres ante el Congreso critican duramente el plazo de 14 semanas para abortar libremente por ser “claramente insuficiente”, y rechazan que se limite a la semana 22 la interrupción por grave riesgo para la salud de la madre. “¿Quiere que sus amigas, hermanas, hijas, madres o parejas arriesguen su salud gravemente por estar en la semana 23 de su embarazo y no en la 22?”, se preguntan.

En cuanto a los tres días de reflexión que la ley impondrá a las mujeres que deseen abortar, en los que recibirán información disuasoria basada en las ayudas del Estado a la maternidad, las asociaciones consideran que se trata de “un intento de tutelaje político sobre las mujeres y una negación de su autonomía para poder tomar decisiones”. Asimismo, temen que se mantenga la “inseguridad jurídica y la amenaza a la intimidad” al continuar como delito el aborto fuera de los plazos establecidos.

Tras ser aprobado el pasado jueves en el Consejo de Ministros, el anteproyecto debe pasar el filtro de la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, antes de regresar al Congreso. Allí, los grupos de izquierda, con los que el PSOE sumaría mayoría absoluta, pedirán una versión más audaz de la interrupción voluntaria del embarazo. Una presión que desvelará hasta donde está dispuesto a llegar José Luis Rodríguez Zapatero, que el lunes avaló personalmente una cuestión tan polémica como la autonomía de las menores de 16 años para abortar sin consentimiento paterno.

Debate en el Congreso

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, anunció que tratará de que se amplíe el plazo de las 14 semanas, se garantice su prestación en la red hospitalaria pública, y se regule la objeción de conciencia para los médicos que es niegan a practicar abortos. Algo similar a lo que sostienen ERC, ICV y BNG, que abogan por llegar incluso por superar las 20 semanas de gestación como límite para abortar.

Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo también apuestan por un plazo de 24 semanas, como sucede en Holanda, como plazo, alegando que los criterios científicos fijan ahí la viabilidad fetal, es decir, la supervivencia del feto fuera del útero materno. En la actualidad, la ley no permite el aborto libre, pero bajo el supuesto de daño físico o psíquico para la madre se pueden practicar interrupciones del embarazo sin ningún límite de tiempo, generando un espacio para la impunidad, así como de inseguridad jurídica para los verdaderos profesionales médicos.

Lo cierto es que el debate no ha hecho sino empezar, y promete prolongarse durante mucho tiempo, especialmente con el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. Es probable que cuando el Alto Tribunal se pronuncie, la sociedad ya haya emitido su propia sentencia.