¿Cuántos 'michavilas' hay en el Congreso? Sólo el 10% de los diputados vive exclusivamente de su escaño

El caso del pluriempleado José María Michavila es, tal vez, el más llamativo del Congreso. Pero dista mucho de ser el único. De hecho, apenas 40 de los 350 diputados -poco más del 10% de los miembros del hemiciclo- viven exclusivamente de su escaño. El resto complementa sus ingresos parlamentarios -entre 4.500 y 6.500 euros mensuales- en bufetes jurídicos, aulas universitarias, asesorías fiscales, consejos de cajas de ahorro o empresas familiares. La Ley Electoral les exige dedicación exclusiva, así que cabe preguntarse: ¿violan la inmensa mayoría de los diputados la legislación que ellos mismos aprobaron?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, vigente desde 1985, parece muy clara al respecto: en su artículo 157.1 señala que los diputados ejercerán su mandato "en régimen de dedicación absoluta". Y, a renglón seguido, añade que ese mandato es incompatible "con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma".

¿Cómo es posible, entonces, que diputados como Michavila se salten impunemente ese régimen de dedicación absoluta? ¿Son cómplices el Grupo Parlamentario Popular, al que pertenece el ex ministro, y la propia institución que preside José Bono de esa flagrante violación del régimen de incompatibilidades? ¿Por qué se tolera el habitual absentismo laboral de un diputado mucho más diligente a la hora de atender sus múltiples actividades privadas, entre ellas un bufete de abogados, una asesoría que gestiona el patrimonio de familias adineradas, una fundación infantil o la representación de profesionales de la canción y el espectáculo, amén de la Ejecutiva de su partido?

La respuesta es tan sencilla -e irritante- como castiza: hecha la ley, hecha la trampa. Porque la misma ley orgánica que exige "dedicación absoluta" a sus señorías, incluye a continuación, en su artículo 159.3, un catálogo de excepciones tan amplio y laxo como para dar cabida, en la práctica, a cualquier actividad privada. El único requisito es que la Comisión del Estatuto del Diputado, previa solicitud del interesado, lo autorice. Y siempre lo autoriza.

Críticas privadas, silencios públicos

Es cierto que muchos diputados del PP -y de casi todos los grupos parlamentarios- critican en privado la actitud de Michavila. Entre ellos su compañero de filas Ángel Acebes, que hace unos meses abrió un despacho de abogados en Madrid -por ahora bastante modesto, según fuentes cercanas al ex número dos de Mariano Rajoy- y teme que el malestar provocado por la hiperactividad privada y la apatía parlamentaria de aquél acabe perjudicándole. Sin embargo, nadie se atreve a hacerlo en público: ¿quién va a lanzar piedras sobre su propio tejado? Los diputados españoles están entre los peor pagados de la Unión Europea, así que ignorar la ya de por sí ambigua Ley Electoral les permite adornar sus ingresos con unas cuantas decenas -o centenares, en algunos casos- de miles de euros.

Pero no es ésa la única contradicción de la Ley Electoral. Los 350 diputados están obligados a presentar, al inicio de cada legislatura, dos declaraciones: una que incluye las actividades remuneradas que desempeñan al margen del Congreso y otra que recoge todos sus bienes patrimoniales. Ambas declaraciones se archivan en un Registro de Intereses que, según el artículo 160.2 de la ley, "tendrá carácter público, a excepción de lo que se refiere a bienes patrimoniales". Sin embargo, ese registro no sólo se guarda bajo siete llaves -ningún ciudadano puede consultarlo-, sino que su contenido es opaco incluso para el Pleno de la Cámara: sólo los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado tienen acceso a él.

Por si fuera poco, las declaraciones de los diputados incorporadas al Registro de Intereses constituyen poco menos que una cuestión de fe, porque el Congreso carece de capacidad para comprobar la veracidad de los datos sobre actividades y bienes que aportan sus señorías. No obstante, la Comisión del Estatuto del Diputado suele pedir información complementaria a aquellos parlamentarios que, sobre el papel, no han aclarado suficientemente la naturaleza de sus ocupaciones privadas. Pero, en realidad, se trata de un mero trámite para cubrir el expediente.

En primer lugar porque no hay plazos que apremien a los diputados. Al inicio del anterior periodo de sesiones, el pasado mes de septiembre, el Congreso pidió a unos 70 diputados datos complementarios para aclarar sus actividades extraparlamentarias remuneradas. Pero a día de hoy, según han señalado a El Confidencial fuentes de la propia Comisión del Estatuto del Diputado, cerca de un tercio de ellos aún no ha entregado la documentación requerida. Y en segundo lugar porque, aunque la Ley Electoral contempla la posibilidad de que el Congreso fuerce la renuncia al escaño del diputado pillado en flagrante incompatibilidad, ningún miembro de la Cámara ha sido expulsado por ese motivo.

Los diputados también están obligados, en teoría, a comunicar al Congreso cualquier variación que se produzca a lo largo de la legislatura en la declaración de actividades formulada al inicio de la misma. El propio Michavila, según ha reconocido a este periódico el diputado del PP, informó en 2008 a la Comisión del Estatuto del Diputado que había constituido -un año antes- la firma Michavila y De Fernando Family Office, una boutique de banca privada dedicada a gestionar los patrimonios de familias ricas. Pero hasta la fecha, según el ex ministro de Justicia, la Comisión aún no le ha respondido. Y él, claro está, sigue gestionando esos patrimonios.