El PP contraataca: pretende que el Congreso investigue a la Policía Judicial

La reciente imputación de dos cargos del PP en Madrid, Alfonso Bosch y Juan Carlos Celemente, y las conversaciones entre Francisco Camps y Álvaro Pérez, El Bigotes, han vuelto a estrechar la soga del ‘caso Gürtel’ en torno al Partido Popular. Sin embargo, los populares se disponen a responder con otro zarpazo a los autores de la investigación. El PP pretende que el Congreso de los Diputados investigue a la Brigada de la Policía Judicial para conocer su funcionamiento y su “debida adscripción orgánica y funcional”.

Una vez que el magistrado Baltasar Garzón ha cedido la instrucción de la operación Gürtel a los tribunales superiores de Madrid y Valencia, y que Mariano Fernández Bermejo ha dimitido como Ministro de Justicia, el PP ha puesto su objetivo en el tercer hombre de la polémica cacería: el máximo jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González.    

Para el PP, desde que González participó en la jornada cinegética con Garzón y Bermejo, en pleno estallido del ‘caso Gürtel’, su papel está “bastante en entredicho”. “Cuando se observa el papel que tiene en varios asuntos que afectan al PP, es por lo menos sospechoso”, manifestaron fuentes parlamentarias populares en referencia a la investigación de  la ‘operación Gürtel’ y de la supuesta trama de espionaje que sacudió a los primeros espadas del PP madrileño. 

Por ello, tratarán de que el Congreso apruebe mañana la creación de una subcomisión que estudie el trabajo de la Policía Judicial, y su nivel de dependencia con respecto al Ministerio del Interior. “Puede haber un problema de separación de poderes en el trabajo de la Policía Judicial”, indicaron fuentes del PP, partido que, desde que se conociera la trama encabezada por Francisco Correa, se ha defendido atacando a Garzón por su pasado socialista, y aludiendo a los supuestos intereses del Gobierno en desacreditar a su adversario electoral. En este sentido, los populares critican que se hayan “incrementado un 25% los puestos de libre designación”, de modo que “el 90% de los jefes policiales se nombran a dedo”.  

La moción que se presenta en el Congreso es consecuencia de una pregunta parlamentaria del popular Arturo García-Tizón sobre las “medidas a adoptar ante la alarma social”  creada tras casos como el de Bushi, el presunto agresor de José Luis Moreno, que fue liberado por error. Sin embargo, en el último punto del texto presentado para mejorar la seguridad ciudadana, el PP pretende colar el estudio de la Policía Judicial.  

JAG, el hombre de Rubalcaba

La controversia persigue a Juan Antonio González, hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba, desde que su nombre se viera públicamente implicado en denuncias y sumarios de torturas y asesinatos que nunca llegaron a confirmarse antes de ser premiado con la jefatura de la Policía Judicial. Asimismi, como Jefe Superior de la Policía en Murcia, se relacionó con Juan Antonio Roca, y el juez Miguel Ángel Torres lo vinculó a la ‘operación Malaya’ después de que sus iniciales, JAG, aparecieron en documentos incautados a Roca.

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, reclamó la destitución de González después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegurara que la Policía no colaboraba con la Fiscalía para ilegalizar las listas relacionadas con ETA, y que sólo respondía a las órdenes de Garzón.   

Por otra parte, los populares buscan que el Congreso obligue al Gobierno a elaborar un nuevo método para conocer con exactitud los datos de delincuencia. Desde el PP se sostiene que Rubalcaba ha cambiado el modelo estadístico para dar cuenta de la evolución de la criminalidad en los años 2007 y 2008. Un hecho que conlleva, a su juicio, que Rubalcaba pueda presumir de un descenso significativo de la delincuencia que no comparten otras instancias del Estado. La iniciativa recoge también la necesidad de incrementar las inversiones para dotar de medios suficientes a las Fuerzas de Seguridad del Estado.