La política no está bien pagada: los diputados se niegan a vivir exclusivamente de su escaño

Los diputados, sean del partido que sean, se niegan, por abrumadora mayoría, a vivir exclusivamente de la nómina del Congreso, pese a que la ley electoral les impone la dedicación absoluta a su trabajo parlamentario. No es que cobren un mal sueldo -entre 4.500 y 6.000 euros mensuales-, pero argumentan que sus colegas de la Unión Europea triplican o cuadruplican esa cantidad. Y, sobre todo, sostienen que, si abandonan por completo las actividades privadas que ejercían antes de dedicarse a la política, ¿cómo se ganarán la vida cuando dejen el hemiciclo?

Esa es la razón de que, aunque a regañadientes hayan aceptado la congelación de sus emolumentos en 2009 como gesto hacia los millones de ciudadanos castigados por la crisis, de puertas adentro se opongan rotundamente a cualquier iniciativa que pretenda endurecer su régimen de incompatibilidades y dar transparencia a sus actividades privadas. Unos porque su sueldo les llega "muy justo"; otros -sobre todo los de los grupos parlamentarios más pequeños, que tienen que multiplicarse para asistir a plenos, comisiones y ponencias- porque tienen que contratar asistentes y pagarlos de su bolsillo; y muchos más porque intuyen que su presencia en el hemiciclo tiene fecha de caducidad.

El pasado mes de noviembre arrancaron en el Congreso los trabajos de la subcomisión parlamentaria creada para estudiar la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Desde entonces, la subcomisión, presidida por el socialista Alfonso Guerra, ha debatido acerca del sistema de voto por correo de los españoles residentes en el extranjero, rechazando el voto en urna que reclamaba el PP para evitar fraudes. Y en los próximos meses abordará la regulación del sufragio de los inmigrantes en las elecciones municipales de 2011. Pero ningún grupo parlamentario ha planteado analizar siquiera la posible modificación de los artículos de la ley que establecen el laxo régimen de incompatibilidades de los diputados, que da lugar a abusos y frecuentes sospechas de colisión entre lo público y lo privado. "No se van a cambiar porque no le interesa a nadie. Así de claro", reconoce un diputado socialista.

Casos como el del diputado del PP José María Michavila, casi desaparecido en el Congreso pero volcado en sus múltiples ocupaciones extraparlamentarias, han provocado un profundo malestar incluso entre sus propios compañeros de partido, algunos de los cuales se muestran en privado muy críticos con el que fuera ministro de Justicia. "Es un caradura", asegura un veterano diputado popular. "Tenía que haber renunciado a su escaño en la pasada legislatura, cuando se instaló en Londres para trabajar en un bufete de abogados", añade otro más joven. "Su actitud nos hace mucho daño a los que trabajamos duro, que somos la mayoría", puntualiza una tercera.

Lo público y lo privado

"Un diputado se tiene que dedicar, básicamente, a ser diputado", afirma el portavoz de Iniciativa per Cataluña-Verds (IC-V) Joan Herrera, el único miembro del Congreso que ha planteado en diversas ocasiones la reforma de la ley electoral para limitar las actividades privadas de los parlamentarios y hacerlas más transparentes. Pero ninguna de sus propuestas ha salido adelante. "Como norma general nunca se deben mezclar los intereses públicos y los privados. Es una cuestión de calidad democrática. Pero también habría que mejorar las redes de protección social de los diputados, porque cuando abandonas la política no tienes derecho a cobrar el subsidio de desempleo, aunque hayas cotizado a la Seguridad Social durante años", añade Herrera.

La ley electoral es, aparentemente, muy clara al respecto. Dice (artículo 157.1) que los diputados ejercerán su mandato "en régimen de dedicación absoluta". Y añade que ese mandato es incompatible "con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma".

Pero esa supuesta firmeza se desmorona dos artículos más abajo (en el 159.3), al toparse con un catálogo de excepciones tan amplio y vago que, en la páctica, abre la puerta a cualquier actividad privada, siempre y cuando el interesado solicite permiso por escrito -un mero trámite, ya que siempre se concede- a la Comisión del Estatuto del Diputado.

"Endurecer el régimen de incompatibilidades presenta un serio inconveniente, y es que el Congreso se llenaría de políticos mediocres, porque ningún profesional brillante y prestigioso estaría dispuesto a renunciar a una actividad bien remunerada para dedicarse a la política y tener unos ingresos muy inferiores", señala un diputado de CiU. "Una alternativa podría ser exigir dedicación absoluta a cambio de un salario más elevado que compensara el abandono de la actividad privada, pero esa medida sería muy impopular, y más en los tiempos que corren", añade.

Un destacado dirigente de la Ejecutiva del PSOE que es también diputado redunda en la idea, compartida por muchos compañeros del hemiciclo pero que nadie se atreve a expresar en público, de que los políticos españoles, en general, están mal pagados. "Es evidente que éste no es el mejor momento para abordar ese debate, pero alguna vez habrá que hacerlo. Porque también se dan situaciones tan absurdas como que muchos presidentes de diputaciones provinciales, por ejemplo, ganen mucho más que el presidente del Gobierno. ¿En qué cabeza cabe eso?", se pregunta.